La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estableció que las víctimas de los llamados 'falsos positivos' entre 2002 y 2008 ascienden a por lo menos 6.402 personas, casi el triple de lo reportado por la Fiscalía al tribunal.
En un comunicado, el tribunal de justicia transicional indicó que seis territorios del país fueron priorizados en la primera fase de investigación del caso que indaga las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto
"Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas. Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal", ahondó la JEP.
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El tribunal estableció que el 66 % de las 6.402 víctimas de los 'falsos positivos' se concentró en diez departamentos, incluidos todos los territorios priorizados.
Los hallazgos se dieron en el marco de las investigaciones del caso 03 de la JEP, en el que se indaga sobre los 'falsos positivos' y ha sido denominado 'muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado'.
"Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa; el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, Sijuf; el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh; y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu, difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP", indicó el tribunal.
Sin embargo, añadió, "las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales indicaron el periodo de 2002 y 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78 % de la victimización histórica".
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Regiones priorizadas
La JEP también dio detalles de cómo avanzan los seis subcasos en cada una de las regiones priorizadas:
Antioquia
De acuerdo con la JEP, "registró el 25 % del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73 % de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013".
El tribunal añadió que priorizará los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño.
"Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados".
Costa Caribe
"El 7,3 % del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4 %", indica la JEP.
Añade que "la Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del batallón de Artillería No. 2 'La Popa'".
Norte de Santander
"Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo", explica el tribunal.
La JEP asegura que la Segunda División del Ejército, que tiene jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, está dentro de las cuatro divisiones de la institución militar que concentran cerca del 60 % de los casos.
"Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03", añadió.
Huila
"La Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso", indica la JEP.
Añade que "de un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9 % del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1 % del total presentado".
Casanare
"La Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes", denuncia el tribunal.
La JEP indicó que priorizará en esta zona la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008, correspondiente a 'falsos positivos' que habrían sido cometidos por miembros de la Brigada XVI.
Meta
"El Batallón de Infantería no. 21 'Batalla Pantano de Vargas', Bivar, presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo", dijo la JEP.
Las cifras de la Fiscalía
En el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación en 2018 a la JEP el ente referenció que entre 1988 y 2014 hubo 2.248 víctimas por cuenta de los 'falsos positivos'.
Por estos hechos el ente ha procesado a 5.626 personas, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.