El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, le hace un llamado al Gobierno para que le permita participar en el proceso de entrega de caletas de las Farc y para que se inicie ya el cese bilateral del fuego con el ELN y no en unos meses, cuando llegue el papa Francisco al país a su visita apostólica.
En entrevista, revela que no se emitió una alerta temprana sobre varios defensores de Derechos Humanos, a pesar de un informe de riesgo entregado por esa entidad, que incluía el caso de Bernardo Cuero, asesinado el pasado 7 de junio. Así, ad portas de entregar otro informe, pide al Ministerio del Interior tomar riendas en el asunto y evitar nuevas tragedias.
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Más de 50 años después, las Farc entregaron sus armas. ¿Qué sigue?
Me parece que es importante para el país que las Farc hayan dejado siete mil armas, pero necesitamos saber rápidamente cuántas armas más nos van a entregar y en qué tiempos y en qué lugares. Eso le va a generar una tranquilidad a la comunidad internacional y a la sociedad. El siguiente paso es la ubicación de las caletas que el comandante Rodrigo Londoño anunció que iba a entregar. Es importante que nos digan pronto en dónde están y cuándo las van a entregar. Si es un mes, si son quince días, si son dos meses.
Usted ha dicho que la Defensoría quiere acompañar ese proceso de las caletas, ¿por qué?
Nos parece que es importante, no para ir a contar las armas, sino para que la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo esté en todas las regiones del país acompañando la entrega. Sabemos que no está en el protocolo ni en el Acuerdo de Paz, pero hay muchas cosas que tampoco están y le hacemos el llamado al Gobierno como la única organización de Derechos Humanos del Estado que está en el territorio.
El tema sí está atrasado, porque se certificaron 77 caletas extraídas, pero se habla de 900…
Cuando hablamos de 53 años de guerra, no estamos atrasados. La sociedad colombiana ha resistido 53 años, pero necesitamos tener claridad de la ubicación de las caletas, del número de explosivos y armas que tengan para dar tranquilidad a la sociedad colombiana de que el desarme de las Farc es real. Yo creo que el Acuerdo se está cumpliendo, no es un Acuerdo fácil. Los que hemos caminado las zonas verdales sabemos lo difícil del acceso. Lo más importante es la implementación y ahí tenemos que estar todos.
Pareciera que no hubiera suficiente emoción en el país por la dejación de armas, ¿lo percibe así?
No es fácil vender un proceso de paz, porque no es un producto comercial, no es una imagen visual corporativa, pero es mejor tener 7000 armas que tenerlas por ahí todavía caminando por los ríos, las veredas, los corregimientos donde están los campesinos y las comunidades indígenas que son, en un porcentaje muy alto, los que han sufrido la guerra.
¿Qué debe pasar con las zonas veredales ahora que no se sabe
si van a seguir como lugares permanentes para la guerrilla?
La Defensoría hará una visita en agosto o septiembre. Creo que las zonas veredales, por la inversión tan grande que hizo el Gobierno en ellas, deben permanecer como un espacio de estudio, lúdico, porque al lado hay comunidad y ahí hay lugares que se pueden utilizar luego como aulas.
El Gobierno ha hecho unas inversiones muy grandes en llevar infraestructura y servicios públicos y creo que eso no se debe arrasar, sino aprovechar.
¿Qué asistencia puede dar allí la Defensoría?
Hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea para atender con unidades móviles el manejo social, jurídico, de trabajo social y psicológico de combatientes, campesinos e indígenas, porque ahí vamos a tener una coyuntura grande. ¿Cómo atender a los combatientes? ¿Qué necesidades tienen? Más de uno no conoce la civilidad y ahí va a estar la Defensoría.
Jesús Santrich inició una huelga de hambre por supuestas demoras en el otorgamiento de libertades condicionales, ¿habrá apoyo jurídico para los presos de las Farc?
A través de la Dirección de Defensa Pública podemos, si el Gobierno y las Farc quieren, prestar nuestros servicios de abogados, que son 4.000, en su gran mayoría penalistas, para que atiendan estos casos y logremos que se cumpla el Acuerdo, que es lo importante. Si en el Acuerdo dice que todos los combatientes de las Farc que están en cárceles se deben ir a las Zonas Veredales, todo el Estado tiene que trabajar para que eso se cumpla. Estamos en disposición de ayudar.
¿Del Acuerdo, qué es lo más necesario de implementar?
De las cosas más importantes que no pueden volver a ocurrir en Colombia es un genocidio como el de la Unión Patriótica. Este país debe tener memoria. Por esa razón, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ya está funcionando y ahí es donde miramos, con el Fiscal y el Procurador, las plataformas de Derechos Humanos, en el contexto de las garantías de seguridad de los excombatientes de las Farc.
