El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, estuvo en Bogotá y se pronunció sobre las grandes pérdidas que deja la corrupción en el mundo.

Según él, durante el último año la evasión fiscal implicó tres trillones de dólares y cerca de un trillón de dólares se pagó en sobornos. Además, dijo, se calcula que entre 20 mil y 30 mil millones de dólares son robados de los presupuestos públicos de los países en desarrollo.

Sin embargo, considera que se está registrando una reacción positiva ante los últimos escándalos de corrupción desde las instituciones y la ciudadanía, y asegura que ese podría ser un punto para generar cambios.

Sobre esta esperanza, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el reto de evitar la corrupción en el posconflicto, Ugaz habló con Colprensa.

Usted dice que estamos en una época de sombras y de luces…

En un lado vemos las sombras: estamos viendo que América Latina se debate todavía en grandes problemas de corrupción, una corrupción que no es episódica sino un arraigo histórico, estructural y sistémica. Por otro lado, está impregnada en las estructuras del Estado. Creo que el caso Lava Jato, si alguna virtud ha tenido, es la de demostrarnos la dimensión que tiene la corrupción en nuestros países y esto se suma a las propias dinámicas de corrupción que tiene cada uno de los países.
En el lado de las luces, creo que por primera vez estamos viendo una reacción colectiva de parte de sistemas de justicia, fiscales y jueces que están enfrentando estos hechos con investigaciones técnicas, profesionales y muy valientes.

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¿Cómo define esas luchas que se han dado en los últimos tiempos contra este problema en la región?

Yo diría que hay dos modelos en América Latina, que además son modelos de exportación para el mundo. Uno es la intervención internacional en la lucha contra la corrupción. Vemos lo que ocurre en Guatemala y Honduras, donde se han creado comisiones internacionales, una propiciada por Naciones Unidas y la otra por la OEA, y que están teniendo resultados muy importantes en la lucha contra la corrupción.

¿Y cuál es el otro modelo?

El de la reserva moral de los sistemas de justicia. Lo que está pasando en Brasil, Perú, El Salvador, aquí en Colombia, es decir, que los propios fiscales y jueces nacionales tienen una dinámica de reconstrucción, de resurgimiento de los ministerios públicos y de las judicaturas. Están enfrentando los poderes corruptos, están haciendo investigaciones vigorosas y se está investigado a políticos de altísimo nivel: presidentes, viceministros, ministros. Esperemos que pronto también a los altos dirigentes de las empresas privadas que están comprometidas en estos casos. Eso es muy alentador porque creo que tenemos un futuro si nuestros sistemas siguen reaccionando de esa manera. Y a eso se suma el fenómeno de la movilización social. Quiere decir que tenemos una ciudadanía que ha despertado.

Pero, pese a eso, en la cotidianidad se ve el tema de la corrupción como algo común…

Es un reto para nuestros países luchar contra la normalización de la corrupción. El ciudadano en la calle, en la mayoría de los países de América Latina, salvo algunas excepciones, está acostumbrado a vivir con la corrupción y es cómplice de la misma. Estima que esa es la forma natural de hacer las cosas, de moverse socialmente y eso requiere un cambio, un tránsito de la corrupción a una cultura de la legalidad.

¿Y eso sí es posible?

Ha ocurrido en otras partes del mundo y tiene que ver con la educación en valores, pero también con el liderazgo en el más alto nivel del país, que permita que los ciudadanos vean que sí hay una forma diferente de vivir, que es a partir del cumplimiento de la ley y no de sacarle la vuelta al sistema. Ese es un reto que el presidente Santos ha mencionado, que el Gobierno colombiano quiere enfrentar a partir de la educación de las futuras generaciones para que la cultura de la legalidad se pueda cimentar.

A propósito, ¿cómo ve a Colombia en esta etapa coyuntural?

Lo que se viene en esta etapa de posconflicto es un reto muy grande, porque Colombia no solo tendrá que reconstruir sus instituciones para el tiempo de paz -y eso implica un redireccionamiento de los recursos hacia los fines de cimentar las instituciones y construir un país diferente, sin conflicto armado-, sino porque genera un riesgo importante porque van a haber muchos recursos que se van a estar movilizando en ese sentido. Entre otros retos, está la redistribución de la tierra, la desmovilización de las fuerzas; cómo se van a establecer los nuevos regímenes electorales, la redistribución de las cotas de poder.

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Todo eso, si no está adecuadamente diseñado, por ejemplo, en cuanto a la intervención de la ciudadanía como veedora y garante de todos los procesos, puede generar nichos de corrupción. Sería realmente un desastre si los recursos del posconflicto fueran a engrosar los bolsillos de unos cuantos y no a reconstruir un país como se requiere actualmente.

¿Cómo evitar eso? Usted dice que temas como la bancarización no son suficientes...

Una de las medidas que ha mencionado el presidente Santos para combatir la corrupción es la bancarización, pero no basta, es un buen comienzo pero no es suficiente, porque la bancarización puede diluirse con el empleo de empresas offshore, empresas anónimas. Hemos visto en el caso Odebrecht hasta cuatro capas de empresas de este tipo que han sido utilizadas para hacer imposible el rastreo del dinero.

Pero, ¿cómo hacerlo?

No solo se requiere ingresar los flujos de dinero por el sistema financiero sino también adoptar medidas adicionales como tener registro para saber quiénes son los beneficiarios últimos de estas empresas anónimas e impedir que se puedan hacer movimientos ilegales a través de ellas. Es necesario reforzar los sistemas de control a la banca y a las otras instituciones vinculadas al sistema financiero.

Hemos visto cómo, a nivel mundial, la banca lamentablemente está jugando un papel de facilitador de la corrupción en muchos casos- no todos, por supuesto-, y no estamos hablando de banca informal ni de banca pequeña, estamos hablando de banca de primer orden a nivel global.

El Procurador General de Colombia ha dado a entender que la política de las últimas décadas fue manipulada por los sobornos de Odebrecht, ¿lo cree así?

Lo que el caso Lava Jato expresa es un sesgo de manipulación de la corrupción para favorecer la vigencia de regímenes de izquierda o socialistas o progresistas. Incluso, están ahí varios de los países del Alba y supongo es a lo que se refería el Procurador, incluido Venezuela por supuesto. Sin embargo, una mirada más detallada de lo que ha ocurrido confirma que la corrupción no tiene ideología, que trasciende los partidos políticos y las posiciones ideológicas. No de otra manera se explica que de un lado en Brasil esté el presidente Lula cuestionado como uno de los principales políticos involucrados en este esquema de corrupción, pero a la vez esté el presidente Temer, que es su enemigo político.

¿Cree posible esa voluntad política que se necesita para hacer cambios, cuando quienes dirigen son personas cuestionadas, en nuestro caso el mismo Presidente?

Lamentablemente las clases políticas latinoamericanas de alguna manera están todas bajo sospecha y este caso trasciende a más de diez países, pero creo que también es el momento donde se puede hacer un punto de quiebre. De una gran crisis puede salir una buena oportunidad.

¿Alguna propuesta concreta?

Por lo pronto, hay una propuesta para que el financiamiento de la política sea más transparente y que quienes incumplen con las normas de financiamiento incurran en delito y puedan ser sancionadas adecuadamente, y que los partidos y los líderes políticos que se vean contaminados por ese financiamiento ilegal sean proscritos de la acción política. Entonces, creo hay que darle el beneficio de la duda y que ojalá veamos que se adopten las medidas necesarias para eso.