El doctor Alan Jara es una persona muy reconocida, ha sido víctima y ha sido un gran promotor de los derechos de las víctimas” dijo el presidente Juan Manuel Santos a mediados de abril de 2016, cuando posesionó como director de la Unidad de Víctimas al exgobernador del Meta, quien en diálogo con Colprensa habla del fin de las Farc como grupo armado y lo que esto significa para quienes han sufrido los estragos del conflicto armado.
¿Qué sigue tras el desarme de las Farc?
Ya sufrimos los horrores de la guerra. Es el momento para que podamos gozar de las bondades de la paz. Es un hito también, pues esta nueva Colombia nos va a permitir acceder a otras circunstancias a las que no podríamos llegar sin la paz; a la verdad y a responder las dudas acerca de qué pasó, por qué y dónde está algún ser querido. Estas preguntas y respuestas son la esencia de la reconciliación.
¿Cómo se ven las víctimas en este escenario de posconflicto?
De los ocho millones de víctimas que hay en Colombia, más de siete millones son población desplazada que en muchos casos no había podido retornar por el conflicto. Ahora se van a permitir los retornos y las reubicaciones, lo mismo que las reunificaciones familiares.
Contésteme como víctima, no como funcionario. ¿Cómo ve el proceso que se dio con las Farc?
La paz en los términos como se firmó tiene unos elementos muy importantes, como los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades. Lo que han hecho las Farc con las familias de los diputados del Valle, en Bojayá, en la Chinita, etc. Esos alcances solo los puede dimensionar una víctima. Para nosotros la paz es mucho más que el silencio de los fusiles, es realmente una gran oportunidad para la víctima y es la oportunidad de dar ese paso hacia la reconciliación.
El 27 de junio…
Ese día fue histórico, en la decisión de desarmarse, las Farc involucran directamente a las víctimas, pues también abre la esperanza y la ilusión el saber que las armas que fueron entregadas ya no generarán más víctimas. La gran tranquilidad, y más allá, la seguridad, la da el que las armas están en manos de Naciones Unidas. Esta es una garantía de no repetición.
¿La Unidad ha podido hacer presencia en las distintas regiones del país?
Indudablemente la decisión inicial de cese unilateral de cese el fuego, y después de hacerlo de manera bilateral, permitió que se fueran abriendo espacios para ir a sitios a donde no habíamos podido llegar. Pero más que eso, estas decisiones abrieron el espacio para las víctimas que por estar en algunos lugares no habían podido salir de allí a denunciar bien sea por temor o por otras razones.
Eran víctimas secuestradas por el temor…
Claro. Las bondad de la paz es poder hablar de cuántas vidas se han podido preservar, además hay que ver cuántas vidas se han podido retomar.
El Cerac habla de cerca de 2800 muertes que se evitaron desde el cese el fuego...
La vida es un don de Dios, y una vida que se salve permite afirmar que ese esfuerzo vale la pena. En Colombia estamos hablando de miles de muertes, a eso súmele las afectaciones por mutilaciones con minas, los secuestros, la violencia sexual, en fin. Con la terminación del conflicto podemos atender a los colombianos afectados. Las cifras dan cuenta de que uno de cada seis colombianos es víctima de la violencia, y eso es una población enorme, es la población de todo un país.
Habrá que reenfocar esfuerzos desde el Estado…
Ahora que el foco no estará, como lo estuvo mucho años, sobre el conflicto, se da la posibilidad de que nos enfoquemos en la reparación, así se construye la paz.
¿Qué porcentaje de víctimas se cree retornarían a sus territorios?
Ese es un proceso que apenas se está iniciando, no tenemos aún una cifra confiable sobre eso. Muchas familias, por lo extenso del conflicto, hicieron sus vidas en otros lugares, nunca pensaron en volver. Era inimaginable retornar a los lugares de donde fueron desplazados.
Muchas son las familias, las nuevas generaciones nacidas en el lugar adonde llegaron tras el desplazamiento. En Bogotá reside el mayor número de víctimas del país, 670.000. Son muchos los jóvenes que ya tienen su proyecto de vida acá y desconocen el lugar del que eran sus abuelos, etc.
¿Pero sí hay deseo de volver?
Con este giro que dio el país, se abre esa posibilidad, ya será una decisión voluntaria de las personas.
¿Cómo han manejado en la Unidad el tema de los ‘colados’?
