La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazar la solicitud de acogimiento que hizo el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, porque crímenes como el del político Luis Carlos Galán Sarmiento, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto.

En un concepto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Procuraduría alertó sobre la falta de competencia para conocer de los hechos que rodearon los homicidios con fines terroristas por los que fue condenado el oficial hoy en retiro, por lo que también solicitó declarar improcedente la petición de libertad transitoria condicionada y anticipada y que el expediente sea devuelto a la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el ente de control considera que para 1989 las circunstancias en el país eran las propias de un conflicto armado, los hechos que comprometieron al entonces general activo no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto armado, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada, como quedó establecido en la sentencia condenatoria.

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El general Maza Márquez en su solicitud de acogimiento a la JEP y petición de libertad transitoria aseguró que sus actuaciones hicieron parte de la violencia derivada del conflicto armado interno, por lo que lleva más de 5 años privado de la libertad.

Maza Márquez fue condenado por la Sala Penal de la Corte el 24 de noviembre del año pasado por los hechos que rodearon la muerte del dirigente liberal, así como del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, además de las lesiones recibidas por el escolta Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

La Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces director del DAS hizo parte del plan para asesinar al entonces candidato presidencial, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza.

Según la Corte, Maza se comprometió a esta tarea previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio.

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