El Congreso podría convertirse en el escenario clave para lograr la implementación de los acuerdos. Le contamos el 'as' bajo la manga del Gobierno.
Dialogar con todos los sectores para lograr un acuerdo más fuerte y más aceptado no es la única opción que tiene el presidente Juan Manuel Santos para implementar el documento al que la mayoría de los colombianos le dijo No en el Plebiscito por la Paz. Hay una alternativa jurídica que sigue guardada en el cajón y que, al parecer, seguirá allí hasta que se agoten otras posibilidades. Se trata de tramitar todo el contenido del acuerdo firmado con las Farc a través del Congreso de la República. Esta posibilidad surge por la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se especifica que el resultado del mecanismo de refrendación obliga únicamente al Jefe de Estado y no a las demás ramas del poder público.Hasta los integrantes del Centro Democrático admiten que esta es una alternativa jurídicamente viable. Claro está que, aunque sea legal, hacer dicho trámite traería importantes consecuencias políticas. Jurídicamente es viable, pero políticamente es un tema que es muy delicado, porque implementar los acuerdos en el Congreso, es decir, por vía legislativa, desconociendo el pronunciamiento directo del electorado el domingo 2 de octubre, a través de democracia directa, implica una tensión política muy delicada de manejar. Así lo plantea José Fernando Flórez, especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, para quien esa alternativa sería viable si se logra un consenso entre los sectores del Sí y del No. De hecho, destaca que, de ser así, el Partido Centro Democrático, por ejemplo, no tendría mucho margen de maniobra, al ser minoría.Creo que, en la medida en que se logre una conciliación entre los actores políticos, entre los promotores del Sí, los promotores del No, y las Farc, se va abriendo viabilidad política a la posibilidad de implementar los acuerdos por vía legislativa, sostiene. ¿Ley de amnistía? Sin embargo, aclara que ese trámite tendría que ser integral, puesto que si se adelantan iniciativas sin proyectos o reformas que complementen el proceso no funcionaría. Un ejemplo de ello es la ley de amnistía que propone el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lea aquí los planteamientos del uribismo para destrabar el acuerdo de paz con las Farc. Eso es inviable. Hay que descartarlo de entrada, porque de lo que se trata aquí es de firmar el acuerdo final y este tiene un componente integral de justicia. Toda la Jurisdicción Especial de Paz, dice refiriéndose a la propuesta del también senador. Uno no puede recurrir a leyes viejas, fragmentarias, eso solamente acabaría de empeorar las cosas. A mí eso me parece descabellado. Una ley de amnistía en los términos ordinarios que hay solo cubriría a los guerrilleros rasos pero la élite de las Farc no se vería cubierta porque quienes estén implicados en delitos atroces no pueden recibir amnistía, precisa el jurista. Ahora bien, para los expertos, pensar en el trámite del acuerdo por el Congreso de la República, además de todos los riesgos políticos que implica es complicado porque sería pasar por encima de la decisión de los colombianos en el plebiscito, pero además los acuerdos quedarían abiertos a cualquier modificación. Lo anterior porque se trata de un organismo independiente, que tiene todo el derecho a legislar sobre cualquier tema, incluidos aquellos que fueron tratados en el acuerdo final, lo cual no se iba a permitir en el procedimiento especial legislativo que se planeaba aplicar si la mayoría de los colombianos votaba Sí en el Plebiscito por la Paz. Pero además de abrir el acuerdo firmado por el presidente Santos y alias Timochenko, jefe máximo de las Farc, el pasado 26 de septiembre en Cartagena a cualquier modificación, el problema está en los tiempos. El procedimiento especial, conocido también como fast track, reducía el número de debates para darle celeridad al proceso porque es sabido que, en sí, el ritmo del órgano legislativo suele ser mucho más lento. El tiempo es un tema crucial porque hay que legislar con los trámites ordinarios y son muchos compromisos que tomarían mucho tiempo y hay que tener en cuenta las dinámicas que son típicas del Congreso, agrega el constitucionalista Flórez. Lo cierto es que varios juristas han coincidido en que el resultado del Plebiscito por la Paz no le suprimió al Jefe de Estado sus facultades constitucionales para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz. Cáracter vinculante De la misma forma, La Corte Constitucional dejó en claro que el carácter vinculante que el plebiscito tiene sobre el Gobierno Nacional no resulta extendible a otras ramas del poder público. Ambos puntos constituyen el mayor soporte legal para