Un 24 de noviembre del 2016 se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno y la Farc. En una ceremonia que se realizó en el teatro Colón de Bogotá, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de la extinta guerrilla Farc, 'Timochenko', estrecharon sus manos para sellar el fin de un conflicto de más de 50 años.
Hoy en medio de la celebración del segundo aniversario, el representante del Secretario General de la Naciones Unidas para Colombia, Jean Arnault, y el enviado especial de la Unión Europea para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, felicitaron a la sociedad colombiana por lo alcanzado durante este proceso y resaltaron los desafíos que aún persisten.
Los funcionarios apuntaron que, tras el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, el país ha podido ser partícipe del cese definitivo del fuego y de las hostilidades y con él, el descenso de indicadores de violencia importantes. Así mismo, el inicio del tránsito a la vida civil de más de 13.000 miembros de las Farc-EP, incluyendo unos 3000 privados de libertad.
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Los representantes de estas organizaciones resaltaron además la dejación y destrucción de unas 9000 armas de todo calibre, de toneladas de explosivos y de decenas de miles de municiones y la transformación de la organización guerrillera en partido político y su participación electoral y parlamentaria.
“El impacto de estos eventos sobre la vida nacional no se hizo esperar: los procesos electorales parlamentario y presidencial, iniciados apenas cuatro meses después de la dejación de armas fueron los más pacíficos y participativos en décadas”, manifiestan Arnault y Gilmore en el documento.
Para los representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea, el proceso de paz ha permitido que en los territorios afectados por la confrontación se alce una voluntad general de aprovechar las oportunidades dirigidas a comunidades campesinas, organizaciones locales, jóvenes, empresarios, mujeres, pueblos étnicos, exguerrilleros comprometidos con la reincorporación a la vida civil.
“Todos convencidos de que existen hoy opciones sin precedentes para el desarrollo, la convivencia y la reconciliación. A esta voluntad de dejar atrás la confrontación se suma una condena universal hacia la violencia, independientemente de sus propósitos y de donde provenga, ilustrada por el Pacto Nacional para la Vida firmado en Apartadó en agosto pasado”, agregan los representantes.
Entre tanto, Arnault y Gilmore resaltan que, durante los 24 meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Final, acontecimientos de la “mayor importancia” han ocurrido como lo es el progreso hacia la verdad, la justicia y la reparación para las innumerables víctimas del conflicto.
“Los avances han sido difíciles, pero la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca combinar el pleno respeto al debido proceso, la participación de las víctimas y sanciones restaurativas para los participantes en el conflicto está ahora en marcha; la Comisión de la Verdad está a punto de iniciar su labor de esclarecimiento, reconocimiento y reconciliación en todo el país. Confiamos que, juntamente con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, este Sistema de Verdad, Justicia y Reparación permita al país alcanzar el justo equilibrio entre las exigencias de la Justicia y los prerrequisitos de la paz”, apuntan en la comunicación.
Pese a que los representantes de estas organizaciones internacionales resaltan los hechos “positivos” en materia de paz, también sostuvieron que aún quedan “grandes” desafíos frente a la violencia que se vive en regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde, dos años después de la firma del Acuerdo Final con la Farc, “las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales”.
Así mismo, se pronunciaron sobre el asesinado de líderes sociales calificando esto como una “expresión negativa” y un reto a superar con presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz respecto a seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo como alternativas a las economías ilegales.
“La tarea es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva. Con este gran proyecto de paz con desarrollo, justicia y equidad, la comunidad internacional está plenamente identificada, como lo ha manifestado en múltiples foros, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, apuntaron los funcionarios.