“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está para que las Farc digan la verdad, ¿qué pasa que no nos dicen una verdad completa. Ellos están amparados por una Jurisdicción que se los exige para seguir el proceso”.
Estas fueron las palabras de Brigitte Hoyos, hija del diputado del Valle Jairo Javier Hoyos secuestrado y asesinado por la extinta guerrilla, en la audiencia regional de observaciones de las víctimas que adelantó la JEP en Cali.

El motivo de la cita, que se inició el lunes y terminó este martes y estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, fue el de escuchar a quienes han sufrido por el secuestro.

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“Serán escuchadas víctimas de secuestro con fines de financiamiento o con el fin de intercambio por guerrilleros presos”, anunció Lemaitre.

Algunos de los participantes relataron su experiencia durante los días de cautiverio y manifestaron que todavía hoy sufren graves consecuencias emocionales, económicas y de salud por haber sido privados de la libertad por el entonces grupo subversivo.

“Antes de mi secuestro, hombres armados llegaron a mi finca en Dagua, Tocotá, y estuvieron una noche completa esperándome. Días después estaba preparando un viaje a Buenaventura, saliendo con mi esposa y mis hijos y unas diez personas armadas estaban en la vía. Ahí yo emprendí ese calvario enorme, por una selva maluca, difícil. Llegamos casi al Chocó”, contó Mario Arboleda, una de las víctimas acreditadas ante el Caso 001 de la JEP.

“Rechazo esos crímenes contra los guerrilleros de las Farc que se han desarmado y ojalá que este país los proteja, porque cometieron errores y tienen derecho a reintegrarse”, concluyó Arboleda.

También compartió su testimonio Abel Nieves Velásquez, exalcalde del municipio de Florida, quien fue plagiado en 1998: “A los 26 días de posesionado, subí con dos concejales a la parte montañosa de Florida y en el corregimiento de Pueblo Nuevo fui interceptado por cuatro hombres civiles con pistolas”.

Algunos de los comparecientes le solicitaron a la Sala guardar su identidad por motivos de seguridad e incluso una de las peticiones recurrentes fue la del asilo político.

“Dije no más Colombia, es mi país, pero no aguanto más”, afirmó el empresario Julián Núñez, quien aseguró que, luego de ser secuestrado, siguió siendo extorsionado por las Farc y, tras la firma del Acuerdo de Paz, por las disidencias.

“Me he pasado 19 años pidiendo ayuda y denunciando lo que me pasó. Tengo 23 situaciones reportadas, denunciadas a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad de Víctimas. Nadie me escuchó”, reclamó Núñez y agregó que en las próximas semanas saldrá del país con su hijo de ocho años de edad.

Y es que otro de los ruegos más escuchados durante las dos jornadas fue el de que se les brinde mayor acompañamiento y reparación a las víctimas de este delito.

Por su parte, la hija del diputado Hoyos les solicitó a los excombatientes de las Farc ofrezcan una verdad “absoluta” y no a “medias” sobre lo que sucedió durante el conflicto armado y en especial sobre lo transcurrido en los cinco años de cautiverio de los asambleístas del Valle del Cauca que fueron asesinados por la entonces guerrilla.

“Realmente no hay verdad. Para mí, como hija, es difícil olvidar a mi papá. Yo lo voy a recordar toda la vida, voy a tenerlo presente, voy a seguírmelo soñando. A las Farc les falta mucha verdad, muchísima, es hora de que nos la digan, ya están en un proceso, aprovechénlo y ayúdennos a aliviarnos”, reclamó Briggite.

De igual forma, Gloria Narváez, hermana del diputado Juan Carlos Narváez, preguntó: “¿Qué va a pasar con las Farc, solo van a dar sus versiones y a reconocer sus responsabilidades y nada más? ¿Hasta ahí llegó todo el proceso de la JEP en el secuestro y asesinato en cautiverio de los diputados?”.

Ante ello, la magistrada Julieta Lemaitre respondió que el mandato que tienen como Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial es respecto a los máximos responsables de los secuestros, quienes, de reconocer los crímenes pasarían al Tribunal de Paz para recibir una sentencia de máximo ocho años de restricción efectiva de la libertad, según lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz.

“La posición de ellos (las Farc) es queriendo evadir algo, es como si quisieran dilatar este proceso”, insistió Bernardo Núñez, primo del diputado Edison Pérez Núñez, también víctima del entonces grupo armado que cometió el delito.

Sin embargo, no todos los familiares de los asambleístas del Valle asistieron a la audiencia realizada en Cali, puesto que no están de acuerdo con el procedimiento seguido en la actualidad por la Jurisdicción Especial de Paz.

“Estamos retrocediendo”

“Extrañamente vemos que lo que hicieron fue cambiar las reglas del juego, no realizaron la audiencia a la cual nos habían citado”.

Así se expresó Juan Camilo Sanclemente, abogado de varios familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc sobre la audiencia de la JEP en Cali.

De acuerdo con el apoderado, la Jurisdicción debía realizar la audiencia de aceptación de responsabilidad, en la que, como su nombre lo indica, los miembros del entonces secretariado de las Farc reconocieran o no su responsabilidad en el Caso No. 01: privaciones de la libertad.

“En lugar de avanzar, estamos retrocediendo en todo el procedimiento. Son audiencias donde solamente están las víctimas y no los comparecientes. Así no va a haber ninguna contradicción, ni ese principio del diálogo al que hace referencia la JEP, que es uno de los pilares que ellos tienen en cuenta al momento de la imputación”, explicó el abogado, agregando que las observaciones de las víctimas ya se habían presentado ante la Jurisdicción.