pretender avanzar en el Congreso cualquier proyecto de ley destinado a darle legitimidad al acuerdo de paz con las Farc. Eso sí, como dice el docente Flórez, esa Corporación deberá adelantar todos los debates sobre el tema en el marco de las normas ordinarias de legislación y no a partir de los tiempos abreviados que contempla el Acto Legislativo para la Paz, que el pasado viernes sufrió una grave estocada. Ello debido a que la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que lo declare nulo porque da vía libre a normas contrarias a la Carta Magna (ver nota anexa). Sin embargo, está claro que la mencionada sentencia de la Corte también establece que dichos acuerdos, a su vez, podrán ser sometidos a refrendación popular si así lo deciden el Ejecutivo y el Congreso, siempre con base en las normas constitucionales que regulan los mecanismos de participación. Según los expertos, lo anterior daría cabida a que el resultado del Pacto Nacional por la Paz que propuso el Presidente de la República tras los resultados adversos en la votación del pasado 2 de octubre pueda tramitarse a través del Legislativo. Precisamente el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y los líderes de los partidos que apoyan el proceso de paz han dicho que la agenda legislativa al respecto está suspendida y que están a la espera de los resultados que se obtengan después de que la comisión delegada por el presidente Juan Manuel Santos analice las propuestas entregadas por los distintos sectores del No y las discuta con los miembros de las Farc que permanecen en la capital cubana. La verdad es que los ajustes se deben dar en La Habana, que es donde está la contraparte con la que se debe negociar. Acá se trata es de que los del No, los del Sí, el Gobierno y las Farc nos pongamos de acuerdo, el escenario por ahora es un proceso como a tres fases, plantea, entre tanto, la senadora del Partido Alianza Verde, Claudia López. Por su parte, el docente en la Universidad Externado, Francisco Barbosa, planteó en una columna que una vez se incorporen los ajustes del nuevo acuerdo, el Presidente buscaría su implementación por el Legislativo sin la existencia de procedimientos especiales. La ventaja de esta decisión tiene que ver con la participación de todas las fuerzas políticas, sin restricción alguna, en la implementación del acuerdo. La desventaja estaría en la demora en el trámite legislativo, que podría hacer que el proceso se mezcle con el próximo periodo electoral. La Corte tiene la Palabra Una vez conocido el resultado del Plebiscito por la Paz, la Corte Constitucional ha recibido once demandas contra este mecanismo de refrendación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Farc, y el Acto Legislativo para la Paz. Con respecto a los primeros, el último recurso fue interpuesto por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien señaló que existió un preámbulo a dicha jornada de votación que originó restricción en el ejercicio del poder constituyente, por lo que debería declarárselo inconstitucional. En cuanto al segundo, el senador del Centro Democrático Iván Duque solicitó que se tumben todos los artículos del Acto Legislativo para la Paz. La otra fue presentada por Bayron Adolfo Valdivieso contra el artículo 5 de dicho acto legislativo, que señala que todo lo indicado en el mismo estará condicionado a lo que los colombianos digan en la refrendación popular. Sin embargo, una de las decisiones más importantes que deberá tomar la Corte con respecto al futuro de los acuerdos de paz tiene que ver con la solicitud de nulidad que le hizo el pasado viernes la Procuraduría General de la Nación. Según el documento enviado al Alto Tribunal, la victoria por la opción del No en nada afecta la capacidad del acto legislativo para entrar posteriormente en vigencia constitucional a través de un nuevo pronunciamiento popular que se decida como apto para refrendar otro eventual acuerdo.
A propósito El exministro y asesor jurídico de las Farc en el proceso de paz, Álvaro Leyva, planteó la posibilidad de consultarle nuevamente a los ciudadanos si están o no de acuerdo con el acuerdo firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena.Tal vez sea con algunos retoques, pero vamos con un segundo plebiscito. Es una sentencia, no es algo que nos inventamos los del Sí. Las Farc en su momento dijeron que se acogían a la sentencia así que queda esa posibilidad, señaló.Según la postura del exconstituyente, el presidente Juan Manuel Santos aún tiene un gran margen de maniobra luego de recibir el Premio Nobel de la Paz.Leyva agregó que este planteamiento aún no ha sido debatido en la mesa de negociación de La Habana, pero recalcó que todo el país está de acuerdo en que debe haber paz de inmediato, lo cual respalda su propuesta.