Prorrogar y ajustar el cese el fuego con el ELN, el primer reto del 2018

El cese al fuego y de hostilidades bilateral y temporal pactado entre el Gobierno y el ELN hasta el próximo 9 de enero, debe prorrogarse, pero no a cualquier precio.

Esa es la conclusión a la que llegan varios analistas consultados por El País para quienes, si bien es muy importante que se hayan salvado vidas por cuenta de la disminución de la confrontación entre el Ejército y esa guerrilla, no es cierto que se haya registrado una ausencia total de acciones violentas.

Una de las voces más autorizadas en el tema es la de Carlos Velandia, excomandante del ELN y actual gestor de Paz, quien hace un seguimiento voluntario de la tregua: “He sido testigo directo, yo visito los territorios y tengo contacto con las gentes que los habitan y se nota el alivio real que el cese genera especialmente en las comunidades asentadas en las zonas donde tiene presencia el ELN”.

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Precisamente Velandia, quien todos los días publica un tuit con el resultado de su investigación, el pasado jueves escribió: “Hoy, 82° día Cese Bilateral Fuego y Hostilidades @ELN_Paz @EquipoPazGob Sin incidentes. El alivio que ha producido el cese se traduce en reducción drástica de actos violentos y muertes. Primeras festividades de fin de año que l@s colombian@s viviremos con más tranquilidad”.

Su seguimiento también le permite establecer que “solo ha habido una admisión del ELN y es la del gobernador indígena asesinado en el Chocó (Aulio Isaramá Forastero). Lo reconocieron los dirigentes del ELN en el Chocó y luego el Comando Central, Coce”. Se refiere a los hechos ocurridos el 24 de octubre, cuando, a 24 días de vigencia del cese, hombres del Frente Occidental Ómar Gómez asesinaron al líder en el Alto Baudó.

No obstante, dice, también hay señalamientos de la contraparte: “El ELN reclama que lo ocurrido en Tumaco es un hecho violatorio del cese y el Gobierno no lo reconoce”, anota refiriéndose a la masacre que dejó 6 muertos y más de 30 heridos y que tuvo lugar el 5 de octubre.

“La Fiscalía tiene que averiguar y pronunciarse, pero más allá, se está a la espera de que el Mecanismo de Monitoreo verifique y califique ese hecho, si fue violatorio o o no lo fue”, agregó.

“Cese al fuego del ELN es una total farsa. Gobierno no puede prorrogar más esto, debe poner condiciones claras y levantarse de la mesa hasta que estos terroristas muestren verdadera voluntad de no continuar con atentados y masacres”.

Así reaccionó el pasado lunes en Twitter Honorio Henriquez, senador por el Centro Democrático, CD, al anuncio del grupo guerrillero comandado por alias Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, en el sentido de que estaba “en disposición” de prorrogar el cese al fuego y de hostilidades bilateral.

Y al ser consultado por el por qué de esa posición, Henríquez indicó: “Al ELN se le han dado muchas concesiones, como se le dieron a las Farc. Estamos por el mismo camino. No hay arrepentimiento y mire todos los actos terroristas que ha cometido el ELN”. Entre estos, asegura, “siguen atentando contra la infraestructura, los secuestros no han parado, no han cesado en su accionar terrorista ni en el narcotráfico”.

Para Henriquez, es obvio que hay que salvar vidas, “pero no se puede premiar al terrorista”, por lo que la tregua pactada en la Mesa de Quito no podrá ser objeto de una prórroga mientras el ELN “no entregue los secuestrados y cese todo su accionar violento”. “No secuestro, no narcotráfico, entrega de las armas y que paguen por los crímenes cometidos con penas iguales”, dice con contundencia.

En la otra orilla ideológica está la representante a la Cámara Ángela Robledo, quien recuerda que uno de los puntos decisivos en la negociación con las Farc fue la tregua unilateral anunciada por esa guerrilla y luego la acordada con el Gobierno.

“Había una profunda desconfianza de que no iba a haber cumplimiento del cese bilateral y lo hubo, y eso lo digo para señalar que, pese a las vicisitudes y dificultades hay que mantenerlo ahora con el ELN, porque si bien han habido incumplimientos, salvan y protegen vidas en los sectores de la guerra en Colombia”, añade.

Robledo, que también integra el Consejo Nacional de Paz, reconoce que se ha reportado que la guerrilla de ‘Gabino’ ha seguido cometiendo daños a la infraestructura pública en algunas zonas del país, y que esta, a su vez, afirma que el Gobierno no ha mejorado las condiciones humanitarias de los integrantes del ELN que están presos, como lo había anunciado.

