Años antes de terminar volcada en la Avenida Vázquez Cobo, el pasado 25 de mayo del 2022, la Móvil 62 era un colectivo de transporte público al que le extrajeron las sillas, eliminaron las ventanas y le adjuntaron una camilla para acondicionarla como ambulancia.
Con solo ocho años sirviendo como ‘vehículo de socorro’ en la capital del Valle del Cauca, esta ambulancia Mitsubishi L300 registraba en su prontuario once accidentes de tránsito, incluidos dos volcamientos y nueve estrellones, en tres de los cuales resultaron personas heridas.
Esa misma noche, con la Móvil 62 volcada en el fondo, el alcalde Jorge Iván Ospina calificó a los conductores de las ‘ambulancias choconas’ como un “grupúsculo de irresponsables” que ponen en riesgo la vida de muchas personas, anunció drásticas medidas y que pondría ese hecho en conocimiento de la Fiscalía. Amenaza que no pasó de eso porque la Móvil 62 está de nuevo en las calles trabajando bajo el amparo de otra empresa.
Así como las advertencias del Alcalde no detuvieron la Móvil 62, las autoridades se han quedado cortas en sus esfuerzos por poner orden en el tema de las ambulancias, un negocio que solo en el 2022 movió cerca de $190.000 millones, según estimativos basados en los 9.568 accidentes registrados ese año.
Cuando tiempo atrás se descubrió que era posible hacer del cobro del Soat una mina de oro, muchos de los colectivos de servicio público y patrullas de Policía de Bogotá terminaron en talleres en Cali y en municipios cercanos haciendo su proceso de conversión a ambulancias.
Las ‘buseticas’ habían quedado pensionadas con la llegada del sistema de transporte masivo y su costo era bajo; las patrullas estaban para remate en una bodega en Bogotá. Eran 200 Mitsubishi L300 que le rentaron a la Policía y luego de unos años la empresa Equisrent les renovó el parque automotor y vendió esas usadas a $13 millones. Hasta allá llegaron varios caleños para aprovechar esos ‘saldos’.
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Bastó con retirar las sillas, eliminar las ventanas, pintar algunos logos humanitarios y abrir una puerta posterior por la que entra una camilla, para iniciar la ruidosa competencia por las calles de Cali, a alta velocidad, con el objetivo de levantar la mayor cantidad de heridos en accidentes de tránsito.
Una ambulancia de verdad costaba $200 millones y quienes iban detrás del ‘botín’ del Soat encontraron que las camionetas Mitsubishi L300 que habían desechado los transportadores o la Policía eran las ideales por su velocidad, estabilidad y precio. Todo lo que había que arriesgar era algo más de $20 millones en caso de que el vehículo fuera declarado como pérdida total.
En ocasiones ambulancias dedicadas a traslados de pacientes, salen a buscar heridos de accidentes para ir ajustando caja cuando los pagos de las EPS son demorados.
La 'mina' del Soat
Era claro que ‘la mina’ de plata no estaba en el negocio legal. Mientras una ambulancia que trabaja trasladando pacientes para una EPS tiene una tarifa de $42.000 por servicio en cualquier lugar de la ciudad, sin importar la distancia, una ambulancia de Soat recibe de la aseguradora diez salarios mínimos diarios, unos $386.000 por llevar un herido a una clínica.
Cali tiene hoy 402 ambulancias prestando su servicio en tres modalidades: las ambulancias de medicina prepagada, las que realizan el traslado de pacientes a clínicas y hospitales, y las ambulancias que se dedican exclusivamente a perseguir accidentes de tránsito para cobrarle al Soat. Estas últimas son cerca del 15% de las inscritas en la Secretaría de Salud; unas 70 que recorren a diario las calles con las sirenas encendidas y alta velocidad.
Con la ambulancia básica lista y afiliada a una empresa, todo lo que necesitaba el dueño del vehículo era un conductor arriesgado y un paramédico al lado para cumplir con la norma.
Pero más que un paramédico, y para optimizar el margen de ganancias, muchas de estas empresas contratan muchachos que asisten a institutos para realizar cursos como auxiliares de enfermería y que salen sin la preparación suficiente para atender una persona que es víctima de un siniestro vial.
