Más de la mitad de la coca del Valle está a 15 minutos de Cali

Más de la mitad de la coca sembrada en el Valle del Cauca se encuentra a 15 minutos de Cali. Según los datos del Observatorio de Drogas de Colombia, Jamundí pasó de registrar 61 hectáreas sembradas con coca en 2017, a 116 en 2018, casi el doble, y a 1319 en 2019, doce veces más.

Eso ubica al municipio como el primero en el departamento con más cultivos ilícitos. Le sigue Buenaventura, con 918 hectáreas sembradas. Después, muy por debajo, Dagua, Bolívar y Calima El Darién. Pero el 60% de la coca en el Valle (el departamento registra 2329 hectáreas sembradas) se concentró en Jamundí en apenas un año. ¿Por qué?

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El investigador y politólogo Ariel Ávila estuvo hace unos días en Jamundí. Dice que llegó al corregimiento de La Liberia, caminó hacia una meseta desde donde se podía observar una panorámica de la zona, y se sorprendió: nunca imaginó ver tanta coca sembrada en las goteras de Cali, la tercera ciudad de Colombia. Enseguida un campesino le explicó lo que ocurre. Hace un año, por un kilo de pasta de cocaína, los narcotraficantes pagaban $1.900.000. Ahora pagan $3.000.000.

— Hay una explosión sostenida del precio de la coca. Y el Gobierno ha presionado en muchos lugares la erradicación de los cultivos, lo que hace que la gente se vaya hacia otras zonas, como Jamundí, que hace parte del corredor hacia El Naya, estratégico para sacar la droga del sur del país. Esa es parte de la explicación del fenómeno. Pero sorprende ver tantos cultivos de coca tan cerca a Cali. Nadie se imaginó ver esto al lado de una ciudad capital – dice Ariel.

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Pese a que fue consultado para este informe, el coronel Henry Mauricio López Cano, comandante de la Tercera Brigada, no dio sus explicaciones sobre lo que está pasando en Jamundí. El coronel apenas escribió por WhatsApp que sobre el aumento de los cultivos ilícitos, “el alcalde los puede ayudar”. El silencio de las autoridades también dice mucho de lo que está ocurriendo en el municipio.

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A esta altura del año, 18 de octubre, en Jamundí la cifra de homicidios ya superó la de todo el 2019. Según los datos de la Alcaldía, hasta el momento se han registrado 79 asesinatos, mientras que el año pasado cerró con 74.

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El año más violento en Jamundí en la última década fue 2018, cuando por primera vez en diez años el municipio superó los 100 homicidios, para un total de 103. Aquella violencia se debió a la disputa entre la disidencia de la guerrilla de las Farc, la columna Jaime Martínez, y Los Pelusos, una disidencia del Ejército Popular de Liberación, EPL. Peleaban por el territorio; por el dominio de los cultivos de coca.

Pareciera que la ‘victoria’ de esa guerra fue para la disidencia Jaime Martínez, comandada por Leider Yohani Noscué, alias Mayimbú, al que las autoridades le atribuyen la masacre ocurrida en la vereda Comuneros del corregimiento La Meseta de Jamundí, el pasado viernes 9 de octubre.

Esa noche, mientras el país estaba atento al partido de la Selección Colombia contra Venezuela por las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Qatar, mataron a Meyer Dayan Ramírez, de apenas 28 años; José Luis Campo, de 32; Édgar Hernández Campo, de 41 y Éider Gutiérrez Corrales, de 59.

El 11 enero de 2020, en el mismo corregimiento ocurrió otra masacre en la que murieron cinco personas, cuyos cuerpos fueron arrojados de un vehículo. Las víctimas se llamaban Jonathan Segura Micolta, Arbey Aguiño Mosquera, Henry Bedoya Montoya, Juan David Cuero Cabezas y Luis Alberto Carupe Ávila. Según Medicina Legal, presentaban impactos de bala en la cabeza, la cara y los brazos. También señales de tortura.
En ese momento la Gobernación del Valle ofreció $300 millones de recompensa para dar con los responsables. Con la masacre del pasado fin de semana ocurrió lo mismo. Pero hasta el momento no se ha capturado a nadie por estos hechos.

— En Jamundí el comportamiento de los homicidios es distinto a ciudades como Cali, Palmira, Yumbo. Acá tenemos un 50% de asesinatos en la zona rural, y un 50% en la zona urbana. Por eso en la zona rural necesitamos intervención no solo militar, sino social por parte del Estado – dice el alcalde Andrés Felipe Ramírez.

