Atracos callejeros: panorama del delito que le roba la tranquilidad a los caleños

Incluso, pese a la muerte, el enfermero y rescatista de la Defensa Civil, John Edward Castañeda, quiso ayudar a los demás.

– A mí no me gustaba hablar de la muerte, pero John Edward me decía: si a mí me llega a pasar algo, dona mis órganos – dice su pareja, la enfermera Erika Ospina, con quien John Edward, 27 años recién cumplidos el 8 de enero, tenía un hijo de 3.

Lo mataron en medio de un atraco el viernes 26 de marzo de 2021, a las 4:06 de la mañana, mientras esperaba la ruta Decepaz en el barrio Remansos de Comfandi para dirigirse a su turno como enfermero de la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali, donde atendía pacientes con covid-19. El delincuente que lo asesinó, y que aún sigue en las calles, le arrebató un celular que en el mercado no cuesta más de $600.000.

— Da rabia, mucha rabia. No es justo que una persona que no le hacía daño a nadie, que salía a ayudar todos los días, pierda su vida por un celular. Eso no vale una vida. Las autoridades deberían hacer su trabajo mejor. Porque en Cali no hay seguridad para nadie. Días antes de que mataran a John Edward, en el mismo paradero de bus, me robaron el bolso. Fue el mismo tipo que lo mató. Ese día me sacó un cuchillo – dice Erika con un tono de voz bajo, opacado por su tapaboca, y sus ojos se inundan.

Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali, 22 ciudadanos, el equivalente a dos equipos de fútbol, han muerto en medio de atracos entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2021; el 8.2% de los 269 asesinatos registrados en ese periodo.

Desde el Observatorio se advierte que puede existir un subregistro, así que es posible que los asesinados por hurtos sean más. En las estadísticas no se incluye aún el caso más reciente: el homicidio en el Cerro de las Tres Cruces de Jorge Felipe Tobón Sánchez, 25 años, exjugador de la selección de hockey, a quien mataron después de que lo atracaran junto a su novia y la defendiera de una violación, el domingo 18 de abril de 2021.

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John Edward Castañeda entró a la Defensa Civil siendo un niño. Tenía 13 años. La vocación por ayudar provenía de su madre, quien se ha dedicado a aliviar las penas de los animales callejeros. Los Castañeda son de esas familias que consideran que así tengan un solo pan, lo reparten entre quienes lo necesiten.

En la Defensa Civil integraba el grupo más especializado, que se encarga de la búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Durante una semana, John Edward estuvo en Mocoa, Putumayo, donde en la noche del 31 de marzo de 2017 y la madrugada del 1 de abril, las lluvias provocaron los desbordamientos de tres ríos generando deslizamientos que dejaron 1.400 fallecidos, 400 heridos, 200 desaparecidos.

– Él ponía como prioridad a los demás. La última emergencia en la que participó como rescatista fue en San Pedro, Valle del Cauca, donde ocurrieron deslizamientos debido a la ola invernal – dice Cristian Echeverry, uno de sus grandes amigos, y quien no olvida lo que le dijo John Edward dos semanas antes de morir: “estoy cansado de que me roben”.

Ya lo habían atracado en una ocasión mientras hacía ejercicio, y cuando caminaba por el barrio Siete de Agosto. Tal vez ese agotamiento de estar a merced de los delincuentes fue lo que lo llevó a reaccionar el día que lo asesinaron.

La noche anterior, el jueves 25 de marzo de 2021, su moto se pinchó. En la clínica donde trabajaba como enfermero había pedido el cambio de turno al de la mañana y no el que le correspondía, el de la tarde, porque quería asistir al asado que le iban a hacer a su papá por el cumpleaños. Ambos estaban intentando recuperar el tiempo perdido después de una relación difícil.

Por eso el viernes 26 de marzo John Edward se levantó tan temprano. Aunque el turno empezaba a las 6:00 de la mañana, él, siempre responsable, no quería que, al tener que coger bus por su moto pinchada, fuera a retrasarse. A las 4:06 de la madrugada apareció el ladrón que le disparó en el paradero. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido recompensas para capturarlo.

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Las denuncias por hurtos en Cali se incrementaron en un 148 % en abril de 2021. El Secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, cree que eso se debe en parte a que las bandas dedicadas a otros delitos, optaron por el hurto callejero.

Además, sospecha que parte de la inseguridad se explica por la crisis humanitaria que atraviesa la ciudad debido a la pandemia del nuevo coronavirus, los miles de empleos que se han perdido, y la presión migratoria.

