Don Hugo Acevedo asegura que los objetos que vende en una esquina del parque Versalles de Cali “caminan solos”.
— ¿Caminan solos, don Hugo?
— Sí, se los roban. Por eso no puedo emplear a nadie.

Desde hace tres décadas, don Hugo comercializa antigüedades sobre una cobija que extiende junto a un árbol: lámparas, ollas, jarras, tostadoras. Hubo una época en la que el suyo era un emprendimiento próspero, dice. Ahora es muy distinto. En los últimos dos días no ha vendido un peso.

El negocio, sin embargo, le da lo suficiente para sostenerse. A sus 83 años – don Hugo nació en Pereira en 1939 - no tiene pensión.
— No coticé a pesar de que tuve una chatarrería y una cantina. Lo que me gustaba era viajar. Lo que sí pago es salud. Tengo la fortuna de manejar bien la plata. Hice hasta segundo de bachillerato y la contabilidad la tengo aquí – dice y señala con el índice su cabeza.

En la esquina anterior se encuentra el puesto de dulces de Albersy, una venezolana de padres colombianos. Hace cinco años vive en Cali, y hace dos abrió el negocio. Todo se debió a la pandemia del nuevo coronavirus, explica. Ella trabajaba en una panadería de la Terminal de Transportes que debió cerrar a causa del confinamiento, por lo que se quedó sin empleo.

Albersy, de familia de comerciantes, compró un puesto de dulces y después una caseta en la que también ofrece minutos a celular, cigarrillos, bebidas. A la semana gana $300.000, lo que le permite costear parte de sus gastos. Por eso, su objetivo es seguir ampliando su puesto. Ella alguna vez quiso ser enfermera e incluso cursó el primer semestre de la carrera.

— Lo que pasa es que cuando empiezas en la informalidad ves la plata todos los días y eso te gusta. Cuando se ve la plata a diario se pierde el interés por estudiar – dice y se sonríe. Albersy tampoco cotiza pensión.

Sobre la Avenida de las Américas están los negocios de Viviana Ospina: un puesto de arepas, ‘Arepas Vivi’, y un carro en el que ofrece ropa interior tanto para hombre como para mujer.

65% de los dueños de las empresas no conoce conceptos financieros básicos: qué es un costo, qué es un gasto, la diferencia entre ambos.

Todo comenzó hace 17 años, cuando Viviana aún era una niña y su mamá se quedó sin trabajo. Para sostenerlos abrió el puesto de arepas. Después, Viviana siguió con el emprendimiento, se casó, tuvo dos hijos, y decidió iniciar una venta ambulante de ropa. Por estos días, entre los dos negocios, no alcanza a ganar un salario mínimo, por lo que “se vive al día”.

Si paga el arriendo, quién sabe cuándo los servicios públicos.
— Lo que uno se hace es para medio comer, porque los alimentos están muy caros.


El teletrabajo es parte de las razones de la disminución de sus ventas; cada vez son menos los clientes de las arepas al desayuno. Además, no son pocas las empresas sobre la Avenida de las Américas que cerraron.

A Viviana, sin embargo, no le interesa emplearse en una empresa donde le paguen un mínimo por trabajar 8 horas al día. En la informalidad se es dueño del tiempo, dice. Nadie va a decir nada por llegar tarde. Su sueño es formalizarse como empresaria.

— Que ‘Arepas Vivi’ sea una marca nacional. Como no podíamos vender las arepas asadas durante la pandemia porque nadie salía a la calle, nos reinventamos: las hicimos en paquete para que los clientes las preparen en su casa.

Las historias de estos trabajadores reflejan los hallazgos del informe que acaba de presentar el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi, Polis, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia, denominado ‘La complejidad y la diversidad de la economía informal de Cali’, el primer estudio de caracterización de los trabajadores informales de la ciudad.

En Cali, dice el estudio, hay 3000 recicladores; 2500 familias dependen de esa actividad. La mayoría vive en la comuna 21, a la ribera del río Cauca, en límites con Candelaria. El 30% de los recicladores son víctimas del conflicto armado; el 13% son desplazados.

Una de las principales problemáticas de esta población es que el 93% no cotiza pensión. Además, apenas el 40% de los recicladores que tienen entre 18 y 26 años ha completado el bachillerato, lo que se traduce en menos posibilidades de acceder a trabajos mejor remunerados. A diario, cuenta María del Rocío, una recicladora que recorre el norte de la ciudad, gana entre $20000 y $30000, “en los días buenos”.

