Preocupación por violencia contra miembros de Farc

Las denuncias de que se estaría ofreciendo hasta un millón de dólares por la ‘cabeza’ de cada uno de los miembros del Secretariado de las Farc revivió el temor por las amenazas contra líderes sociales, integrantes de esa organización y personas cercanas a ella.

Además, traen a valor presente lo sucedido con la Unión Patriótica, que entre las décadas del 80 y 90 padeció el asesinato de dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo), ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de tres mil militantes.

Y aunque el vicepresidente Óscar Naranjo y el fiscal General Néstor Humberto Martínez anunciaron en días pasados que trabajarán de la mano para evitar que esas amenazas se concreten, esta semana otro hecho de violencia rodeó a dos excombatientes, sumándose a seis eventos similares que el Cerac ha reportado desde agosto de 2016.
Los hechos ocurrieron en las veredas El Socorro y San José, en Suárez, Cauca, donde ocho sujetos dispararon contra Gregorio Mosquera y Aldemar Dizú Casamachín, quienes habían salido de la zona veredal Carlos Perdomo para adelantar labores de pedagogía, según indicó el Comité de Acompañamiento de la Sociedad al Mecanismo de Monitoreo. Aquí un panorama de la situación.

Dos integrantes de las Farc que se encontraban en zonas veredales han sido asesinados en Nariño: Luis Alberto Ortiz, ‘Pepe’, en el corregimiento La Guayacana (Tumaco) y, quien llevaba quince días de haberse beneficiado con la Ley de Amnistía, saliendo de la cárcel de Pasto; y Washington Marino Velasco Cárdenas, del comando Aldemar Galán, asesinado el 15 de julio. Se presume que los autores del hecho serían dos disidentes de las Farc identificados como Robinson Alirio Cuero Obando, alias Álvaro Galán, y alias El Flaco.

En una carta, guerrilleros concentrados en la zona veredal Aldemar Galán, de Policarpa, dicen que Velasco fue abordado por un exmiliciano en Teraibe, Barbacoas, cuando iba en canoa por el río Telembí.

Según describen, Velasco fue torturado y luego asesinado de impactos de bala. Su cadáver fue hallado sobre una playa, envuelto en una lona y con fracturas en sus extremidades.

Aseguran que su compañero estaba registrado en las listas de la zona veredal La Paloma y había salido para solucionar el sustento de su esposa y sus seis hijos.

Ya se produjo la primera condena por el asesinato de un desmovilizados de las Farc. Se trata de Jhon Ramírez, ‘el Zarco’, sentenciado a 40 años de prisión por la Jurisdicción Especial Indígena tras una investigación que contó con el apoyo de la Fiscalía relacionada con la muerte de José Uber Yatacué Mestizo, exintegrante del frente sexto, en la vereda Potrerito, Toribio, cuando viajaba con permiso para salir de la zona veredal.

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El ente investigador investiga la muerte de Luis Álvaro Ortíz Cabezas, ‘Pepe’, exintegrante de la columna móvil Daniel Aldana, fallecido en el corregimiento La Guayacana, Tumaco, el 16 de abril. Por esos hechos fue capturado Hernán Pai Pascal, alias Renol.

Otro caso se relaciona con el homicidio de un menor desmovilizado de la columna móvil Daniel Aldana, quien falleció el 23 de abril en la Avenida La Playa, Tumaco, al parecer por no querer incorporarse a una disidencia en esa zona del país.

Por más de 20 años Caquetá y Putumayo fueron escenarios permanentes del conflicto armado y en los dos hay zonas veredales que agrupan más de mil guerrilleros.

Allí quedan algunas disidencias de las Farc. En Caquetá -se dice- hay un reducto de 100 hombres de los frentes 14 y 7 que incurren en boleteo, extorsión y amenazas de muerte a líderes sociales.

