La 'montaña rusa' de la paz: logros y retos del primer año de la firma de los acuerdos

“La implementación del acuerdo de paz es como una montaña rusa: donde Gobierno, Farc y la sociedad en general va en un vagón que tiene aceleres, vacíos, giros. Toda la gente grita pero nadie se escucha. Hay mucha pasión, pero el reto es seguir juntos porque si ese vagón se descarrila, todos nos estrellamos”.

Con esa metáfora, Borja Paladini Adell, experto en construcción de paz desde hace 20 y quien dirige el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, resume lo que ha sido el primer año de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, firmado el 24 de noviembre del 2016.

Dice que su rol —que además es de evaluar de manera independiente el proceso— es generar claridades e insumos que ayuden a entender mejor lo que está pasando en Colombia.

El País hace un balance de lo que ya se cumplió, lo que sigue empantanado, las crisis y los retos que le esperan al futuro político y social en el marco de esas 391 páginas del documento.

El fin del conflicto: Esta etapa empezó a correr desde el 24 de noviembre de 2016 cuando se firmó en el Teatro Colón el Acuerdo Final de Paz y comprende cinco etapas: cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y traslado a las zonas veredales transitorias (que terminó el 15 de agosto pasado); reincorporación social, económica y política; políticas de seguridad.

La primera parte de este punto, es la que, según el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se cumplió: Llegaron a las zonas siete mil exguerrilleros; fueron acreditados por el Gobierno cerca de 12.000 integrantes de Farc. Se entregaron 7200 armas de acompañamiento y 8994 se extrajeron de las caletas. En octubre pasado, Naciones Unidas entregó al Gobierno 69.034 kilos de material resultado de la destrucción de las armas.

Participación política: Este paso se dio porque la antigua guerrrilla de las Farc dejó las armas. Entonces, a finales de agosto los integrantes de esa organización hicieron el congreso constitutivo del partido y el pasado 1 de septiembre hicieron la presentación oficial de la Fuerza Alternativa del Común en la Plaza de Bolívar en Bogotá. El movimiento político es dirigido por Rodrigo Londoño Echeverri.

En el Congreso de la República se aprobó el Estatuto de la Oposición y después de varios meses de estudio en Cámara de Representantes y Senado, el jueves pasado quedaron aprobadas las 16 circunscripciones especiales de paz, para dos periodos legislativos (2018-2022) y (2022-2026) por las que solo podrán competir personas acreditadas por la Unidad Nacional de Víctimas como tales.

Justicia Especial para la Paz (JEP): Es la columna vertebral del Acuerdo de Paz porque debe garantizar la justicia, la verdad y dar garantías de no repetición. De su paso por este tribunal, depende la participación del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Las 51 personas que integran los tribunales y mesas directivas de la JEP ya están escogidas. Sin embargo, no han podido iniciar con sus labores debido a que la reglamentación no está lista. Esta debe ser aprobada por el Congreso de la República que lleva en discusiones el 1 de agosto. La primera semana de octubre se aprobó en primer debate, y desde entonces está en plenarias de Senado y Cámara. Falta de quórum, impedimentos de congresistas y cientos de proposiciones tienen estancado el debate.

Reincorporación social y económica: Se inició desde el pasado 15 de agosto. El reporte del Gobierno Nacional es que ya 11.455 de Farc tienen cuenta de ahorro donde se le consignan el 90 % del salario mínimo mensual durante dos años; 3840 personas están afiliadas a Colpensiones. También hay programas de alfabetización con el Ministerio de Educación, acompañamiento del Ministerio de Trabajo a 47 personas que trabajan en Ecomún. A 5200 excombatientes se les están dando cursos de economía solidaria e identificación de proyectos para estructurar las cooperativas.

Sin embargo, Pastor Alape, intengrante del Consejo Nacional de Reincorporación, asegura que todavía no hay disponibilidad de “ni siquiera un centímetro de tierras” para adelantar los proyectos.

El principal obstáculo en la implementación del Acuerdo Final de Paz está en el Congreso de la República.

A esa conclusión llegan muchos de los sectores sociales y políticos del país tras los hechos recientes en la Cámara de Representantes y Senado de la República.

Pero hablan de manera contundentes las cifras. De los trece proyectos de Ley y tres de actos legislativos que fueron radicados por el Gobierno Nacional desde el pasado mes de enero (16 iniciativas en total) solamente seis han sido aprobados: La participación de los seis integrantes de Voces de Paz como veedores de los debates en el Congreso; la ley de amnistía e indulto, la vía libre para que excombatientes puedan ser contratados para trabajar en la Unidad Nacional de Protección; las garantías de participación ciudadana; el monopolio exclusivo del Estado para el control de las armas y las circunscripciones especiales de paz.

“El acuerdo está lleno de planes y programas de cobertura nacional que deben impactar a los sectores que han sido más golpeados por el conflicto. Tienen que ver con infraestructura, condiciones materiales de vida en particular de las zonas rurales, pero los grandes temas ni siquiera han avanzado. La agenda está bastante atrasada”, dice Sergio Marín, integrante del Consejo directivo de Farc.

De los cinco puntos en los que se dividen los acuerdos, el punto 1 (Políticas de Desarrollo Rural) y que llegó al Congreso a través de cinco proyectos de ley, todos están en la gaveta, cuando son fundamentales para las iniciativas de campesinos y excombatientes.

Lea aquí: Dos miradas sobre el primer año de la firma de los acuerdos de paz

127  líderes campesinos han sido asesinados en el último año en el territorio nacional. Mientras el Gobierno asegura que no hay razones asociadas entre uno y otro caso; la Fuerza Alternativa del Común indica que muchas de las víctimas estaban defendiendo políticas de Estado.

