Cinco años después de pasar de las armas a la política, ¿cuál es el balance para los ex-Farc?

El homenaje que un grupo de líderes de las antiguas Farc le hizo el pasado miércoles al ‘Mono Jojoy’, el jefe guerrillero muerto en 2010 que es recordado por liderar numerosos secuestros de uniformados y políticos, sembró la duda en muchos colombianos sobre si los excombatientes han aprendido realmente a vivir en paz.

La situación se presentó justo cuando se conmemoran cinco años de la firma de la primera versión del Acuerdo negociado en La Habana, que luego fue ajustado, tras la victoria del no en el plebiscito, y vuelto a firmar en el Teatro Colón, de Bogotá, en noviembre.

¿Cómo le ha ido a los exintegrantes de las Farc, la mayoría de ellos hoy agrupados en el Partido Comunes, haciendo política en medio de las condiciones en las que se comprometieron con la sociedad colombiana?

Según datos de la Misión de Observación Electoral, MOE, para las elecciones a la Cámara de Representantes del 2018 el entonces Partido Farc participó en cinco circunscripciones: Atlántico, Antioquia, Bogotá, Santander y Valle del Cauca, en las que alcanzó apenas 33.951 votos, los cuales no eran suficientes para obtener curules en esa corporación, en tanto que para el Senado obtuvieron 55.4000, que tampoco les alcanzaron.

Para muchos, esa fue una muestra del rechazo que tenían como movimiento armado ilegal por parte de los colombianos.

Sin embargo, gracias a lo pactado, el nuevo movimiento político asumió cuatro escaños en la Cámara de Representantes, de los cuales perdieron uno por cuenta de la silla vacía que se le aplicó a alias Jesús Santrich, desertor del Acuerdo de Paz. Y una cantidad igual de asientos mantienen en el Senado de la República.

Para las elecciones locales del 2019 el Partido de la Rosa, como también era conocido, participó en 24 municipios, 13 de manera individual y 11 por medio de coaliciones. Pero de nuevo no lograron ninguna victoria.
De hecho, los únicos exguerrilleros elegidos entonces Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado, y Edgardo Figueroa Ramírez, no participaron a nombre de las Farc. Torres ganó la Alcaldía de Turbaco, Bolívar, por la Colombia Humana, y Figueroa, la de Puerto Caicedo, Putumayo, por el Partido ASI.

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“Estos resultados evidencian que como organización política deben buscar mecanismos para propiciar diálogos con la ciudadanía para evidenciar un cambio de imagen frente a lo que se ve como una organización que dio un salto de la guerra a la política. Es una reacción normal de la ciudadanía. Apoyar el proceso de paz es una cosa, pero apoyar la representación política a través del voto de quienes hacen el proceso de paz es algo totalmente diferente”, manifiesta Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Para la politóloga, que este partido en un comienzo hubiese mantenido el nombre de la guerrilla que lo originó no contribuyó a mejorar su imagen, porque esa sigla no solo le recordaba al país el daño que le habían hecho, sino porque sus disidencias también lo siguieron utilizando.

Para Carlos Antonio Lozada, uno de los senadores de Comunes, la imagen que tiene su movimiento es producto de años de confrontación, pero, en su opinión, es posible cambiarla para convertirse en un factor político relevante.

“Hemos logrado hacernos a un espacio que poco a poco vamos a ir consolidando. Hemos tenido que enfrentar una situación muy compleja. Por un lado, la estigmatización que hay todavía en contra del partido, impulsada desde el mismo Gobierno. Tenemos también el tema de los asesinatos, que nos ha limitado ese accionar político”, expresó.

El congresista también afirmó que se les ha querido aislar desde diversos sectores, pero que aun así Comunes tiene presencia en 27 departamentos.

Para la directora de la MOE, la participación que ha tenido este partido en el Congreso ha generado gran incidencia en el control político, aunque existe una deuda en la equidad de género a su interior, que fue evidente desde la reincorporación realizada en el 2016, donde la entonces guerrilla evidenciaba unas jerarquías y una visión de poder patriarcal.

“En este momento hay unas divisiones muy fuertes dentro del partido, pero eso es normal cuando se llega a procesos democráticos. Es muy diferente cuando se hacen transiciones políticas debido a unos mandatos dados por la jerarquía que cuando entran al mundo de la democracia”, añade la experta.

Respecto a las divisiones que se han registrado al interior del partido, Lozada expresó que una cosa eran las estructuras político militares donde primaba la disciplina y la necesidad de jugarse la vida y, otra, el escenario de la política legal y abierta.