“En Colombia no está regulada la profesión de paramédico y resulta que paramédico es cualquiera. Entonces suben a una ambulancia a un muchacho que fue a ‘mamar gallo’ un año a un instituto para que sea el primero que llegue a atender a una persona que puede tener su vida en juego, y al conductor le piden un curso de primeros auxilios que dura 20 horas”, cuestiona el representante legal de una empresa que no trabaja con Soat.
Advierte que lo ideal sería que la persona que acompañe al conductor sea un tecnólogo en atención prehospitalaria, que es una persona que va a la universidad durante seis semestres para prepararse, pero la visión aquí es que para que el negocio sea rentable, es necesario minimizar los gastos.
Sumado a ello, en muchas de las ambulancias estos muchachos tienen un salario base y el incentivo para ajustar un buen ingreso son las comisiones que reciben de los mismos dueños de las ambulancias. Hay que acelerar para ganar.
Eso explica hechos como el de la ambulancia que tomó la Avenida Circunvalar en contra vía y atropelló a dos motociclistas; o la ambulancia que en un cabeza a cabeza con otra se estrella en el sur de Cali contra un poste y fallece la paramédica, o la que en medio de la carrera terminó incrustada en la parte posterior de un MIO.
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“Es necesario que en los controles se verifique constantemente la idoneidad del personal de salud en las ambulancias y revisar que los conductores de estos vehículos sean personas competentes y no registren sanciones o faltas graves”, sugiere la concejal de Cali Alexandra Hernández.
De hecho, en un operativo reciente realizado por la Secretaría de Salud, fueron inspeccionadas nueve ambulancias y solo tres cumplían con los requisitos de movilidad. Los conductores de las seis restantes acumulaban 32 comparendos entre ellos y una de las ambulancias fue inmovilizada curiosamente por la falta de Soat.
Se suma a ellos ambulancias que deben millones de pesos en infracciones de tránsito por excesos de velocidad, andar en contra vía o
Pero todo lo que está mal puede llegar a ser peor y al negocio del Soat se sumaron algunas clínicas incentivando económicamente a los conductores de las ambulancias para que llevaran a sus centros médicos a los heridos. A la ‘guerra del centavo’ se sumó el ‘paseo de la muerte’ y muchas ambulancias atravesaban inexplicablemente toda la ciudad para llegar a determinada clínica con un paciente.
En Cali operan 401 ambulancias, según los datos del Reps, pero es imposible conseguir una que levante a
un enfermo o a un herido de arma
de fuego o arma blanca.
El tarifario
Hoy por hoy, lo menos que recibe una ambulancia por llevar a una persona herida en un accidente de tránsito a algunos centros médicos es de $586.000; pero si es un herido ‘bueno’, como ellos lo llaman, puede ser más de un millón.
Según algunos exempleados de ambulancias en Cali, ellos trabajan con las clínicas sobre la base de tres tarifas. Además de los $386.000 que paga el Soat, reciben de la clínica, y en efectivo, $200.000 si la persona llega solo raspada o con algunos golpes; $450.000 por un fracturado no quirúrgico y $700.000 si el accidentado requiere de alguna intervención en el quirófano.
Pero hecha la ley, hecha la trampa y hay días en los que la prudencia de los caleños al volante no les permite ganar lo suficiente al equipo de determinada ambulancia y aparecen entonces las alternativas más perversas.
Porque tan lucrativo se ha hecho el negocio, que exceptuando los heridos a bala o con arma blanca, cualquier evento con un raspón o una contusión puede terminar pagándolo el Soat.
Una caída por escalera, un resbalón, una lesión jugando fútbol, un golpe con algún objeto o los famosos ‘lijados’, se han convertido en un cheque en blanco para las ambulancias.
Esos ‘lesionados’ se pasan como atropellados por un ‘carro fantasma’ y no es el Soat sino la Adres, empresa que administra los dineros de seguridad social en salud, la que responde por la víctima. Pero el dinero para la clínica es demorado y difícil de reclamar, por lo que el valor que reciben las ambulancias es menor que cuando llevan a una persona protegida por el Soat.
Hallaron entonces una mejor alternativa que culpar ‘carros fantasmas’ y fue pagarle $60.000 a un tío o un primo de la víctima que tenga una moto con seguro obligatorio y se reporta como si de allí se hubiera caído.