Garantizar la integridad y la seguridad de las víctimas y quienes fueron sus victimarios; descentralizar el poder; gobernar desde los territorios y desescalar el lenguaje son, tal vez, los retos más importantes que tiene Colombia para lograr la adecuada implementación de la paz.

A esa conclusión llegan Manuel Torres Aguilar, del Centro de Resolución de Conflictos de la Unesco, y Juan Manuel Jiménez, del instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, quienes participaron en un foro de la Universidad del Valle sobre la evaluación del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las Farc.

Torres agrega que no puede olvidarse que es vital la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP): “Hay una realidad diversa dentro del Congreso de la República con opciones políticas distintas. El Gobierno tiene que hacer unos equilibrios políticos que están retrasando el proyecto porque hay determinadas fuerzas mas conservadoras que están poniendo muchas trabas legales a la implementación del acuerdo. Nadie dijo que esto iba a hacer fácil”.

Por su parte, Jiménez agrega que Colombia tiene una diversidad territorial, étnica y, una de las claves es gobernar más para los territorios y eso va a requerir una descentralización importante”.

Precisamente, Fabio Cardozo, secretario de Paz del Valle del Cauca, dice que el Estado debe transformarse porque fue concebido para la guerra, estructurado para la confrontación. “Debemos comprender que hoy toca innovar, construir institucionalidad para la paz y llegar a todos los rincones de los departamentos. Ya no hay excusa para llegar con el componente social”.

También es necesario que el país se acostumbre a la pluralidad política. “¿Hace cuánto Colombia no tiene un partido de izquierda. El último fue la Unión Patriótica y miren dónde quedó. El Estado debe garantizar no solo la integridad de las víctimas, sino también de los victimarios”, precisó el experto de la Universidad de Granada.

El rol de la prensa

“Los medios de comunicación tienen un papel muy importante qué jugar dando espacio a puntos de encuentros. No hay que olvidar a las víctimas que han sufrido las consecuencias perniciosas de 53 años de guerra, pero el hecho de que las Farc hayan dado un paso adelante y cambiado de manera importante su manera de percibir el mundo, es fundamental y hay que darle un voto de confianza”.

Así lo sostiene Juan Manuel Jiménez. Mientras que el investigador de la Unesco precisa que el lenguaje puede ser un instrumento de paz o de violencia: “Entiendo que es difícil que un exmiembro de las Farc que haya tenido delitos de sangre, alguien le pueda llamar asesino en un momento, pero tenemos que hacer el esfuerzo de controlar el lenguaje que genera más violencia. Al final los políticos y los medios tienen una responsabilidad enorme en procesos como este, o exacerban los odios o los enfrían”.

1. Con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se le midió el aceite al Gobierno y a las Farc en la primera etapa de la implementación del acuerdo de paz.

Después del 24 de noviembre, los entonces guerrilleros tenían 30 días para movilizarse por las diferentes trochas del país para llegar a los 26 puntos establecidos desde hacía casi un año. Sin embargo, las dificultades de transporte, así como la llegada de materiales para su construcción se convirtieron en el primer traspiés.

Las Farc terminaron llegando casi dos meses después de lo acordado y sus críticas fueron vehementes porque primero se terminó el plazo de los seis meses que debían durar las zonas antes de que el Gobierno concluyera las construcciones. Mientras, el entonces Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, aseguraba que los jefes de la guerrilla estaban haciendo exigencias imposibles de cumplir, como construir gimnasios y baños con enchapes lujosos.

Incluso, el informe final del Mecanismo de Monitoreo y Verificación conformado por Gobierno, Farc y Naciones Unidas, precisa que solo 5 de las 26 zonas quedaron totalmente construidas. Esta situación hizo que prácticamente todo el calendario se corriera.

2. En diciembre pasado se aprobó en el Congreso de la República la Ley de Amnistía. Sin embargo, de los 3400 hombres y mujeres presos de las Farc, aún siguen en las diferentes cárceles del país cerca de mil personas.
Esta situación calificada de “incumplimiento” hizo que a mediados de junio pasado, 1787 exguerrilleros en 28 cárceles colombianas decidieran iniciar una huelga de hambre de la que participó incluso, ‘Jesús Santrich’, integrante de Farc.

El Gobierno, en su momento explicó que la decisión de liberar prisioneros se salía de sus manos porque la potestad la tiene cada uno de los jueces encargados de los procesos.

3,3 millones de dólares se necesitan recaudar por parte de cooperación internacional para asegurar durante los próximos cinco años la implementación de los diferentes proyectos de los que depende la implementación de los

El 6 % de las siete mil personas que pertenecieron a la guerrilla de las Farc y dejaron las armas ya regresaron a la ilegalidad y estarían en más de 40 municipios del país.

Así lo asegura el Ministerio de Defensa Nacional, mientras que la Agencia Nacional de Reincorporación precisa que otros grupos armados les están ofreciendo hasta $2 millones como salario a quien retome el camino violento y “tenga entre 10 y 20 de experiencia”. Para quienes fueron comandantes, la propuesta económica se eleva. Esta situación es cuestionada por las Farc que asegura que los incumplimientos sociales y económicos del Gobierno han empujado a muchos excombatientes a la criminalidad.

“En la guerrilla todo estaba solucionado. No teníamos que preocuparnos por qué íbamos al comer al desayuno, teníamos salud, capacitaciones, seguridad. Ahora todo es una incertidumbre. Lo que estamos tratando de hacer es emprender iniciativas propias para que la gente esté ocupada”, dice Luis Alberto Albán o Marco Calarcá, candidato de Farc a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.