"No habrá colados en nuestros listados": Farc

Luego de la denuncia sobre los posibles colados en las listas de las Farc, en los que estarán los excombatientes que se acogerán a la Justicia Especial de Paz, esa organización publicó un comunicado en el que asegura que se está haciendo un trabajo riguroso y transparente para verificar quiénes integrarán ese listado.

"Dichos listados se han entregado con criterios de transparencia y verificación interna, proceso que incluye una rigurosa verificación de manera permanente con el Gobierno", asegura las Farc. 

En la publicación, sin  mencionar ningún nombre en particular de los posibles delincuentes que habrían incluido en ese litado, las Farc señalaron  que éstos se entregaron  "bajo los principios de buena fe y de confidencialidad, con el objeto de realizar una verificación conjunta entre las Farc y el Gobierno".

Asimismo, afirmaron que este proceso se manejará bajos estrictos estándares de confidencialidad debido a que varios de excombatientes han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz. 

De igual manera, las Farc dejaron claro  que sus  "listados estarán incluidos de manera exclusiva aquellas personas cuya conducta obedece en tiempo, modo y lugar a acciones de genuina práctica insurgente, teniendo en cuenta el carácter irregular de la guerra. En ese sentido, las actuaciones vinculadas al desarrollo de la acción rebelde como conexas deben ser incorporadas en su complejidad al delito político".

Al final, aunque no admitieron responsabilidad alguna sobre los 'colados' en las  listas, este grupo exguerrillero ratificó que no permitirán que personas que no pertenezcan a las Farc sean incluidas en la lista de beneficiados. 

"De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados", sentenciaron. 

En los últimos días a través de medios y portales de comunicación se ha señalado la aparición de “Colados” en los listados elaborados y entregados por las Farc-EP. Ante estos señalamientos informamos a la opinión pública que dichos listados se han entregado con criterios de transparencia y verificación interna, proceso que incluye una rigurosa verificación de manera permanente con el gobierno nacional.

Estos listados se entregaron al gobierno nacional bajo los principios de buena fe y de confidencialidad, con el objeto de realizar una verificación conjunta entre las Farc y el Gobierno Nacional. Este proceso, que no ha culminado, es el diseñado en el acuerdo a efectos de tener plenamente identificados los integrantes que serán acreditados como miembros de las Farc. Claramente se incumple con el proceso de confidencialidad y reserva de la información que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas señaladas, recordemos que varios de los asesinados después de la firma del acuerdo final corresponden a personal beneficiario de las medidas de amnistías entre otros.

Las partes hemos acordado que la ruta a seguir para la resolución de controversias se encuentra acordada en la Comisión de Seguimiento, Implementación y verificación CSIVI por lo tanto será en ese espacio de manera oficial que se tramitaran casos que puedan presentar alguna observación. El país y la comunidad internacional ha dado cuenta de la seriedad y transparencia que hemos demostrado en el cumplimiento total de lo acordado, la elaboración de los listados no es una excepción, por ello hemos establecido un mecanismo para la revisión y depuración de estos listados que ha venido funcionando desde la elaboración misma de estos listados. De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados, ninguna conducta ajena a las desarrolladas en el marco de la confrontación insurgente será avalada por nuestra organización, desde ya estamos adelantando los procedimientos necesarios para revisar la situación de los casos que han presentado alguna observación. A diferencia de otros procesos no permitiremos que nuestros listados sean utilizados para alimentar la impunidad.

Informamos al país que en nuestros listados estarán incluidos de manera exclusiva aquellas personas cuya conducta obedece en tiempo, modo y lugar a acciones de genuina práctica insurgente, teniendo en cuenta el carácter irregular de la guerra. En ese sentido, las actuaciones vinculadas al desarrollo de la acción rebelde como conexas deben ser incorporadas en su complejidad al delito político. Debemos señalar que durante años a la confrontación militar se le sumó la persecución y confrontación judicial fundamentada en la doctrina del derecho penal del enemigo que llevo a prisión a cientos de guerrilleros y milicianos acusados de un sin número de conductas delictivas ajenas a la naturaleza del rebelde.

Justamente de eso se trató la desnaturalización del delito político y la guerra jurídica. Se convirtió en una costumbre de la justicia colombiana que los insurgentes capturados no fueran procesados de manera objetiva, acorde a su actividad insurgente. Bajo esta práctica y ante la crisis de legitimidad de las autoridades judiciales y penales en Colombia se hizo necesario establecer un tribunal especial que tenga competencia sobre las conductas cometidas con ocasión al conflicto, quienes de manera imparcial y objetiva resuelva sobre la situación jurídica de todos nuestros integrantes.

Conminamos a los medios de comunicación, a las autoridades judiciales y de justicia, y las comunidad nacional e internacional a exigir con la misma vehemencia el cumplimiento con la libertad de todas y todos los prisioneros políticos de las FARC que aún se encuentran privados de la libertad. Igualmente pedimos al Gobierno Nacional que aclare las responsabilidades existentes sobre la filtración a la prensa de información confidencial.