En varias regiones del país se presentan actualmente conflictos con grupos ilegales, uno de los más complejos se está desarrollando en el Norte de Santander, donde la creciente ola de violencia entre grupos armados ilegales ha generado una de las mayores crisis humanitarias. Y ahora, en otra parte del territorio colombiano se está presentando otro enfrentamiento entre grupos al margen de la ley.
El domingo 2 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la disputa entre disidencias de las Farc en los municipios de Florida y Pradera, frente a este panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno nacional para implementar una estrategia de seguridad que frene la violencia en la región.
“El Valle del Cauca no puede convertirse en otro Catatumbo. Es muy preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para Pradera y Florida. La disputa que se está dando allí entre grupos de las disidencias de las Farc está generando asesinatos, desplazamientos y amenazas que están afectando especialmente a las comunidades campesinas, indígenas, a nuestros niños y líderes sociales”, declaró la mandataria.
Toro recordó que desde el inicio de su administración ha insistido en la necesidad de un plan de seguridad específico para la región y le reiteró al gobierno nacional sobre la urgencia de su implementación.
“Hoy le pido al presidente de la República y al ministro de Defensa que nos sentemos a ejecutarla. Ya pasó en el Catatumbo, no podemos dejar que lo mismo ocurra en el Valle del Cauca”, enfatizó.
Esta declaración se da un día después de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana de inminencia para Florida y Pradera, advirtiendo sobre el alto riesgo de vulneración y violación de los derechos humanos debido a la confrontación entre las estructuras ‘Adán Izquierdo’ y ‘Dagoberto Ramos’, al mando de Iván Mordisco, y la disidencia del Frente 57 ‘Yaír Bermúdez’.
Según el informe de la Defensoría, los enfrentamientos afectan directamente a 3 barrios, 20 corregimientos, un resguardo y un cabildo indígena en Pradera, así como a 3 barrios, siete corregimientos, cuatro resguardos y dos cabildos indígenas en Florida.
De acuerdo con el informe, la entidad expone que varios grupos de personas están en riesgo de vulneración de sus derechos, entre ellos hay líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblo indígena Nasa, comunidades campesinas, firmantes de paz, entre otros.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado sobre la solicitud de la gobernadora y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo.