Si el Gobierno Nacional modera el radicalismo que tienen, las reformas sociales tienen futuro”, dice el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, al hacer un balance de la legislatura que acaba de terminar.
El congresista, que fue clave para la aprobación del proyecto de ley pensional, afirma que todas las reformas sociales son necesarias, pero insiste en que no deben ser “radicalizadas por el Ejecutivo a su sola tendencia ideológica”.
¿Usted cree que el Gobierno va a insistir en proyectos polémicos tales como la reforma de la salud?
Creo que sí. El Gobierno no ha demostrado algo distinto desde que llegó; persiste e insiste en sus proyectos y yo creería que son proyectos que son buenos en la medida en que no destruyan lo construido, sino que ayuden a mejorarlo lo construido.
Un ejemplo, la reforma a la salud: es cierto que los municipios de categoría sexta no tienen centros de salud acordes para atender a los ciudadanos. Si la reforma viene en ese sentido, el Congreso la apoyará. Si crea un sistema en una ciudad capital, en donde ya tenemos las mejores atenciones, no. Si le merman un poco esas intenciones absolutas que tienen los proyectos, creo que el Congreso pudiera acompañarlos.
¿Y qué cree que pasará con la reforma laboral del Gobierno?
En la medida en que se nivelen los derechos entre los empresarios, los trabajadores y el desarrollo del país, creería que es factible apoyarla, como sucedió con la pensional, que acompañamos los liberales. Primero, no se permitió que el proyecto estuviera a merced de este ni de ningún Gobierno. Por eso, parte de los acuerdos a los que se llegó fue que no solamente la administración la tuviera el Banco de la República sino que hubiera unos miembros que no los escogiera el Presidente.
¿Y cree que la eventual presentación de la reforma a la justicia tendría fuerza, y la de educación?
La de educación me parece importante apoyarla, en la medida en que no perjudique al sector privado, que hoy le presta un gran servicio a la educación de este país. Hay que tener respeto por el sector público, fortalecerlo, porque atiende a la gente más necesitada, pero también para el sector privado, que ha ayudado a construir de las mejores universidades de Colombia y presta a veces más cobertura que la pública.
En el caso de la de justicia, lo único que siempre ha motivado que no salga es que se perjudique la autonomía de la justicia tanto presupuestal como en nominación.
El Congreso no se anima a eso, pues ya bastante presidencialista es el régimen que tenemos para no proteger un poder que ha sido límite del poder del Ejecutivo. Bastante débil está el Congreso, como para permitir que se debilite la justicia.
¿Pero cree que en este tercer año de sesiones del Congreso sí se podrán sacar las reformas sociales?
En la medida en que no sean radicalizadas por el Ejecutivo a su sola tendencia ideológica, sí. Creo que son necesarias todas las reformas para mejorar los sistemas básicos de atención y servicio a los colombianos, tales como educación y justicia. Sí hay concertación, tienen futuro sin importar los periodos legislativos. Cada periodo se vuelve, por supuesto, más duro, pero si el Gobierno modera el radicalismo que tienen, las reformas tienen futuro.
¿El liberalismo seguirá siendo partido de gobierno?
El partido ha actuado más que como Gobierno, independiente. En muchas ocasiones los parlamentarios en las comisiones (yo en la primera, el senador Pinto en la séptima) hemos sido contundentes. Se ha visto como un apoyo irrestricto, porque hay unas muy visibles, como la pensional, que se ayudaron, pero lo hicimos convencidos de la necesidad de acabar con los subsidios que hoy estamos dando y de que pudieran irse a personas menos necesitadas y eso nos ha hecho vernos más gobiernistas que independentes.
¿Cree que el Gobierno va a alcanzar de nuevo las mayorías tanto en Senado como en Cámara?
Como todo Gobierno, este siempre intenta tener mayorías, pero depende de la sensatez de las iniciativas, más que de la coalición que logren conformar. Ellos tienen siempre unos números fijos, los del Pacto Histórico, y hay otros sectores políticos, como liberal, la U y conservadores, que votan iniciativas en la medida en que tengan sensatez.
¿Qué esperan lograr para el Partido Liberal en la convención de este segundo semestre del año?
Es una discusión interna ideológica. Como todos sabemos, está el presidente Gaviria, que ha ayudado a construir muchos de los grandes temas que este Gobierno está discutiendo, como la seguridad social, las pensiones y la salud. Son cosas que necesariamente tenemos que discutir, que venimos defendiendo y que seguiremos defendiendo en la medida en que no se dañe lo construido. Esperamos poder tener un diálogo entre todos, que logremos sacar de común acuerdo la unidad del partido. Diferentes tendencias ideológicas existen, pero debemos discutirlas internamente.
¿Cree que es el momento del gran acuerdo nacional, del que volvió a hablar incluso el presidente Petro?
Ya es tarde. Es difícil. Creo que, más que construir un acuerdo sobre la gobernabilidad, hay que construir uno sobre las necesidades del país, y es claro que los que estemos allí, que no correspondemos al Pacto Histórico, queremos que sea con base en la moderación, en la institucionalidad, en el respeto por los demás. Y si es para estar allí, debiera ser en esas condiciones y también con una nueva forma de tratar el relacionamiento del Ejecutivo con las otras ramas del poder público.
¿En materia de agenda legislativa, qué va a presentar usted?
El 20 de julio vamos a presentar proyectos importantes. Por ejemplo, a usted hoy le cobran el rodamiento por los 365 días del año, pero no le dejan usar el carro todos los días. Vamos a cambiar esa proporción. Buscamos un beneficio total y acabar con una injusticia. Si bien el Estado puede imponer límites como ese, no puede cobrar como si no lo estuviera limitando.
Un proyecto más es que las estafas se están haciendo por cuentas de los bancos que no requieren biometría de identificación de los propietarios. Con un chip o una cédula que a veces no es ni siquiera de quién está haciendo uso de la cuenta, han terminado usando redes bancarias para extorsiones y hurtos. Vamos a exigir, a través de una ley, que la apertura de cualquier cuenta o uso de un producto financiero tenga que ser por biometría inicialmente, para saber quién utiliza ese canal y por ahí se pueda encontrar al delincuente que lo usó y los cómplices.