La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre esta delicada situación en el Norte del Valle: “Rechazamos las amenazas contra medios de comunicación y periodistas en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Hacemos un llamado a los grupos ilegales a no coartar la libertad de prensa”, dice la publicación que realizó la entidad en sus redes sociales.
Se ha dado a conocer en las últimas horas que dos noticieros locales han recibido intimidaciones a través de un panfleto, de parte de grupos criminales, y eso ha ocasionado el cierre de los mismos.
¿Quiénes están detrás de las amenazas?
El pasado 12 de septiembre el grupo criminal ‘Los Cancerberos’ se atribuyo el atentado contra las instalaciones de los juzgados de Tuluá ejecutado con explosivos. Son ellos mismos quienes por medio de un panfleto declaran como objetivo militar a cinco medios de comunicación.
La razón por la que amenazan a los periodistas es por no publicar la información que ellos les enviaban a los medios. Los comunicadores han puesto la alerta con las autoridades competentes y se han adelantado investigaciones al respecto.
La Defensoría del Pueblo continuó con su comunicado: “El periodismo debe ejercerse libre, sin presiones, ni intimidaciones, con garantías de derechos humanos”, dijo Gerson Vergara, defensor regional del pueblo en el Valle del Cauca.
Amenazas a servidores judiciales en Tuluá
Luego de que detonara un explosivo frente a la sede de los juzgados penales del circuito judicial de Tuluá, el pasado martes, las autoridades del municipio están en alerta, ya que abogados, fiscales y jueces llevan semanas siendo amenazados por diferentes estructuras al margen de la ley, la última de ellas del grupo ‘Los Cancerberos’, que también se atribuyó el atentado.
Por estas razones, ayer se adelantó un consejo de seguridad convocado por la Gobernación del Valle del Cauca, que contó con la participación de la Administración Municipal y la Fuerza Pública, con el objetivo de velar por la tranquilidad de los comicios del 29 de octubre, que se ven gravemente amenazados.
Y es que mientras los ciudadanos observaban el partido de fútbol de Colombia Vs Chile, el pasado 12 de septiembre en la noche, en el centro de la ciudad ocurrió una detonación que causó pánico en los ciudadanos y daños estructurales en las instalaciones.
El municipio de Tuluá, actualmente se encuentra en riesgo extremo, según la alerta electoral número 030 del 2023. Por tanto, se invita a las personas amenazadas a que realicen la denuncia respectiva, para activar la ruta de protección a la vida.
Ante la cercanía de las próximas elecciones territoriales, diferentes sectores de la población han mostrado su inquietud respecto a la seguridad de los funcionarios, candidatos y población civil.
Por ello, Consuelo Piedrahíta, presidenta del Tribunal Superior de Buga, expreso el miércoles por medio de un comunicado dirigido a los delegados del Registrador del Estado Civil: “Pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales y dificultaría la realización del aludido escrutinio”.
¿Cómo se va a garantizar la seguridad?
El gobernador encargado del Valle del Cauca, José Fernando Gil, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía. “Estamos dando garantías con las autoridades civiles y militares a nuestros jueces y magistrados con el concurso de la Unidad Nacional de Protección”.
Para este fin, la Policía Nacional estará encargada de brindarles seguridad a los jueces penales del distrito en todo momento. Sobre el tema, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, añadió que “los servidores judiciales podrán prestar sus funciones de claveros y escrutadores de manera correcta”.
Además, se anunció que para fortalecer el pie de fuerza, 30 hombres y mujeres de la Policía llegan el fin de semana al territorio. Por ello, el alcalde del municipio, John Jairo Gómez, sostuvo que “no hay el mínimo riesgo de que el próximo 29 de octubre no haya elecciones en Tuluá. Garantizamos el proceso electoral, garantizada la seguridad de nuestros jefes y fiscales”, además, dijo que se puso en marcha un plan para dar con los responsables de las amenazas.