— Sin embargo, quiero aclarar que no le estoy echando la culpa de la inseguridad a los venezolanos quienes, por la situación política y económica, han huido de su país. Si eso lo he dado a entender, me disculpo porque no es lo que quiero decir. No pretendo promover la xenofobia. Lo que estoy diciendo es que con la situación de la población migrante, en Cali tenemos una crisis humanitaria y falta acompañamiento del gobierno nacional y la solidaridad internacional.

Es cierto que en algunos atracos han capturado a venezolanos, pero son minoría. Cali es una ciudad de chefs, deportistas, profesores, empresarios de Venezuela que llegaron a aportar sus conocimientos y mano de obra.

La explicación de la inseguridad, entonces, está en otra parte. El concejal Fernando Tamayo, quien fue víctima de un asalto –hombres armados ingresaron a la vivienda de su mamá y después de abofetearla y pegarle una patada se llevaron relojes, cerámicas y un celular– considera que parte del problema obedece a que la seguridad ciudadana no es un asunto prioritario del actual alcalde, Jorge Iván Ospina. En ello coinciden otros concejales como Juan Martín Bravo, y el docente y analista en seguridad Álvaro Pretel, aunque con matices.

Álvaro señala que la seguridad ciudadana debe ser prioridad para la Alcaldía, pero también para la Gobernación, el sector privado, “y de esta manera superar los problemas estructurales”.

Entre enero 1 y el 7 de abril de 2021, en Cali reportaron 257 homicidios, 6 más que en el mismo periodo de 2020. Comunas 13, 14 y 21, con el 31,9% de los casos.

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Los hurtos y los homicidios, además, no son una problemática exclusiva de la actual alcaldía. La herencia del narcotráfico de las décadas del 80 y 90 convirtió a Cali en una de las capitales más violentas del mundo. Incluso en 2021, después de un año de confinamientos y toques de queda por la pandemia, la ciudad continúa en el ranking de las 50 más violentas del planeta. Pero es cierto, continúa Pretel, que no es posible tapar el sol con una mano: “la seguridad no es prioridad para esta Administración”.

— Lo demuestra la baja ejecución presupuestal de la Secretaría de Seguridad (63 % en 2020), la discontinuidad de programas que arrojaron resultados en el pasado -todo por fines políticos-, o la contratación de empresas no idóneas para realizar actividades -Imprenta Departamental para hacer mantenimiento a las cámaras de video vigilancia-. Pese a eso me gustaría dejar algo claro. Necesitamos también una mayor acción y respuesta por parte de los organismos de seguridad y justicia, pero para esto necesitamos de un líder que los articule, que genere inversiones estratégicas y direccione la política de seguridad. Hasta ahora no los hemos encontrado ni en el Alcalde ni en su Secretario de Seguridad.

Otro argumento que exponen quienes consideran que la seguridad no es prioritaria para quienes hoy gobiernan la ciudad es que ninguno de los proyectos que se financiarán con el empréstito de $ 650 mil millones que le aprobó el Concejo a la Alcaldía está dirigido al fortalecimiento de la Fuerza Pública o a la prevención del delito.

Y los homicidios, como los hurtos, aumentan. Entre el 1 de enero y el 18 de abril de 2021, pese a los toques de queda, ley seca, pico y cédula, en Cali mataron a 285 personas; 23 más que en 2020, cuando, en los dos primeros meses del año, no había restricciones a la movilidad porque aún no había llegado la pandemia del coronavirus. Paradójicamente, matan más gente en meses en los que la ciudad ha estado confinada.

— Eso es muy grave. Cali tiene un indicador sostenido de reducción de homicidios que debe cuidar. Por eso la ciudad requiere de un plan de choque que enfrente ese aumento de homicidios como los hurtos. La ciudadanía está cansada y no encuentra respuestas. Lo vemos con el cosquilleo en el sistema de transporte, no hay respuesta a ese delito. Y lo más grave es que en sitios ya recuperados, como la calle 13 frente al Palacio de Justicia, volvieron los atracos. El agotamiento ciudadano se debe también a que la acción de la Policía se reporta frente a los casos que se vuelven mediáticos. ¿Y los que no? – dice el analista en seguridad Alberto Sánchez, quien advierte otro asunto que debe ser prioritario en la seguridad de Cali: prevenir la violencia contra la mujer. Ya son varias las mujeres que han sido violadas, o que estuvieron a punto de serlo, durante un robo.