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Hay otros indicadores que podrían estar relacionados con el aumento de la violencia en Jamundí y el crecimiento exponencial de los cultivos de uso ilícito. El municipio, como se mencionó, al ser frontera con el departamento del Cauca, hace parte del corredor hacia El Naya por el que los narcotraficantes mueven la droga desde el sur del país hacia el Pacífico y después al exterior. Un remanente de esa droga se destina al microtráfico, otro ‘negocio’ de la disidencia Jaime Martínez en el casco urbano.

Jamundí, además, según los datos de la Alcaldía, tiene un registro de alrededor de 14.000 víctimas, la mayoría del conflicto armado, y en el Valle es el segundo municipio receptor de migrantes después de Cali, lo que, explica el alcalde Andrés Felipe Ramírez, “genera una presión social y económica muy fuerte”.

De hecho, la población que tiene un trabajo formal llega apenas al 8.5%. Históricamente el gran empleador ha sido la Alcaldía, que está buscando atraer inversión extranjera y la llegada de nuevas empresas para transformar esa realidad.

Jamundí igualmente ha crecido tanto en términos urbanísticos, que pareciera confirmarse lo que se dice desde hace dos décadas: “terminará siendo un barrio más de Cali”. Entre 2014 y 2019 en el municipio se construyeron – y vendieron - 27.636 viviendas, el 72% de interés social.
Ese crecimiento repercute, de a poco, en la seguridad. Mientras que en una ciudad como Tuluá el perímetro que debe cubrir un cuadrante de la Policía es de 0.6 km, en Jamundí es de casi 4 km, según un diagnóstico de la Alcaldía.

A lo anterior se le debe agregar que Jamundí no solo cuenta con recursos limitados para la seguridad, sino que el Fondo de Seguridad del Municipio, una cuenta bancaria con alrededor de $600 millones para financiar estrategias de prevención del delito, fue embargada. El actual alcalde debió entonces abrir una cuenta nueva “para destinar recursos a un plan al que hemos llamado ‘Del miedo a la esperanza’”.

De otro lado, en Jamundí ocurrió algo que poco se entiende, teniendo en cuenta no solo que el conflicto armado ha golpeado históricamente al municipio, sino que son 1200 las familias campesinas dedicadas a la siembra de coca. Pese a ello Jamundí no fue incluido en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Tampoco hace parte de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, con las que el Estado pretende “brindar seguridad a la población rural y combatir a los grupos criminales en las regiones más apartadas e impactadas por la violencia”.

— El no ser incluido en estos programas evidencia el abono estatal en el que ha permanecido Jamundí. Lo que necesitamos en el municipio es hacer presencia institucional, no solo de Fuerza Pública, sino inversión social en la zona rural, para que las personas sustituyan los cultivos ilícitos. Los campesinos tienen la voluntad de hacerlo, pero necesitamos ese acompañamiento del Estado. La Alcaldía y la Gobernación del Valle buscamos mejorar las vías en la zona rural, la estructura educativa, llevar oferta de agricultura, pero se requiere del apoyo del Gobierno Nacional ante la magnitud de la problemática que enfrentamos - dice el alcalde Andrés Ramírez quien, por cierto, debe permanecer escoltado y recorre el municipio en un carro blindado.

— A 15 minutos de Cali hay una guerra relacionada con el narcotráfico que nosotros hemos enfrentado con los recursos escasos de un gobierno local, pero sentimos que el Estado no la ha tomado con la seriedad que esto amerita. Es lo más parecido a los tiempos del cartel de Cali pero en la zona rural alta de Jamundí — agrega.

Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle, aseguró que este año han ingresado $15.000 millones por concepto de la tasa de seguridad que pagamos los vallecaucanos en los servicios públicos.

“Con estos recursos fortalecemos la capacidad operativa de la Policía, con un proyecto bandera que tendrá una inversión final de $43.000, llamado el Centro de Gestión de Emergencias y Crisis del Valle - CGES-", dijo.

El analista Álvaro Pretel, explica que la deforestación es el delito que antecede a los brotes de violencia y a los cultivos de coca. “Es un proceso que dura 3 años, el tiempo que requieren los cultivos para alcanzar su productividad más alta”.

En Jamundí en apenas 3 años se pasó de 60 a 1319 hectáreas de coca sembradas. “Con la deforestación llegan las escaladas de violencia, que no solo tiene que ver con homicidios. También con desplazamientos forzados, minas antipersona, un ‘para estado’: grupos armados ilegales que, por ejemplo, determinan los horarios de la población en la cuarentena por coronavirus”, explica Álvaro.