El modelo ha cobrado tanta fuerza con el voz a voz en las calles, que ahora son las mismas motocicletas las que se acercan a los conductores de las ambulancias para preguntarles por la tarifa y ofrecer su Soat para llevar lesionados a las clínicas.
Por su parte el centro asistencial, independientemente de si los síntomas o las lesiones son leves o no, realizará todo tipo de exámenes, tomografías, radiografías, muestras y cuanta prueba exista para exprimir al máximo el valor total que paga el Soat por paciente.
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‘Los guardados’ son otra modalidad que deja buenos réditos a las ambulancias. Se llaman así porque son personas que en realidad se accidentaron, pero no fueron a un centro médico sino para sus casas y llaman luego a la ambulancia para que los traslade por algún síntoma o hinchazón. Esos nadie se los va a quitar y no tienen salir a máxima velocidad con la sirena puesta.
Con el modelo de ahora se acabó la figura de las ‘ambulancias fantasmas’ porque ya no es necesario andar ocultos en las calles y la mejor opción es estar con los papeles al día para presentar sus cobros como es debido.
En esta cadena figuran también grupos ciudadanos que a través de WhatsApp motociclistas, taxistas, vigilantes y personas del común reportan algún siniestro y reciben $50.000 de la ambulancia que logra levantarlo. Pero lo más grave, aunque recurrente, es que son agentes de Tránsito los que informan de primera mano a las ambulancias del Soat sobre los hechos.
“Es evidente que hay un contertulio entre algunas autoridades que son las que llegan primero al sitio del accidente y llaman a las ambulancias porque hay una coima o una bonificación de las empresas de ambulancias para que lleguen primero a recoger la persona”, señala el concejal Fernando Tamayo.
A kilómetros de la solución
No existe aplicación, línea de emergencia, ni código ni Centro Regulador de Emergencias, asegura el empleado de una empresa de ambulancias, que pueda detener un “negocio tan lindo” como el que hay con el Soat en la capital del Valle.
Por más que la Secretaría de Salud quiera poner control a través del Centro Regulador de Emergencias, son muchas ambulancias que envían al sitio de un accidente y cuando llegan ya no hay herido porque las Mitsubishi L300 ya lo han levantado.
“Aquí mantiene la Secretaría de Salud encima de nosotros, revisando en las oficinas y en las ambulancias todo, pero qué se ganan con venir aquí si la ‘guerra del centavo’ se da es en las calles”, cuestiona un empresario.
“Esto no lo quieren arreglar. Porque quien debe prestar el servicio de salud a la población es la Secretaría de Salud y tal como ocurre en Medellín, debería tener sus ambulancias y los privados deberíamos estar haciendo solo traslados. Así habría en qué recoger al herido de bala, al infartado o al apuñaleado, que hoy no lo levanta nadie porque nadie lo paga”, dice la fuente.
Mientras tanto, como dice el concejal Roberto Ortiz, seguiremos “viendo ambulancias en las calles de Cali como si estuvieran en la Fórmula 1, compitiendo unas con otras y viendo como un semáforo en rojo para ellos se lo pasan como si fuera el verde; poniendo en riesgo a mucha gente”.
La diferencia entre una ambulancia básica y una medicalizada es que en esta última va un médico y en la primera, un paramédico pero sin llevar ningún tipo de medicamento.
De las empresas
Aunque son 80 las empresas de ambulancias inscritas en Secretaría de Salud, solo alrededor de una docena se dedican al Soat. Revisando la documentación, es evidente que hay un carrusel en el que algunos propietarios de carros son también representantes legales de otras empresas. Muchos de ellos apenas pasaron la mayoría de edad.
“Si revisa los documentos, se dará cuenta que hay gente muy joven como representante legal de esas empresas o dueños de ambulancias. Un tema de salud convertido en juego de niños”, dice un a fuente
Hay también ambulancias que han protagonizado 10 y 12 choques, con heridos o que deben millonarias multas por infracciones de tránsito y siguen operando como si nada.
Peor aún, tres de las empresas son propietarias de ambulancias que han sido capturas en controles de la Policía Metropolitana o de Carreteras cargadas con grandes cantidades de cocaína o marihuana.
386 mil pesos recibe una ambulancia de las aseguradoras por cada persona que trasladan a una clínica y que haya resultado lesionada en un accidente de tránsito.