Unos 1.800 agentes del Estado han pedido acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc y que incluye tratamientos especiales, informó este miércoles el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

"Estos tratamientos especiales para los agentes del Estado: la renuncia a la persecución penal, el régimen de libertades, están condicionados a la existencia de un compromiso claro de sometimiento al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; así como a una contribución eficaz, visible con la satisfacción de las víctimas", dijo Villegas.

En una declaración en la Corte Constitucional en el debate sobre la sobre amnistía e indulto, el ministro también solicitó que los beneficios se mantengan para miembros de la Fuerza Pública, con el compromiso de que ellos contribuyan a los derechos a las víctimas.

Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y tendrá una vigencia de diez años una vez las salas y secciones comiencen a operar, y se podrá prorrogar por cinco años más.

Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad.

Las penas alternativas, de 5 a 8 años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra

Y, por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.