Este tema no se puede desconocer, sí han sucedido hechos. Pero por orden de la Corte Constitucional el registro debe basarse en la buena fe, y solamente hechos contrarios a lo enunciado por una víctima ameritan su expulsión del sistema. El registro de la Unidad ha tenido auditorías de universidades como la de Harvard y no se ha evidenciado un gran problema. La invitación es a que las víctimas nos den a conocer ese tipo de casos. Lo importante es que quien sí haya sido víctima no se quede sin ser registrado y sin la ayuda respectiva.
¿De cuántos recursos estamos hablando?
Déjeme decirle primero que a los hechos victimizantes llegamos en menos de 48 horas, luego de que nos den el reporte. Esto representa una acción muy rápida. Allí hacemos la inscripción en el registro, la medición de carencias y de acuerdo al caso determinamos qué tipo de ayuda debe recibir. Al día de hoy hemos entregado ayudas por más de 3 billones de pesos en giros, esto es los seis años de existencia de la entidad. Lo que buscamos es garantizar el mínimo que debe tener una persona o una familia, siempre resguardando los dineros del Estado.
¿Cómo van con la indemnización administrativa?
Este es el paso siguiente. Tras entrar a operar la oferta social del Estado, se da esta figura de la indemnización administrativa, que es del orden de 40 salarios mínimos legales mensuales (cerca de $30 millones a 2017). Esta suma depende del hecho victimizante y del núcleo familiar. Para el caso de menores de edad, los recursos se van a una fiducia, la misma que reclaman cuando lleguen a la mayoría de edad. En indemnizaciones administrativas hemos entregado alrededor de 4 billones de pesos. Este monto se suma a los 3 billones de atención humanitaria.
Hay muchas víctimas que dicen no sentirse reparadas y cuestionan la Justicia Especial para la Paz (JEP)...
Hay que entender muchas cosas. La afectación ha sido mucha y durante muchos años no se había hecho nada. Aunque es muy grande el esfuerzo que el Estado ha hecho y está haciendo, son muchas las víctimas. Hay cerca de 6 millones de víctimas que son sujetos de indemnización administrativa; ahora, si hablamos de las 700.000 personas que han sido indemnizadas, se ve como un número menor al compararlo con el registro de víctimas, y se entiende que falta mucho por hacer. La Ley de Víctimas tiene apenas 6 años y el conflicto más de 50. Es más, la palabra víctimas no existía como una condición hasta hace unos años.
¿Eso explica la inconformidad?
Cuando se hacen las mediciones, quienes han recibido ayudas así lo expresan; y quienes no lo han sido, también lo expresan así. Una cosa es clara, y es que nunca podemos llegar a simplificar las cosas afirmando que una víctima es reparada con el pago de una indemnización. Los componentes de la reparación son mucho más profundos y de ellos hace parte la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, esta es la esencia.
¿Cuándo se estará al día con ese balance?
El país cambió totalmente desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y las prioridades deben ahora irse a la reconciliación, a construir la paz. Ahora se está mirando qué acciones deben darse para fortalecer esta política. Y para esto está el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, en el que más de 53 entidades del orden nacional están comprometidas. Este es un compromiso de Estado y debe involucrar a toda la sociedad. El Estado no puede y no debe estar solo en estos esfuerzos.
¿Qué hacer con las víctimas de grupos diferentes a las Farc, bandas criminales, ELN…?
Esta política fue concebida con la ley 1448 para víctimas exclusivamente del conflicto y aplica solo para las víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y de los agentes del Estado, siempre que sean actos en el marco del conflicto. Si con ‘exclusivamente’, vamos en ocho millones de víctimas, una acción más allá desbordaría la efectividad de la ley y de la política.
¿Se han reducido las cifras de afectados por el conflicto?
Sí, la disminución ha sido inmensa. Los números han bajado radicalmente. Hay que tener presente que el registro se cerró en junio de 2015 y hay que entender también que la atención sigue, es decir, a pesar de haberse cerrado, hay que seguir prestando atención a quienes entraron al registro de últimas. Esa es la razón por la cual al tomar el registro puede verse muy grande, pero es por el número de casos que se dieron en las fechas previas al plazo final.
¿Entonces ya nadie puede inscribirse?
Hay unas excepciones. Permanece abierto un subregistro para quienes por razones de peso no pudieron ingresar, hay casos en que mucha gente no pudo o le dio miedo declarar. Esto cobija a los connacionales que están fuera del país, por cuanto allí no se pudo hacer la misma divulgación.