“Aquí hay reclamos de lado y lado, así que hay que ir ajustando, como lo decía Jean Arnault (jefe de la Misión de la ONU en Colombia), los mecanismos de verificación y de cumplimiento”, puntualiza la congresista.

Otra estrategia que propone es multiplicar actos como el realizado el pasado 10 de diciembre por las mujeres de la Ruta Pacífica, que llegaron hasta Quibdó, Chocó, para exigir el cumplimiento del cese. “Exigencias que ya no vienen del Gobierno al ELN o del ELN al Gobierno, sino de la sociedad civil, exigencias de la protección de la vida, que son muy importantes y que ojalá se vuelvan presión para los combatientes”, dice.

El analista Pedro Medellín coincide con Robledo en que es necesario que se prorrogue, “sino que se asuma seriamente. Ha habido más expresiones de voluntades y afirmaciones grandilocuentes que una realidad de no agresión o de no ataque por parte del ELN”.

En esa medida, plantea que la primera obligación de las partes es “sustraer a la población civil del drama de la confrontación armada y, segundo, erradicar todas las formas de secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera”.

Sobre ese punto, Álvaro Guzmán Barney, sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, sostiene que “no es evidente la autoridad del Coce sobre algunos grupos en el territorio y es posible que algunos sectores del ELN no entren en el proceso de paz, como ha sucedido con las Farc”, por lo que es necesario que esa cohesión o esa disidencia quede muy clara ante los colombianos.

Esta guerrilla “no es una organización monolítica sino que hay grupos que andan por su cuenta, con sus jefecillos, pero el ELN lo sabe y está tratando de tener una mejor disciplina para cumplir con el cese el fuego, pero es mejor tenerlo, aunque no perfecto, a continuar una guerra abierta perfecta, con todo los muertos que eso trae”, asegura por su parte monseñor Luis Augusto Castro, que también ha seguido de cerca la mesa de Quito.

Así las cosas, dado que ya el país está en plena campaña electoral, lo único que podría convencer a ese 69 % de los colombianos que creen que las negociaciones entre el ELN y el Gobierno van por mal camino es que al menos durante el próximo semestre no vuelvan a escuchar que esa guerrilla es la autora de más atentados al oleoducto, secuestros o asesinatos. Queda la tarea para el nuevo equipo de negociadores que, de lado y lado, llegarán a Quito el próximo 9 de enero.

Microfocalizar la verificación en tres territorios puntales: Chocó, Cauca y Nariño, plantea la congresista Ángela Robledo como vía para mejorar el cumplimiento de la tregua.

“Hace cuatro años los conflictos estaban en 200 municipios, ahora están más focalizados, así que la protección de la población por la Fuerza Pública debe aumentar, porque además del ELN, hay bandas criminales y nuevas formas de paramilitarismo, lo cual hace muy difícil la tarea de monitoreo”.

Esa tarea está encomendada a la ONU, siendo adelantada con los mismos recursos y personal sobre los que descansa la veeduría de la implementación del Acuerdo de Paz, lo que para algunos analistas debe ser replanteado para que sea tan eficaz como la realizada de cara a la tregua bilateral pactada entre el Gobierno y las Farc.

De hecho, ante la imposibilidad de hacer presencia en todos los territorios, la ONU le encomendó a la Iglesia Católica una labor de observación que está a cargo de los sacerdotes que hacen presencia en los lugares más apartados del país.

El gestor Carlos Velandia agrega que tiene que haber comisiones permanentes de monitoreo en los territorios donde las dos partes tienen una presencia efectiva y que esta debe ser integrada por Gobierno, ELN y ONU. “No se puede monitorear a punta de teléfono desde Bogotá, es muy complicado, tiene que ser in situ”, sostiene.

Finalmente, los analistas están de acuerdo en que los informes sobre el cumplimiento o no del cese tiene que ser público y no dirigido únicamente a la Mesa de Quito.

El exvicepresidente de la República Gustavo Bell fue nombrado esta semana como nuevo jefe negociador del Gobierno con el ELN, en reemplazo de Juan Camilo Restrepo.

Bell también fue ministro de la Defensa en el gobierno de Andrés Pastrana y embajador de Colombia en Cuba durante los cinco años que duró la negociación con las Farc.

”Haber sido designado para conducir las negociaciones con el ELN me compromete con el país, con las víctimas del conflicto armado y con quienes aún creen que sí es posible construir para las generaciones futuras una mejor sociedad en paz”, dijo Bell.