En López de Micay, uno de los apartados municipios del Cauca, al que se llega después de casi siete horas de viaje en lancha, partiendo desde Buenaventura y atravesando la zona selvática del río Naya, los generadores de conflicto son los mismos que en todo el Andén Pacífico: el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal.

Un conflicto que, aunque las comunidades pensaban que sería cosa del pasado después del acuerdo de paz, sigue latente, generando violencia, temor y silencio en pueblos como el micayseño, donde la población solo se atreve a levantar la voz sin censura para pedir oportunidades.

“Esta ha sido una zona que nunca ha salido de la violencia y la única manera de que en Colombia salgamos de la violencia es con inversión social, porque la Defensoría solo se encuentra en estos sitios con el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, las iglesias y nosotros.
Mientras el gobierno no invierta en estas zonas vamos a seguir teniendo violencias por la hoja de coca y la minería ilegal, porque de eso están viviendo las gentes”, dice el Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

Esta realidad de la que habla el defensor fue evidenciada por el diario El País, a través de relatos de habitantes de cinco municipios del andén pacífico (López de Micay, Timbiquí, Guapi, Tumaco e Iscuandé), que fueron visitados por una misión de verificación y acompañamiento del ente del Ministerio Público, para conocer, entre otras cosas, si se les ha brindado atención después de la firma de la terminación del conflicto con las Farc.

Cultura, mecanismo de resistencia

“Mientras caen las balas, mientras suenan las bombas, nosotros cantamos, danzamos”, dice María Nangly Arboleda, docente de biología, canto y baile en López de Micay, quien siempre habla con una sonrisa en su rostro.

Aunque lo de las bombas no lo dice de forma literal, porque después de la firma del acuerdo de paz cesaron los hostigamientos en López, asegura que siempre menciona esta frase para mostrar que “la cultura ha sido un mecanismo de resistencia en los momentos difíciles, nuestros cantos son los que nos han ayudado a disipar un poco toda esta problemática que vivimos”.

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La profesora, quien se describe como una orgullosa ‘micayseña’, extraña los tiempos de hace una década, cuando, según ella, López era un territorio de paz.

“Vivíamos tranquilos, aquí podíamos dormir con las puertas abiertas, la gente podía dejar sus cosas afuera y allí amanecían, hoy ya no se puede, hoy se ha vuelto un municipio violento, estamos viendo muchas muertes, muertes de mucha gente acá, líderes, entonces eso nos tiene mal”, relata Arboleda.

Y aunque no para de hablar de su municipio, de las cosas buenas, del talento de los jóvenes y también de las necesidades que vive su gente, cuando se le pregunta quién está generando esa violencia solo responde: “Ayyy madre...”, y guarda silencio.

Pese al temor que le genera hablar de guerra, María Nangly sí se atreve a mencionar la masacre ocurrida en una vereda de Micay, a finales de octubre pasado, donde fueron asesinadas seis personas en dos días, cinco de estas en un billar. “Tuvimos un caso muy violento que nunca se había presentado, eso nos tiene bastante asustados y con incertidumbre”, expresa Arboleda.

Sobre el hecho, hasta la visita de la misión de la Defensoría (hace dos semanas) no se conocían mayores detalles de la investigación.
“Habíamos emitido una alerta temprana para López de Micay donde advertíamos que podía ocurrir la masacre, como en efecto ocurrió, porque en el departamento del Cauca tenemos una disputa por la producción y por los corredores de comercialización de la hoja de coca, entonces esperemos que el señor fiscal venga rápidamente a esclarecer estos hechos”, dijo en su momento el defensor Negret.

Las problemáticas sociales

López de Micay tiene más de 22.000 habitantes, de los cuales 5900 están ubicados en la cabecera municipal. Aunque es un municipio rodeado por agua, y la zona del país donde más llueve, el saneamiento básico, la infraestructura educativa y la salud son tres necesidades por las que padecen los micayseños.

“El problema de salud es un problema nacional pero en nuestro municipio se ahonda cada día más, ustedes lo pudieron vivir hoy desde Buenaventura hasta acá, esa es la travesía (siete horas en lancha) que a un paciente grave le toca vivir, le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos acondicione la única pista (aérea) que tenemos aquí”, manifiesta Wilmer Riascos, alcalde de López de Micay y añade que el Fondo de Adaptación prometió una inversión cercana a los $10.000 millones para darle solución al problema de acueducto.

Ariel Viáfara, párroco del municipio, cuenta que después de terminado el conflicto con las Farc esperaban acciones concretas por parte del Gobierno en materia de intervención social, “pero hasta el momento el gobierno central por acá no se ha aparecido, hay Policía y Ejército, pero lo que tenemos es grandes problemas sociales”.

“En López de Micay no se vive dignamente y no hay dignidad humana, porque no hay acceso a todos los bienes y servicios fundamentales, muchos niños, jóvenes y familias pasan el día sin qué comer, y en López hay materia prima, hay tierra fértil, hay talento, pero faltan oportunidades, acá necesitamos crear empresa para que tantas mujeres y tantos hombres tengan la posibilidad de realizarse como personas”, afirma el sacerdote.

El llamado del párroco lo reafirma Mario Marino, un líder social micayseño, quien asegura que el campesinado urge por oportunidades para laborar dignamente y asegura que “la base de la economía de López de Micay es la coca y la minería, pero no porque la gente quiera”: “es porque nos han sometido, porque a la persona le toca que defenderse para poder llevar a sus hijos a una universidad, para poder alimentarse”.

“Usted sacó un kilo de coca y a la media vuelta la tiene vendida, y si sacó unos tres o cuatro gramos de oro carga plata en el bolsillo porque inmediatamente le van a comprar, pero si yo me pongo a destilar y saco panela, esa panela y esa miel se queda ahí, no me la compran, entonces eso conlleva a que la gente pegue para ese lado (de las economías ilegales)”, agrega Marino.

Otro de los reclamos que hace la comunidad, lo expresa José Caicedo delegado afro de la mesa de víctimas, quien asegura que esta población está siendo revictimizadas, “porque les toca desplazarse hasta la cabecera municipal a reclamar un subsidio de $60.000 y en transporte se van a gastar $150.000. Acá solo tenemos acceso por vía fluvial y cuando se enferman hay mujeres que han muerto en el camino dando a luz”.

Ante todo el drama que viven los micayseños, la profesora María Nangly, quien dirige el grupo Frutos de Micay, que este año participó en el Petronito, en Cali, finaliza con una petición:

“Era la primera vez que esos muchachos salían de aquí... pedimos apoyo para mantener estos procesos artísticos, deportivos y culturales porque esto ayuda mucho a nuestros niños, un niño que cante, que coja un instrumento, si tiene la posibilidad de seguir allí nunca nos va a coger un arma”.