El estudio de Polis advierte que la tasa de analfabetismo en los recicladores de Cali es del 17%, mientras que en la ciudad es del 2.6%. Y casi el 40% de los recicladores entre 18 y 26 años vive en pareja, por lo que son papás temprano: el 76% de ellos tiene un hijo o más. De otro lado, el 61% de los recicladores tiene acceso al régimen subsidiado de salud, es decir que una tercera parte de esta población está desatendida.

“Los recicladores son los trabajadores informales con mayor grado de vulnerabilidad. Los datos resaltan tres áreas prioritarias de intervención: crear un programa integral de salud para los recicladores, enfocado en incrementar su cobertura en el régimen subsidiado, y brindar elementos de protección para el ejercicio del reciclaje (gorros, guantes y tapabocas). Alrededor del 30% de los recicladores no utiliza estos elementos. Para abordar la problemática de la paternidad y maternidad temprana, recomendamos facilitar el acceso a la educación superior entre los recicladores más jóvenes, dado que esto es un mejor mecanismo para postergar la decisión de tener hijos, además de facilitar el acceso a métodos de planificación familiar. Y se recomienda mejorar la focalización de subsidios gubernamentales. Los recicladores perciben ingresos inferiores a la línea de pobreza, pero solo el 30% son beneficiarios de este tipo de transferencias”, dice el estudio.

Sobre los vendedores ambulantes, se estima que en Cali son alrededor de diez mil. La mitad de ellos trabaja en el centro. El segundo lugar con más aglomeración de vendedores informales es la galería Santa Elena. La mayoría se acerca cada vez más a la vejez, y no tiene pensión. Menos del 10% de los vendedores abordados en el estudio cotiza en un fondo de pensiones.

Otra particularidad es que no son pocos los que llevan como mínimo una década dedicados a las ventas informales. “El discurso que ha existido por parte del sector público sobre la necesidad de formalizar esta población no es el enfoque apropiado, debido a que la permanencia en las ventas informales durante un tiempo prolongado dificulta su transición a la formalidad, más aun cuando es una población que se aproxima a la vejez. Además, en el caso del centro y Santa Elena, las ganancias mensuales percibidas por los vendedores son mayores a las de un salario mínimo”, detalla el estudio.

Una de las problemáticas que enfrentan los vendedores ambulantes de Cali son los prestamos gota – gota. El 50% de ellos ha adquirido alguna vez al menos una de estas deudas con intereses desorbitados, lo que explica otro dato: el 57% ha tenido dificultades para pagarlas.

“La Administración local debe tener en cuenta la edad de los vendedores para realizar intervenciones. A los más jóvenes se les pueden ofrecer programas para fortalecer su capital humano, debido a que tienen más probabilidades de ingresar al mercado laboral formal. Sin embargo, a los adultos mayores, que son la mayoría, se les debe ofrecer otro tipo de programas: acceso a subsidios gubernamentales, facilidad para cotizar a pensión a través de los BEPS, acceso a vivienda. También es necesario facilitar el acceso al sistema financiero regulado”, dice la investigación de Polis, la Cámara de Comercio y Fundación WWB.

Cali, de otro lado, es una ciudad de negocios que los economistas llaman de “bajo potencial de crecimiento”: ventas de empanadas, bisuterías, ventas de escobas o traperos. Se encuentran sobre todo en la ladera y el oriente, justo donde se concentran las mayores tasas de necesidades básicas insatisfechas, escolaridad baja y dinámicas migratorias a causa del conflicto armado.

Por lo regular, quienes lideran los negocios de bajo potencial de crecimiento son mujeres mayores de 50 años, y su emprendimiento es la única opción de generación de ingresos. Los mayores de 40 son las personas que tienen mayores barreras para conseguir empleo tanto en Cali como en el resto de Colombia. Además, el 73% de estas personas ha estudiado máximo hasta el bachillerato.

Igualmente, el 93% de los propietarios de estos pequeños negocios no están en capacidad de generar empleo, y tampoco tienen la suficiente formación para dirigir un negocio: el 69% no lleva registro de sus cuentas; el 91% no se reconoce un salario, pues todas las ganancias van a su bolsillo.