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Desde el Concejo se pide enviar “un mensaje contundente a los delincuentes”. Como sacar el Ejército a las calles de manera permanente, en las comunas que limitan con las zonas rurales, y conformar patrullas para que circulen en puntos críticos. Es la propuesta del concejal Fernando Tamayo.

El docente Álvaro Pretel considera sin embargo que parte de la solución es dejar de ver la seguridad con fines políticos. De un lado y del otro escucha propuestas como “militarización” o, al otro extremo, “únicamente programas sociales”, para ganar votantes, pero sin una estrategia de fondo. El Alcalde, por su parte, aseguró que quien quiera un cambio en el Secretario de Seguridad, “tiene que ganar la Alcaldía”.

—La seguridad debe ser vista como algo integral, no de derechas o izquierdas. Debe incluir una serie de acciones conjuntas que superen problemas estructurales y minimicen amenazas que aumentan la victimización. Por ejemplo se debe prohibir el porte y venta de armas de fuego, pero también armas cortopunzantes y no letales; generar una fuerza de tarea conjunta para Cali y un nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes que responda a amenazas y no por ubicación geográfica. Y potenciar los sistemas de denuncia. Una app en la que el ciudadano pueda denunciar y anexar material probatorio, y que este llegue al centro de comando y control - dice Pretel.

Según los reportes de la Policía, entre enero y abril de 2021, 458 personas fueron capturadas en Cali por hurto; 235, más de la mitad, ya están libres.

Parte del problema obedece a que los hurtos de celulares, relojes, bicicletas, una cadena, son considerados por la ley como ‘delitos de menor cuantía’, luego los responsables no pagan cárcel, a no ser que tengan varias denuncias por diferentes robos.

Y es cierto que denunciar en Colombia no es fácil. A Fernando Henao, 21 años, un estudiante de desarrollo de videojuegos del Sena, lo atracaron el martes 20 de abril de 2021 en la estación San Pedro del Sistema Masivo de Transporte. Uno de los asaltantes le hizo un lance con un cuchillo después de que otro cómplice le arrebatara el celular. El ladrón lo hirió en el pecho, cerca al corazón. La herida no fue profunda. Después de salir del hospital San Juan de Dios donde le aplicaron una inyección antitetánica, Fernando se dirigió a la estación Fray Damián para poner la denuncia por robo y tentativa de homicidio. Lo devolvieron.

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Según los funcionarios que lo atendieron, alguien más había puesto una denuncia por el mismo hecho, pero solo por el robo, y, según ellos, Fernando no podía poner una denuncia adicional, lo que es falso. Después le dijeron que debía pedir cita en Medicina Legal para que certificaran que fue atacado con un cuchillo. Mientras surten los trámites, lo más probable es que el asaltante recobre su libertad.

Pero además en la ciudad no hay dónde meter tanto preso. Las estaciones de policía reportan un hacinamiento de alrededor del 400 %. Capturados que permanecen allí de manera transitoria mientras un juez les define su situación judicial.

El Secretario de Seguridad dice que está haciendo las gestiones con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para recibir y adecuar una bodega que le perteneció a la mafia como centro transitorio de reclusión. Pero el proceso puede tardar meses. Cali es una ciudad donde nadie quiere tener cerca a su casa o su oficina una bodega repleta de capturados.

Entre enero y abril son 458 los capturados por hurto en Cali; 185 están en la cárcel, 38 tienen medida domiciliaría y 235, más de la mitad, están en libertad.

La mayoría de los ciudadanos que mueren en medio de atracos son jóvenes. Natalia Cortez Tenorio tenía 20 años cuando la asesinaron en el barrio Los Lagos después de que un delincuente le quitara de un balazo el morral donde llevaba su portátil. Ella estudiaba producción audiovisual en el Sena y quería ser psicóloga.

A Rubén Perdomo también lo mataron en el cerro de Cristo de Rey. Tenía 21 años, un hijo de tres. Le dispararon en la cabeza cuando defendía a su novia de los ladrones. ¿Cuánto pierde una sociedad que no le permite a sus jóvenes realizarse, estudiar, trabajar, ser padres, vivir? ¿Qué consecuencias tendrá el dolor que deja la inseguridad en tantas familias, en esos hijos que se quedan sin padres, en esas mamás sin esposos?

