Filtraciones, rumores, vaticinios y hasta nerviosismo rodean el tema de las seis objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

Que la Corte Constitucional dijera que no se anticipará a la decisión del Congreso calmó en parte los ánimos, pero ahora todo esta en manos del Legislativo, que deberá aprobar o rechazar dichas objeciones antes del próximo 20 de junio, ya que la ley que las contiene fue expedida bajo el mecanismo del ‘fast track’.

Pero todo parece apuntar a que el Legislativo no se tomará todo ese tiempo. Eso sí, Alejandro Chacón, presidente de la Cámara, sostiene que se dará toda la discusión que sea necesaria, pero su homólogo en el Senado, Ernesto Macías, asegura que allí las objeciones se estudiarán en la misma sesión en la que sean votadas.

Lo cierto es que el debate en plenaria tendrá lugar después de que las comisiones especiales entreguen sus respectivos informes. Y claramente, la del Senado está más inclinada en favor de las objeciones, mientras que la de la Cámara tiene la orientación contraria.

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El secretario del Senado, Gregorio Eljach, precisa que dichos informes, que equivalen a la ponencia de una ley, deberán contener las posiciones de los congresistas, lo cual es especialmente importante en este caso, cuando se prevé que en ninguno de los dos casos habrá una posición unificada.

Cada corporación deberá aprobar o negar las reclamaciones con votación calificada, por tratarse de una ley estatutaria que obliga a tener la mitad más uno de los votos. 54 en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, cuando la ley se tramitó varios congresistas se declararon impedidos, lo que de seguro volverá a ocurrir. Uno de ellos fue Álvaro Uribe Vélez, quien, pese ser el principal defensor de las objeciones, no podrá votarlas. Igual le sucederá a María del Rosario Guerra, Paola Holguín y Honorio Enríquez, también senadores de la bancada del Centro Democrático.

Tampoco podrán votar los parlamentarios de Farc, debido a que la norma los beneficia directamente.

Así las cosas, las cuentas, cuando aún hay partidos que faltan por tomar posición frente al tema, inclinarían la balanza en contra de las objeciones. En el Senado se prevé que 45 votarían por acogerlas y 51 por negarlas. En la Cámara se negarían 82 votos contra 80.

Al cierre de esta edición, Cambio Radical mantenía la incertidumbre frente al proyecto, ya que el viernes, desde Valledupar, la bancada cuyo jefe natural es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, anunció que solo el 28 de marzo asumirán una postura.

Ese día van a escuchar al Fiscal General de Nación, a las presidentas de la Corte Constitucional, de la JEP y de la Sala Penal de la Corte Suprema, así como al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y a las ministras del Interior y de Justicia.

La postura de Cambio Radical obligaría a que las objeciones se empiecen a discutir en abril, si así lo determinan las mesas directivas, pero dependerá de que las comisiones especiales tengan el informe respectivo para cada plenaria, lo cual sucedería después de la primera semana de ese mes.

Para entonces, la atención legislativa estará en el Plan Nacional de Desarrollo, que demandó mucho esfuerzo del Gobierno para ser aprobado, con votación mínima, en su primer debate, por lo que las objeciones se abordarían después de Semana Santa, prácticamente en la última semana de abril.

Ahora, las dificultades que estas enfrenten podrían afectar también la discusión sobre las reformas constitucionales que propuso el presidente Duque para cambiar, entre otras cosas, el hecho de que la JEP asuma las investigaciones por casos de abuso sexual relacionados con el conflicto.

Dichas reformas tienen un trámite mucho más complejo. Deben ser aprobados en ocho debates, de los cuales los cuatro primeros deberían darse antes del 20 de junio, si es que se radican en esta legislatura, y los otros cuatro después del 20 de julio.

Así, el debate parlamentario alrededor de JEP apenas comienza.

El senador conservador David Barguil espera conseguir el respaldo político para tramitar algunas reformas relacionadas con el Acuerdo de Paz.