“La economía informal es un sector diverso, complejo y en crecimiento como resultado de la contracción económica causada por la pandemia. Si no se tienen en cuenta estas dinámicas de la informalidad, es miope pensar en políticas de desarrollo económico para Cali”, dice el estudio.

76% de los propietarios de negocios tradicionales no ahorran. Argumentan no tener capacidad para hacerlo.

Que la mitad de la población de Cali trabaje en la informalidad también significa que miles de personas son extremadamente vulnerables a eventos que nadie puede pronosticar como una pandemia, advierte Valeria Trofimoff, investigadora de Polis.

Y eso en una ciudad como Cali genera otros problemas. Como los trabajadores informales en su mayoría no cuentan con sistemas de protección social, y tampoco hay datos confiables con los que se les pueda identificar, saber dónde viven, no solo no es posible atenderlos a través de los programas de la Alcaldía, sino que en tiempos de crisis no es tan fácil que reciban las ayudas.

“La pandemia mostró la dimensión que puede alcanzar el sector informal y lo poco que sabemos sobre su diversidad y complejidad. Un reciclador, un vendedor en el espacio público y una panadería de barrio son informales, pero cada uno de ellos tiene un nivel de informalidad distinto y, por ende, requieren una atención diferenciada”, se lee en el estudio.

Desde el año 2013, hasta 2018, Cali redujo la informalidad año a año. Mientras que en 2013 era del 50.9%, en 2018 cayó a sus mínimos históricos, aunque no tanto como se espera: 45.9%. Desde 2018, debido a que la economía no ha crecido lo suficiente, y después a causa de la pandemia y el estallido social, la informalidad repuntó a cifras cercanas a las de hace diez años.

— Que la mitad de la población económicamente activa esté en la economía informal significa que son personas que no pagan impuestos, y eso tiene implicaciones para la economía porque estas personas se benefician de los programas del gobierno en salud y educación. En términos de la economía local, con la informalidad la vocación de la economía de Cali se va a quedar en actividades que tienen poco crecimiento y poca acumulación de capital humano. Vamos a seguir siendo una ciudad con una vocación de negocios pequeños, que no crecen, emplean muy poca gente, lo que no permite que crezca la economía – dice Lina Martínez, la directora de Polis.


Una de las conclusiones del estudio le apunta precisamente al enorme reto que tiene Cali de brindar formación y educación de calidad para superar la informalidad que, explica Álvaro Pretel, investigador de la Fundación WWB, va mucho más allá de tener un registro de Cámara de Comercio en un negocio.

El objetivo de fondo que debe tener la ciudad es que las empresas informales tengan metodologías formales, mejores prácticas empresariales que permitan su crecimiento. Si las empresas creen, la ciudad crece.

— Estudios de la OIT evidencian que a menor nivel educativo, mayor probabilidad de ser informal. En Suramérica, el 88,3% de las personas sin educación son informales, el 71,6% de quienes tienen educación primaria son informales, 48,9% de quienes llegan hasta secundaria y 33,7 de aquellos que finalizan educación superior. En el caso de Cali, el 70% de la población económicamente activa ha estudiado máximo hasta secundaria, en este sentido es clave mejorar la pertinencia de la oferta en educación media, de manera que sean más los estudiantes que logren culminar sus estudios con motivaciones de continuar con proyectos de vida aspiracionales, conectados con las apuestas productivas que jalonan la productividad y la competitividad en el Valle del Cauca – dice Catalina Herrera, jefe de gestión del conocimiento de la Cámara de Comercio.

80% de las empresas tiene visión de corto plazo, ya que no planean metas o solo las definen con un período máximo de 3 meses.

La banca igualmente tiene un papel clave para propiciar que los pequeños negocios crezcan, y para lograrlo, señala la investigadora de Polis Valeria Trofimoff, los bancos deben generar estrategias para atraer a una población cuya relación con el dinero es distinta: en la formalidad pagan mensual, en la informalidad al día. Los préstamos de los gota – gota son a plazos cortos, de tres meses, mientras que los bancos prestan por años.

— La banca debe entender cómo los informales se relacionan con el dinero para crear programas más adecuados hacia este sector.
El estudio concluye que una agenda pública que promueva la reactivación económica, como se está planteando en la ciudad, “tiene que pasar por el entendimiento del sector informal que provee empleo a la mitad de la población”.