Nos hemos reunido cada 45 días, y cada lunes a las 8:00 de la mañana hay una Subcomisión que preside el Vicepresidente y analiza los casos que están generando algún problema.
¿Qué medidas se han adoptado para evitar más crímenes contra líderes sociales?
La Defensoría emitió en marzo un informe de riesgo que entregamos en los Montes de María, donde contamos la preocupación por la cifra de homicidios de líderes sociales.
Para ese momento eran 153 y hoy son 183. Ahí dijimos que había al menos 500 personas amenazadas y se lo entregamos al Gobierno, porque esa es la ruta metodológica, para que lo estudiara y emitiera la alerta temprana. Con preocupación, advertimos que el Ministro del Interior no emitió la alerta temprana. Si lo hubiera hecho podríamos pensar que el líder Bernardo Cuero, que estaba amenazado e incluido en nuestro informe, podría estar gozando de cabal salud. En ese informe dijimos que Víctor Castillo, de Tumaco, tenía un riesgo, nuestros índices nos decían que lo querían asesinar y lo asesinaron.
¿Aún sigue vigente ese informe?
Ya vamos con otro porque los problemas rurales de este país y de los defensores de Derechos Humanos son una de las principales preocupaciones de la Defensoría, no cesan las amenazas. Hoy todavía no sabemos por qué razón el Ministerio no emitió esa alerta.
¿Qué regiones le preocupan más?
Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y todo el Pacífico.
Si el Ministerio del Interior hubiera emitido la alerta, ¿qué mecanismos se hubieran activado?
De forma inmediata se activan mecanismos más expeditos y efectivos para controlar que estas personas tengan unas mejores garantías de seguridad, como un mejor esquema, un carro blindado, si es necesario, un chaleco antibalas. Estoy preocupado por una nueva amenaza, un panfleto (contra defensores de derechos humanos en Bogotá). Tenemos que hacer causa común para que no haya un crimen más.
¿Hay falta de voluntad política para evitarlos?
No creo. Lo que pasa es que el problema de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una construcción de sociedad. La paz, la guerra, la estigmatización, no son temas solo del Gobierno, de voluntad política, es la sociedad. En este país es pecado ser defensor de derechos humanos, es un pecado ser presidente de una acción comunal. Debemos, entre todos, rodear, para que no haya un homicidio más.
No puede haber un líder social más asesinado y, acogiendo una carta de unos profesores de la Universidad Nacional: no podemos estigmatizar a las personas que se dedican a defender los derechos humanos. Estos profesores y exalumnos pidieron que no los estigmaticen por el tema del Centro Comercial Andino y creo que a este país le falta cultura para no estigmatizar. El día que aprendamos a no estigmatizar este país será otro.
Usted ha insistido en pedir el cese el fuego bilateral con el ELN. ¿Por qué no esperar a que la negociación esté más adelantada, como pasó con las Farc?
Son dos estructuras militares y políticas diferentes. El ELN quiere, como lo dijo uno de sus comandantes, hacer el cese cuando venga el Papa. Colombia se merece un mayor respeto por parte del ELN, no puede ponernos a esperar dos meses más, en los cuales no sabemos cuántos asesinatos más habrá de policías, líderes sociales y defensores de derechos humanos. No tenemos por qué esperarlos. El cese bilateral tiene que ser inmediato.
Con las Farc el cese se dio primero por parte de la guerrilla, usaron un mecanismo de la sociedad civil, ese mecanismo verificó, funcionó y hubo el cese bilateral. Nosotros acogimos una propuesta de la Iglesia Católica, en el sentido de que lo hagamos ya.
Este proceso es diferente al de las Farc. Colombia no va a esperar los mismos seis años que esperó con esa guerrilla. El tiempo del ELN debe ser mucho más rápido. Aspiramos a que las cabezas del ELN y nuestro negociador Juan Camilo Restrepo allanen el camino a la paz a partir del 24 de julio, que empieza la siguiente rueda de diálogos.
¿Usted sí le ve al ELN voluntad de dejar la guerra?
Yo creo en la paz. Creo en los comandantes del ELN y en un muy buen negociador que tenemos, que es Juan Camilo Restrepo. Esas inteligencias deben llevarnos a no esperar dos meses más.
Pero el ELN sigue con los secuestros, con las voladuras…
La última oportunidad que tuvieron antes de esto fue en Maguncia, Alemania. Son muchos años, muchos oleoductos, los colombianos no tienen por qué esperar más al ELN.
Entendemos que es necesaria la paz y que con ellos no puede ser a cualquier precio, pero vamos a tener elecciones parlamentarias en marzo y presidenciales en mayo. El país no aguanta una extorsión más del ELN, un secuestro más, la sociedad está aburrida de esto.