Erika, la pareja del enfermero John Edward Castañeda, dice que desde que lo asesinaron procura trabajar en las noches y dormir en las mañanas. Es una manera de distraer la mente, despistar la tragedia. A Samuel, su hijo de tres años, le explica de a poco lo que pasó, aunque aún no entiende el significado de la muerte. Cuando escucha una moto cerca a la casa, Samuel corre a la puerta suponiendo que es su papá. O cuando ve una de sus fotos, le da besos. Erika anhela que lo recuerde como ese hombre cuya vocación de servicio la trascendió con amor incluso pese a los asesinos: “dona mis órganos”.

Para el concejal Juan Martín Bravo, el control político del Concejo en el tema de la seguridad ha sido “permisivo”.

“No podemos seguir permitiendo que si vemos que los resultados de algunas dependencias no son efectivas, el Concejo no tome las acciones que le corresponden”, dice.

El concejal propone la creación de un bloque especializado dedicado exclusivamente al delito del hurto.

“También debe haber flujo de policías donde los caleños hacen deporte, y solucionar dos problemas: el de la justicia y la falta de empleo”.

¿En qué consiste la propuesta para que las empresas de seguridad privada cubran puntos críticos?

Venimos trabajando desde el año pasado con la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, entidad que aglutina a gran parte de las empresas dedicadas a la seguridad en Cali. La idea es buscar un punto de apoyo con ellos dada la experiencia, logística y el talento humano que manejan. Vigilan los centros comerciales, unidades residenciales, edificios, el sector público y privado, cuentan con 22 mil guardas contratados, tienen vehículos, motos, radios, cámaras, entonces la propuesta es que ellos amplíen los perímetros de seguimiento y monitoreo en materia de amenazas frente al tema de la seguridad. Por ejemplo: Centro Comercial Palmetto. La empresa de seguridad vigila la parte interior. Nuestra propuesta es que amplíen el perímetro al área externa, y, usando los mismos vehículos, conectividad con la Policía, hacer prevención, disuasión del delito, y tener más oportunidad de actuar. Lo que buscamos es multiplicar las coberturas en seguridad. Con la infraestructura que la vigilancia privada tiene en Cali, podemos ganar espacio para generarle más tranquilidad a los ciudadanos. Este piloto arrancaría a partir del segundo semestre del año.

¿Cuánto costaría esta iniciativa?

En la primera fase en la que estamos no nos costaría prácticamente nada porque vamos a arrancar con la Fundación Atlas, de la empresa Seguridad Atlas. Ellos tienen un remanente de personal e infraestructura para ponerlo a trabajar en este proyecto, sin costo económico. Es un aporte desde la empresa privada a Cali. Se debe hacer un esfuerzo de la Alcaldía para facilitarles los permisos de pico y placa para que los vehículos que van a realizar las rutas de seguridad lo puedan hacer. Y tendríamos que aportar una central de comunicaciones. Nos falta una reunión con el Comandante de la Policía para coordinar el proyecto con ellos.

¿Será una iniciativa que responda solo a la coyuntura o se mantendrá?

La idea es que esto sea un programa permanente. No nos interesa un piloto de dos meses. Nos sirve un programa que funcione en gran parte de la ciudad y se mantenga.

Otra necesidad de Cali es una nueva cárcel. ¿Cuándo arranca?

Es el proyecto más importante para Cali en materia de seguridad. Ya recibí el oficio del consorcio que está haciendo los estudios previos. Espero que la construcción arranque el año entrante.

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Usted ha propuesto que los recursos por la sobretasa de la seguridad los maneje directamente la Alcaldía. ¿En qué va el proyecto?

Estoy trabajando en el diseño de un proyecto de acuerdo. Es una iniciativa de la Alcaldía que se le presentaría al Concejo para su aprobación. Yo creo que lo podemos lograr, pero es algo que se debe debatir. Cali tiene el derecho de manejar esos recursos para que los utilice en su propio plan de seguridad. Los recursos los maneja la Gobernación por una ordenanza de la Asamblea Departamental. Se debe presentar el proyecto de acuerdo y bajo el principio de la legitimidad, que el mismo municipio ejecute esos recursos, porque es un recaudo que se hace entre los caleños.

