Al menos 113 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia el año pasado, mientras que en lo que va de 2019 se han denunciado 29 homicidios, según el informe anual de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre el país presentado este jueves en Bogotá.

El representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada, Alberto Brunori, afirmó durante la presentación del informe que se "registró con preocupación el homicidio de 110 defensores en 2018".

Señaló además que la cifra "no es completa" porque "crece a medida que se estudian a profundidad más casos pendientes" y puso como ejemplo tres reportes nuevos que recibieron hoy.

"Con respecto al 2019 hasta hoy hemos recibido denuncias de homicidios de 29 defensores de derechos humanos, de los cuales ya tenemos seis casos documentados", agregó Brunori.

Lea también: Instalan ruta de acción para la protección de líderes sociales en Colombia

En el informe, el organismo precisó que el 27 % de los asesinados eran defensores de pueblos indígenas (18 casos) o afrocolombianos (12).

Los homicidios ocurrieron en 24 de los 32 departamentos del país, principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, que concentraron el 37 % de los casos de 2018.

"El 93 % de homicidios a los cuales se le hizo seguimiento en 2018 ocurrieron en contextos regionales que registran una débil presencia del Estado y son también el resultado de retrasos con los acuerdos de paz, particularmente con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos", aseveró Brunori.

De igual forma el 66 % de los asesinatos de líderes sociales "estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal", así como con "los efectos de la violencia a niveles que afectan a la población en general" o el apoyo a la implementación del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.

Los presuntos autores de los homicidios son antiguos miembros de bandas paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal (18 %), personas por determinar (17 %), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 8 %; excombatientes de las Farc (8 %), la Fuerza Pública (5 %) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), con el 4 %.

De los 113 líderes asesinados, nueve eran mujeres y la mayoría de esos homicidios se cometieron en municipios en los que existe un "alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género".

Por otra parte, Brunori denunció que en 2018 hubo once casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales seis fueron cometidas, al parecer, por la Policía y cinco por el Ejército.

Esos casos ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander y las causas, según la ONU, pueden ser "la falta de mando y control por parte de los comandantes respectivos, así como la ausencia de disciplina táctica y de seguimiento de protocolos establecidos para el uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales".

En Arauca y Norte de Santander, ambos fronterizos con Venezuela, se han registrado casos por tercer año consecutivo, agregó la información.

En Colombia se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros durante el conflicto armado y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La ONU informó en 2011 de que se investigaban al menos 3.000 "falsos positivos" en una práctica "sistemática", aunque estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4.200.

El año pasado la Fiscalía presentó 2.248 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del acuerdo de paz con las Farc.