Tras pasar una semana de responder ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por la suspensión de la licitación para la fabricación de los pasaportes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, deberá hacer lo mismo este lunes ante la Comisión Segunda de Senado.
Este debate fue citado por los senadores Lidio Arturo García Turbay, del Partido Liberal, y Oscar Mauricio Giraldo Hernández, del Partido Conservador.
Durante su intervención en la Cámara, Murillo afirmó que la expedición de pasaportes en el país no está en riesgo y reconoció que la polémica derivada de la suspensión de la adjudicación del contrato a la firma Thomas Greg & Sons es una vergüenza para la Cancillería.
Asimismo, aseguró que la decisión de declarar desierto el proceso se dio porque no había condiciones “y al no darse las condiciones se tomó la decisión de declarar desierta esa licitación, generar un proceso de urgencia manifiesta para poder avanzar en la contratación y prestación de ese servicio”.
Sobre la actuación de José Antonio Salazar, exsecretario de la Cancillería, aseveró que tomó la decisión por un tema de confianza legítima de hacer unos cambios internos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos sacar a Salazar del cargo.
Por su parte, el exsecretario general de la Cancillería, desmintió al canciller Luis Gilberto Murillo, frente algunas declaraciones que se originaron después de que se conociera que se había adjudicado el contrato de licitación de pasaportes a Thomas Greg & Sons y su retiro del cargo.
Murillo afirmó que desde el 22 de febrero, el exsecretario tenía conocimiento de que se iba a ir de la Cancillería de Colombia y, aun así, otorgó el millonario contrato para la elaboración de pasaportes.
Frente a eso, en diálogo con Semana, Salazar expresó que “es totalmente falso, tanto, que el 22 de febrero es la fecha que tiene la Resolución 1344 por la cual él me ratificó la delegación”, y le hizo una grave advertencia a Murillo, pues según él, “no quieren cumplir”.
Finalmente, el exsecretario general de la Cancillería resaltó que no intervino en la elaboración del documento, pues se lo llevaron a la Secretaría General ya elaborado. “Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea”, precisó.