El general Francisco Javier Cruz, comandante de la Sexta División del Ejército, afirmó que ya fue capturado Carlos Carvajal Torres, ‘Alexander Mojoso’, y que se está tras la huella de alias Euclides Mora, comandante disidente del frente 7 , que opera en zonas rurales de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá).

Álvaro Pacheco, gobernador del Caquetá, confirmó que las disidencias son los únicos grupos armados ilegales existentes en la zona.
El temor se ha hecho presente con panfletos donde se amenaza de muerte a defensores de derechos humanos y militantes de la Unión Patriótica y Marcha Patriótica.

En Cauca también se registra pugna entre grupos delincuenciales y armados por el control de las zonas dejadas por las Farc. Este fenómeno se visibiliza más en los municipios del norte, como Santander de Quilichao, donde varios grupos buscan beneficiarse del narcotráfico, la minería criminal y el microtráfico de alucinógenos.

Esta situación afecta también a los líderes sociales que, en la tarea de defender a sus comunidades, denuncian esos fenómenos y terminan en la mira de las bandas.

Según organizaciones sociales, este año van catorce muertes de defensores de derechos humanos que ya habían sido amenazados. El último fue Héctor William Mina, en Guachené, quien integraba la Marcha Patriótica, que ya suma 36 asesinados.

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Sin embargo, la Fiscalía General asegura que en realidad solo son 16.
“Desde hace meses hemos hecho un llamado a la institucionalidad para que tome control de las zonas de donde las Farc se retiraron, pero eso no se ha hecho realidad y las agresiones a los representantes se han dado en los espacios dejados por las Farc o se registran graves hechos delictivos, como el secuestro del ganadero Diego Vivas, en Caldono”, afirma Deivin Hurtado, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes.

También está el homicidio de los excombatientes José Yatacué y Eider Quitumbo Taquinás, en Toribío y Buenos Aires, el último de los cuales había sido expulsado de la zona veredal de La Elvira. Y el del hijo de un comandante de las Farc en Argelia.

Según voceros de organizaciones sociales, los responsables son ‘paras’ y para la Fuerza Pública, disidencias.

En el Cauca las estructuras de ELN son pequeñas y de poca experiencia militar, “entonces algunos exintegrantes de las Farc aportan sus conocimientos bélicos. Son grupos que buscan copar espacios dejados por los ‘farianos’ en Toribío, Caldono, Miranda, Jambaló, Santander, Morales, Suárez, Corinto y El Tambo”, explica un anónimo investigador de la Sijín.

El cabecilla de una disidencia autodenominada EPL, ‘El Negro Simón’, fue asesinado en un combate en Suárez con otro grupo de exintegrantes de las Farc.

Pero el Comité de Acompañamiento de la Sociedad al Mecanismo de Monitoreo y Verificación informó de la presencia de dos grupos armados en el norte del departamento: ‘Patria Grande Ejército del Pueblo PG-EP’ y otro que delinque en Caldono.

Esa organización también denunció el incremento de las bandas delincuencias al servicio del narcotráfico en Suárez, Santander de Quilichao y Buenos Aires, donde se registró la muerte del líder sindical de la Universidad del Valle y exdirigente del América, Mauricio Vélez.

Y fue el mismo Comité el que el martes puso de presente que Gregorio Mosquera y Aldemar Dizú Casamachín, quienes tras ser atacados por hombres armados con fusiles lograron huir en su moto por entre la maleza, lo que no impidió que Mosquera fuera herido en su rodilla derecha.

Luego se dirigieron a la vereda Lomitas, de donde gracias a la colaboración de la comunidad fueron trasladados a la Estación de Policía de Suarez, hasta donde llegaron agentes de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), quienes los trasladaron hasta las instalaciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Lo cierto es muchos excombatientes tienen reservas cuando el Fiscal General señala que “el Estado no va a permitir que se afecte la integridad de un solo miembro del exsecretariado de las Farc o de los desmovilizados”, lo cual, agregó, es uno de los principales desafíos del posconflicto.