Informe advierte sobre reincorporación e implementación del acuerdo de paz

Es importante que el nuevo Gobierno defina una estrategia clara de reincorporación de los excombatientes, apoyando a aquellos que se inclinan por la ruta individual y generando condiciones para quienes decidan hacerlo de manera colectiva.

Esa es una de las recomendaciones de un estudio que realizó la Fundación Ideas para la Paz, FIP, para analizar el deterioro de la seguridad en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

En él también se pone de presente que el acceso a la propiedad de tierras para el desarrollo de proyectos productivos y la generación de alternativas reales de ingresos continúan siendo tareas pendientes tanto en lo que respecta a los exguerrilleros como a las zonas donde tuvo mayor influencia el conflicto armado con las Farc.

El informe ‘Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local’ plantea que “de manera consistente” se encuentra que el abandono del proceso y la salida de los exguerrilleros de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, tienen como uno de sus móviles la falta de avances y la incertidumbre sobre lo que vendrá.

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“Esto ha aumentado la vulnerabilidad de los excombatientes y generado un contexto propicio para la formación de disidencias, así como el reclutamiento por parte de organizaciones armadas al margen de la ley”.

Es por ello que la investigación, que tomó como estudio de caso los deparmentos de Cauca y Arauca, así como las regiones del Catatumbo y el sur de Bolívar, sostiene que “es esencial que se desarrollen mecanismos diferenciados para garantizar la seguridad de los reincorporados en sus diferentes trayectorias”.

En el caso concreto del Cauca, donde se han implementado varias políticas definidas en el Acuerdo de Paz, ya que de hecho allí se instalaron cuatro ETCR y muchos de sus municipios están incluidos en los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estas “no muestran resultados en los tiempos que se anunciaron a las comunidades”.

Según el informe, ello se debe a la “baja capacidad operativa de las entidades a cargo, que cuentan con pocos recursos humanos y técnicos para dar cobertura y cumplimiento integral de las metas en territorio, así como del centralismo que limita su accionar”.

“ Los avances o el retroceso en los demás componentes del Acuerdo también influyen las condiciones de seguridad a nivel local. Por esto se requiere pasar de una mirada segmentada a una visión integrada, que articule los esfuerzos en el ámbito de la seguridad, con los espacios de participación a nivel local, la reincorporación de los excombatientes y la provisión de bienes públicos”, sugiere en consecuencia el informe divulgado ayer por la FIP.

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Para los investigadores, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es una “valiosa herramienta” para establecer prioridades, definir responsabilidades y orientar recursos. “También se requiere pensar en esquemas de coordinación de las entidades a nivel regional, con una institución que tenga la competencia para hacer el seguimiento, monitorear el cumplimiento de las metas y orientar los recursos”.

En aras de garantizar la seguridad de los excombatientes y la tranquilidad de departamentos como el Cauca, el estudio recomienda igualmente que se diseñe una estrategia de prevención del reclutamiento de los excombatientes de las Farc (incluyendo a los milicianos) “y una labor más activa para convocar e integrar a aquellos que han abandonado el proceso”, lo cual implica contar con mejor información sobre estas personas y los lugares a los que están retornando.

“Es importante tener un diagnóstico claro sobre la situación de seguridad de los ETCR, las zonas perimetrales y las comunidades cercanas, con el fin de reforzar los esquemas, disuadir los factores de riesgo y prevenir situaciones que puedan generar hechos de violencia”, agregan los expertos.

Sin embargo, dejan en claro que si bien el narcotráfico ha sido señalado como factor predominante de la activación de viejas y nuevas formas de violencia, las razones son más complejas.

Por eso, plantean que es necesario que el posconflicto se desarrolle desde una óptima local, dado que “la brecha entre los compromisos y discusiones a nivel central, y la situación de seguridad en los territorios, continúa siendo notable”.

En este departamento existen cuatro ETCR, en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Miranda y Patía.

Según el informe, estos son unos de los más impactados por el abandono de los excombatientes en proceso de reincorporación.

Buena parte de los que han abandonado los ETCR, manteniendo el espíritu colectivo del proceso, han conformado asentamientos en los municipios de Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Toribío, Jambaló, El Tambo, Argelia, Patía y Guapi.

Así, dice la FIP, el Cauca es el departamento con mayor cantidad de asentamientos y con bajas cifras de permanencia en los Espacios constituidos por el Acuerdo de Paz.

Según el seguimiento de prensa realizado por la FIP, desde 2016 hasta septiembre 13 de 2018, se han registrado 13 homicidios a excombatientes, una tentativa de homicidio y tres agresiones a familiares, asegura el estudio.

”Pero los excombatientes de las Farc no son los únicos afectados por actos violentos. Desde 2016, el Cauca es el departamento con las cifras más altas de homicidios a líderes sociales a nivel nacional, una afectación directa sobre los procesos organizativos, pero también sobre las comunidades que son objeto de intimidación”, agrega el informe.