Y frente al rechazo generado por el homenaje al 'Mono Jojoy', Lozada dijo que “los colombianos nos tenemos que acostumbrar a que ese relato único de la historia ya no es posible. Hubo un Acuerdo de Paz que buscó integrar distintas visiones y sobre todo que miremos con respeto y comprensión las otras perspectivas”.

Sin embargo, para Barrios estos homenajes desconocen a las víctimas y alejan a la ciudadanía, lo que demuestra que se sigue manteniendo la misma desconexión de hace cinco años, cuando se firmó el primer Acuerdo de Paz.

El Acuerdo de Paz que se firmó el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, luego de más de cuatro años de negociaciones, se refrendó el 24 de noviembre siguiente en el Teatro Colón, de Bogotá, donde los guerrilleros se comprometieron a dejar las armas a cambio de promover sus ideas a través de la acción política.

Tras las negociaciones en La Habana, las Farc recibieron cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

Además, aceptaron someterse a la justicia transicional, impartida por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para aportar verdad sobre el conflicto y reparar a sus víctimas.

De acuerdo con el senador Lozada, el Partido Comunes no ha tenido las garantías suficientes para ejercer su actividad política, pues van más de 280 firmantes asesinados.

Cinco años después de que el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el primer Acuerdo de Paz que ponía fin a más de cinco décadas de conflicto armado en el país, la violencia sigue sin dejar de ser una realidad cotidiana para los colombianos.

Solo el pasado domingo el excombatiente Manuel Mena fue baleado en el barrio El Futuro, en Quibdó, Chocó, mientras que cinco líderes sociales: María Nancy Ramírez Pulgarín, José Luis Taicus, Jovanny Javier García, Dilio Bailarín y David Aricapa, fueron asesinados en diferentes hechos a lo largo del país el día siguiente.

De acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde 2016 han sido víctimas de homicidio 500 líderes sociales, de los cuales 52 ocurrieron este año.

De igual forma, según la Defensoría Nacional del Pueblo, 278 excombatientes han sido asesinados en 131 municipios de 23 departamentos.

También, reporta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 72 masacres en 2021, que han dejado como saldo 258 personas asesinadas especialmente en los departamentos del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.

Esto, dice esa entidad, se debe a un cambio en las lógicas de la guerra, debido a que los grupos armados en algunos casos se ocultan entre la población y andan en contingentes pequeños y no en grandes estructuras.

Además, al no contar con el control territorial ni el poder que tenían las Farc, algunos de esos actores han recurrido a demostrar su capacidad con el endurecimiento de muchas formas de control, asesinatos selectivos, desplazamientos y amenazas contra líderes.

Por ejemplo, el ELN, tiene presencia en 150 municipios del país y ha “asumido una estrategia defensiva de preservación de áreas de influencia, sin objetivo de toma del poder por las armas y sus acciones. Son atentados contra la infraestructura e instalaciones militares, sembrando minas antipersona y ocasionales emboscadas”, se asegura desde Indepaz.

Por su parte, las disidencias de las Farc al mando de ‘Gentil Duarte’ cuentan con nueve estructuras y aproximadamente 1700 hombres armados que hacen presencia permanente en zonas de 45 municipios, pero incursionan en otros para disputar territorios o mantener rutas de movilidad.

Este recrudecimiento de la violencia significa para Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, que de ninguna manera se cumplieron las promesas de garantías de seguridad incluidas en el Acuerdo de Paz y que se está ante un escenario complejo y con un balance negativo.

Esto principalmente porque en estos lugares no se construyó Estado: “No se trata solo de mandar las instituciones, se requiere construir legitimidad, y eso fue lo que faltó, construir Estado”, agrega el experto.

Por su parte, Camilo González Posso, director de Indepaz, añade que, tras la firma del Acuerdo de Paz, se sabía que estos territorios “iban a quedar con una inestabilidad y unos vacíos y el problema es que el Estado no llegó rápidamente y, cuando llegó, lo hizo más en plan de guerra que de ganar a la población”. En su opinión, en esos territorios ha avanzado más rápido el crecimiento de otros grupos ilegales que la respuesta del Estado.

Sin embargo, aclara que la Paz sí ha tenido efecto en la seguridad, ya que la violencia actualmente se concentra en 170 municipios, mientras que antes del Acuerdo de La Habana eran 350 las localidades afectadas.