“El fallo del Consejo de Estado hace justicia a los familiares de los once diputados del Valle asesinados por las Farc porque ordena al Ministerio de Defensa pedir excusas por la falla del Estado en la protección de la vida y la integridad de ellos; porque le da valor a la memoria de la obra de estos hombres y porque las familias recibirán una compensación económica, que no devuelve a los familiares queridos, pero intenta resarcir el daño causado”.

Así reaccionó Jhon Jairo Hoyos, hijo de uno de los políticos masacrados el 18 de junio de 2007 por la extinta guerrilla, después de cinco años de haberlos sacado a la fuerza de la sede de la Asamblea Departamental, ante la sentencia proferida el pasado lunes por el alto tribunal sobre el caso.

“El Estado era garante, responsable de la vida de los diputados, como servidores públicos, además porque ellos habían pedido protección en diversas cartas a los estamentos oficiales y nunca se la concedieron y los dejaron totalmente abandonados”, explicó a su vez sobre el fallo Luis Mario Duque, uno de los dos abogados que representaron a los allegados a los asambleístas en el proceso judicial.

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Al final de este, el Consejo de Estado decidió “condenar a la Nación -Ministerio de Defensa–Policía Nacional- a pagar la suma de $23.004.340.598,63 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal. Dicho monto será girado por la entidad condenada con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales del grupo, presentes y ausentes”.

De igual forma, la sentencia de 207 páginas ordena al Ministro de la Defensa y al Director de la Policía realizar “un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los once diputados en donde se exalte la dignidad humana de estos funcionarios, con la presencia de familiares”.

La sentencia proferida el lunes anterior por el Consejo de Estado no cobija a Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro cometido por las extintas Farc el 11 de abril de 2002.

Y “la construcción, por parte de las entidades demandadas, de un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse. Lo anterior, siempre que los familiares de las víctimas así lo convengan”.

Según señaló Duque, el Consejo de Estado llegó a este fallo de unificación jurisprudencial tras aceptar un recurso de revisión eventual, dado que el Tribunal Administrativo del Valle había revocado una sentencia inicial del Juzgado Primero Administrativo, ante una apelación por parte de la Policía.

Resaltó además que en este último pronunciamiento se catalogó el crimen como de lesa humanidad y se determinó que en el mismo se violó el Derecho Internacional Humanitario, lo que lo convierte en un referente para futuros posibles casos similares.

Con respecto al dinero que recibirán las víctimas, el abogado explicó que el monto general se distribuirá, de acuerdo con unas tablas establecidas por el Consejo de Estado, entre todos los familiares de los once asambleístas, según el grado de consanguinidad, y por los perjuicios morales, daños a la relación de vida y perjuicios materiales de los que fueron objeto.

De igual forma, una vez el fallo quede ejecutoriado, el Ministerio de Defensa deberá indicarle a los allegados a los diputados cómo, cuándo y dónde se va a desarrollar el acto de perdón y la instalación del monumento en honor de sus seres queridos.

Sabor agridulce
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La gran mayoría de los familiares de los diputados prefieron no pronunciarse sobre la sentencia.

Sin embargo, Luis Mario Duque, uno de sus apoderados, aseguró que los embarga “el sabor agridulce de ver que se hizo Justicia, pero les rememora todo el sufrimiento que tuvieron a partir del secuestro y todas las veces que recurrieron al Estado para poder que ellos volvieran a la libertad.

Es un sentimiento encontrado, independientemente del tema pecuniario, porque ningún dinero del mundo le devuelve la vida a una persona y más en este caso tan especial, con diputados que recibieron 18 tiros, 5 tiros, 9 tiros a quemarropa. Es horrible recordar esa época”, concluyó.