Sin embargo se le hacen críticas por la baja ejecución del presupuesto de su despacho el año anterior, apenas se ejecutó el 63 % del presupuesto…

Las condiciones del año pasado son diferentes a las de este año. El año pasado hubo Plan de Desarrollo nuevo. Cuando hay cambio de Plan de Desarrollo hay dos meses en los que no se pueden hacer contratación porque los sistemas que manejan la contabilidad y la parte financiera de la Alcaldía deben ‘atemperarse’ a las disposiciones del nuevo Plan de Desarrollo que entró en vigencia en el segundo semestre del año pasado. Este año eso no va a ocurrir, así que tengo dos meses de ganancia para la ejecución de los recursos de la Secretaría. Y lo segundo, recuerda que el año pasado, por la pandemia y los plazos que se dieron, hubo una caída en el recaudo de impuestos. Este año eso no será así, pero eso afectó también la ejecución del presupuesto. En este 2021 estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda - ya me dieron luz verde para ejecutar $80 mil millones – y estoy acelerando con el equipo jurídico la contratación de esos recursos. Mi reto es ejecutar más del 90% este año, porque no me quedaría bien seguir bajo en ejecución porque son recursos públicos que se requieren invertir en la seguridad de los caleños.

Usted dijo que el mantenimiento de las cámaras de vigilancia es un ‘chicharrón’. ¿Por qué?

Este año tengo $9.000 millones para el sistema de cámaras de vigilancia (cámaras nuevas, reparación de las que hay, conectividad, cableado, mantenimiento, etc). Como son recursos de licitación, una licitación se demora entre dos y tres meses. Ahí ya tengo un problema: si el 10 de enero tengo que reparar unas cámaras en puntos críticos, no puedo ejecutarlos porque debe hacerse primero una licitación. El sistema de vigilancia debe funcionar los 12 meses al año y hay meses en los que estoy maniatado por esa y otras circunstancias administrativas para hacer los mantenimientos. Por eso mi propuesta es crear una entidad dedicada exclusivamente al mantenimiento de las cámaras. Que la Alcaldía le transfiera los fondos y esta entidad los ejecute todo el año. Eso me ayudaría porque también hay mucha minucia en el tema del mantenimiento: reparar cableado, conectividad, monitores, las sillas, y queda muy difícil dedicarme a eso, con todos los retos que exige la seguridad en Cali.

¿Cuántas cámaras están funcionando?

1.200. Reparando 100, en junio tendremos 1.300, y el resto, unas 450, algunas se deben cambiar porque están muy viejas y a otras se les debe hacer mantenimiento.

A usted se le cuestiona porque la ciudad no tiene una estrategia clara de seguridad. ¿Qué responde?

Quienes digan eso no conocen los contendidos del Plan de Desarrollo, y tampoco conocen el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es una herramienta de planificación estratégica de la seguridad, Cali lo tiene. Les invito a que lo conozcan, para determinar si la ciudad tiene o no una estrategia de seguridad. Las críticas lo que quieren hacer es generar una sensación de crisis en el tema de la seguridad, y desconfianza en las instituciones, por un interés político.

Según el Secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, cada año se recaudan en promedio $14 mil millones en todo el departamento por el concepto de sobretasa a la seguridad. El 50% de esos recursos los aportan los caleños.

Parte de esos dineros se destinan a la construcción del Comando de Seguridad y Emergencias del Valle, con sede en Buga. Según el Secretario, las obras terminan este año. Con los dineros de la sobretasa, agrega, en Cali se han hecho otras inversiones.

En 2020, tras la llegada de la pandemia del coronavirus, se compraron 2.500.000 tapabocas, además de gel antibacterial, jabón y demás elementos de bioseguridad para la Fuerza Pública y diferentes autoridades, por un valor de $4.000 millones. Ese contrato está siendo investigado por la Contraloría. También, asegura Camilo Murcia, con los dineros de la sobretasa se costearon los gastos de logística, alimentación y alojamiento del nuevo pie de fuerza que llegó a la ciudad. Y se entregaron dos drones para la vigilancia de Cali, además de una unidad móvil, por $ 1.500 millones.

“También se entregaron dos carpas para el fortalecimiento de la seguridad ambiental en Los Farallones, que tiene un problema enorme de minería ilegal. Para este año el plan es entregar 130 motos, 100 para la Policía y 30 para la Policía Militar, por $5.000 millones, Continuamos con el plan de recompensas, con un monto de $1.000 millones, con lo que se ha podido resolver delitos como el de Llano Verde. Y vamos a comprar diez camionetas por $1675 millones, así como el pago del Soat de los vehículos de la Policía, por $500 millones, porque hay muchos vehículos fuera de funcionamiento por carencia de estos elementos”, dice el Secretario.