En medio de su paso por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud sigue presentando trabas. En este caso se debe a la revelación de que hay dos tutelas radicadas contra el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional. Una fue puesta en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, que vincula a un grupo de congresistas de esa célula legislativa, la cual podría detener el trámite de la iniciativa. La otra fue interpuesta por seis gobernadores del pueblo indígena Yukpa.
La primera fue confirmada por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien alegó en su cuenta de Twitter que ese requerimiento podría torpedear el debate en el Congreso: “A propósito de ‘tutela’ contra congresistas que deben tramitar reforma a la salud. El juez 9 civil de Cali se extralimita. No existe el “derecho fundamental a paralizar el Congreso”. Pido al Consejo Superior de la Judicatura tomar cartas en el asunto. Entre tanto, el Congreso puede y debe seguir adelante con el trámite de las leyes”.
Asimismo, la segunda tutela, interpuesta por los gobernadores indígenas que se ubican en la frontera entre Colombia y Venezuela, fue admitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la sesión cuarta del Consejo de Estado, en contra de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
La acción legal fue radicada por los sectores mencionados, al considerar que el haber recibido el proyecto de la reforma a la salud, sin consultar a su comunidad, viola los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
El alto tribunal, encargado de estudiar el requerimiento, señaló: “En el presente caso, en primer lugar, el despacho observa que la solicitud de amparo constitucional reúne las condiciones mínimas previstas en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual se dispondrá su admisión y que se realicen los correspondientes traslados con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción”.
En el documento, dado a conocer por la revista Semana, los gobernadores del pueblo Yukpa solicitaron que se extiendan medidas cautelares para que la reforma radicada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, sea retirada de su trámite en el Congreso de la República.
Sin embargo, esa petición fue negada: “No se accederá a la misma, por cuanto el despacho, de lo manifestado en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no encuentra acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que no se observa de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante que amerite la intervención necesaria y urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”.
Los argumentos de la acción legal también contienen las advertencias de diferentes entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como algunos reparos de congresistas, entre ellos la representante a la Cámara Martha Peralta, que anotan que la ministra Corcho no debe presentar la reforma a la salud hasta que no se agote el recurso de consulta.
No obstante, se puede deducir que esas alertas de varios departamentos públicos y algunos parlamentarios no fueron tenidos en cuenta, dado que la iniciativa del Gobierno ya está puesta sobre la mesa y tiene vía libre para ser discutida en el Legislativo.
Desde hace casi cuatro meses la comunidad Yukpa está alertando que el Ejecutivo no ha querido tener en cuenta sus opiniones frente a la reforma de la salud. De hecho, se dice que esta semana la Administración de Gustavo Petro ha convocado a varios grupos indígenas para hablar sobre el proyecto. Sin embargo, algunos miembros de esa comunidad indican que solo han escuchado a quienes apoyaron al mandatario en su aspiración a la Casa de Nariño.