La decisión que tomó la Corte Constitucional, de tumbar dos apartes de la vía rápida legislativa o el llamado 'fast track', podría cambiar el ritmo y el contenido de los proyectos, pero eso no significa que la implementación de los acuerdos firmados con las Farc se vaya a frustrar.

Así lo considera el director de Dejusticia, César Rodríguez, quien manifestó que esa decisión adoptada el pasado miércoles puede hacer que algunos de los proyectos más ambiciosos presentados por el Gobierno se hagan más difíciles en su trámite, ya que los congresistas podrían introducir modificaciones.

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"Eso no significa que la implementación se vaya a frustrar, se ve afectada probablemente en ritmo y en el contenido de algunas reformas, pero insisto en que eso no significa ni la terminación ni la frustración de la implementación del acuerdo de paz", señaló César Rodríguez.

El Director de Dejusticia explicó que la principal falla para que se cayeran estos decretos está enmarcada en el abuso que se le ha dado al mecanismo de fast track, ya que el gobierno lo ha utilizado en algunas ocasiones bien y en otras indebidamente para impulsar reformas.

“Lo hizo bien con la Justicia Especial para la Paz (JEP), y con la Ley de Amnistía, pero creo que estaba entendiendo de manera muy general y muy flexible la conexidad del acuerdo de paz con otros decretos y leyes, que son los que se han caído”, manifestó el jurista.

Por ahora, el mensaje es claro: "mantener la calma y buscar alternativas dentro del cauce que la Corte Constitucional ha determinado”, señaló Rodríguez, al explicar que buscar propuestas extremas, como una constituyente, que ya fue derrotada durante el proceso de paz, “no deberían florecer". 

Lo que si aclaró es que dentro de estas alternativas está buscar un acuerdo político en el Congreso de la República, “porque la decisión de la Corte no toca las mayorías ni los acuerdos políticos”, lo que podría resultar siendo un aspecto benéfico de la sentencia, “porque hasta ahora los partidos venían de una manera muy indisciplinada y muy al menudeo”.

“Ahora la respuesta debería ser un pacto político más disciplinado, público, que le de más legitimidad y el hecho de que se puedan introducir modificaciones hace que las leyes que salen de ahí tengan un aval más legitimo del Congreso mismo”, resaltó el jurista.

El asesor jurídico de las gobierno, Juan Carlos Henao, se pronunció en el mismo sentido, al señalar que “la decisión podrá alterar el trámite de lo que viene, pero no la sustancia de lo acordado ni lo que ya fue aprobado por el legislativo”.

“Es una decisión que en efecto no es la mejor noticia, pero no nos dejemos convencer de que es una catástrofe para el proceso de paz, como lo están diciendo algunos sectores políticos, quienes consideran que la Corte les dio la razón”, manifestó Henao.

Desde la presidencia de la República, el secretario general, Alfonso Prada, dijo que el Gobierno Nacional recibe con profundo respeto la sentencia de la Corte Constitucional y que no ven con preocupación el efecto de la sentencia porque confían plenamente en el Congreso.

Así mismo lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos, desde Washington, donde aseguró que “el Congreso tiene una gran responsabilidad y nosotros como gobierno también y esperamos seguir trabajando”, por lo que continuarán presentando los proyectos que permitan la implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC.