La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP volvió a quedar en el ojo del huracán. Esta vez por cuenta de un fallo en el que se declaró amnistiable el atentado a la Escuela Superior de Guerra, ocurrido en Bogotá en el 2006 por parte de las Farc, y con el que se le quitó la calidad de víctima a los catorce militares que resultaron heridos en los hechos.
En el mismo fallo, el alto tribunal también amnistió a Marilú Rodríguez Baquero, conocida como la ‘Mata Hari’, y quien jugó un papel fundamental en la planeación del ataque.
Para la Jurisdicción, dicho atentado fue un acto de guerra que se enmarcó en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, ya que consideró a ese centro académico como un posible objetivo militar que se “presentó en el marco del conflicto armado colombiano, antes del 1 de diciembre de 2016”, fecha en la cual entró a regir el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc.
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La controversia
Los miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares fueron de los sectores que más rechazaron el fallo de la JEP, por considerar que este entidad se ha convertido en “inquisidora” de los uniformados, mientras que es “demasiado” flexible con los grupos terroristas.
John Marulanda, coronel (r) del Ejército y experto en seguridad, indicó que esta es “otra de las salidas en falso de la JEP”, ya que está desconociendo que la Escuela Superior de Guerra es un centro universitario y no un centro militar, por lo que está protegida por el DIH.
“La JEP también desconoció que la Escuela está rodeada por un sector residencial donde hay alojamientos de estudiantes y, además, que las Farc hicieron uso de un arma prohibida por el Protocolo de Kyoto, como lo fue el carro bomba que utilizaron para perpetrar el ataque”, indicó Marulanda.
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Por su parte, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), coincidió en que la Escuela Superior de Guerra no puede considerarse un objetivo militar porque es una institución educativa.
“Y, por eso, los miembros de las Fuerzas Militares tampoco vemos con “suficiente claridad” cuál es la sustentación jurídica para la determinación que tomó la JEP de quitarle la calidad de víctima a los militares que resultaron heridos en el ataque contra la Escuela de Guerra”.
Añadió que, a raíz de esta decisión, “hay unas organizaciones de víctimas de la Fuerza Pública que ya se están moviendo para interponer los recursos de ley que permitan la revisión de ese inexplicable fallo”.
Lo que dicen los expertos
Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, los militares que resultaron heridos en ese ataque de las Farc sí deben ser considerados por la JEP como víctimas del conflicto armado porque este acto terrorista “no se produjo en el curso de un combate”, sino que se cometió de sorpresa y cuando ellos no tenían “posibilidad de defenderse”.
“Por lo tanto, este ataque no puede ser catalogado como legítimo en el marco de una confrontación bélica. La guerra tiene unas perspectivas de protección de los Derechos Humanos y los militares también pueden ser afectados por crímenes de lesa humanidad y de guerra”, agregó el exmagistrado.
Entre tanto, el también abogado constitucionalista, Héctor Riveros, apoyó el fallo de la JEP, ya que, según él, el ataque perpetrado por las Farc contra la Escuela Superior de Guerra sí se enmarcó dentro del Derecho Internacional Humanitario.
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“En ese entonces estábamos en el marco de un conflicto armado y el DIH reconoce la posibilidad de que, mientras haya guerra, una persona puede atacar a los combatientes de la parte contraria”, sostuvo Riveros.
Lo mismo opinó el abogado Élmer Montaña, quien afirmó que el fallo tiene un sustento jurídico en las normas del DIH, pese a que entre la población civil ese tipo de ataques puedan considerarse como “monstruosos”: “Por fuera de la guerra ese atentado es una horror para la población. Sin embargo, a la luz del DIH, se cataloga como parte del conflicto armado”.
El acto terrorista
El ataque sucedió el 19 de octubre de 2006, cuando la Escuela Superior de Guerra, ubicada en el norte de Bogotá, fue blanco de un carro bomba por parte de la antigua guerrilla de las Farc.
En los hechos, una camioneta Ford Explorer modelo 1997 explotó al interior de ese centro militar, en el que resultaron 23 personas heridas, entre ellas 14 militares y 9 civiles.
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Marilú Rodríguez Baquero, conocida como la ‘Mata Hari’, fue la encargada de realizar las labores de inteligencia para facilitar el estallido del carro bomba, ya que se matriculó como estudiante en la Escuela, lo que le permitió obtener información clave en ese lugar y movilizarse libremente dentro del mismo.
Ramírez fue sentenciada en el 2015 a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.
No obstante, la JEP le otorgó la amnistía a la exguerrillera por considerar que el ataque se dio en el marco de la guerra. La Jurisdicción además tuvo en cuenta la colaboración de la mujer con la Justicia para esclarecer el atentado. Además, Ramírez deberá seguir aportando a la verdad plena y satisfactoria sobre los hechos que conozca del conflicto armado.