Ante la polémica por la suspensión de la operación del Muelle 13, en Buenaventura, el gobierno del presidente Gustavo Petro insistió en que sea el Estado el encargado de su administración, con el fin de fortalecer la industria pesquera, naviera y astillera.
A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que el contrato de arrendamiento con el Grupo Portuario fue firmado en 1997, sin embargo, dicho contrato concluyó el pasado 6 de enero luego de 27 años.
Además de advertir que el contrato “no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes”, la Presidencia de la República señaló que desde hace un año se identificaron presuntas irregularidades en el manejo del componente ambiental del Muelle 13.
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El Gobierno señala que las características del puerto requerían una licencia ambiental y no solo un plan de manejo ambiental, como se gestionó originalmente. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no levantará la medida de suspensión temporal.
“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular”, aseguró la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
Según el comunicado de prensa enviado por la Presidencia de la República, una auditoría realizada por la Contraloría General durante 2023 reveló hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle.
Este es el panorama en el Muelle 13
Mientras tanto, desde el Muelle 13 han advertido que más de 6600 toneladas de mercancía permanecen represadas en las bodegas del Grupo Portuario tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
De acuerdo con César Restrepo, gerente general del Muelle 13, esta situación afecta además “una propiedad que no es nuestra y en este caso a once importadores de granos, quienes no han podido recibir la materia prima para la elaboración de concentrados animales”.
El directivo, además, advirtió que en este momento se reporta una afectación de 400 trabajadores debido al cese de operaciones en este Muelle. Aunque la empresa solo tiene 75 colaboradores por contratación directa, cientos de trabajadores de empresas autorizadas prestan sus servicios a los buques.
Sobre este aspecto, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexánder López, aseguró que no es cierto que exista riesgo de que se pierdan empleos.
“Para descargar un buque de estos se requieren 40 o 50 personas, cada tres días. Esos trabajadores son contratados a destajo y no son trabajadores de planta. Los trabajadores ingresan al muelle cada que llega un buque, pero ellos no solo prestan ese servicio allí en ese muelle: existen 15 muelles más y los están rotando en cada uno de esos muelles, de acuerdo con la carga que esté llegando”, aseguró el director del DNP.