Tras el incendio registrado en la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, y que cobró la vida de 54 personas, el entonces director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, aprovechó para hacer una visita sorpresa a la cárcel distrital de Buga, pero el sorprendido fue él.

Hombres de una empresa privada de vigilancia le negaron el ingreso al Director del Inpec al Pabellón 5, un elefante blanco que duerme en un lote contiguo a la cárcel de Buga, en el que se han invertido $74.649 millones y que debió ser entregado en agosto del 2014, pero que hoy permanece abandonado. Como un sindicado más esperando su condena.

La emergencia carcelaria decretada en mayo del 2013 fue el argumento para que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que administra los recursos del Inpec, le entregara a dedo el contrato 219 al Consorcio Servicios Penitenciarios (conformado por LAB Construcciones y la española Construcciones Rubau) por un valor inicial de $55.343 millones.

Aunque se suponía que era una obra urgente y que abriría 720 nuevos cupos y tendría 20 celdas para visitas conyugales, hoy todo lo que hay es una mole cubierta por la humedad y la maleza, decenas de documentos que certifican las doce veces que se le amplió el plazo al contratista para entregar la obra, las actas de cuatro adiciones presupuestales por cerca de $15.000 millones y las diligencias ante un sistema judicial que aún no dicta sentencia.

La Dirección encargada de obras de Infraestructura de la Uspec aseguró que cuenta con los recursos para buscar otra firma que pueda terminar la obra y ponerla en operación.

Todos tienen velas

De acuerdo con una fuente del proceso, el Pabellón 5 de Buga es un rosario de incumplimientos que involucran al Consorcio Servicios Penitenciarios, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a la Universidad Nacional de Colombia que fue la que realizó, a través de la Facultad de Artes, la interventoría del Contrato.

Fue tanta la pasividad, dice, que en solo dos años se le hicieron siete prórrogas a la entrega final de la obra y fue solo hasta diciembre del 2015 que se le decretó una multa por incumplimiento al contratista; pero acto seguido, se le hizo una adición presupuestal de $6.111 millones y se le dio un año más de plazo para terminar de ejecutar el pabellón de Buga. Pero tampoco cumplió.

El 28 de mayo del 2018, mediante un documento dirigido a la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, el contratista solicita a través de su abogado una conciliación judicial argumentando que la Uspec demoró la entrega de los estudios y diseños, que ha exigido mayores cantidades de obra y que ya las cifras no se ajustaban.

“El consorcio no se encuentra dispuesto a ejecutar obras a precios del 2013, cuando para el 2018 se continúa con la entrega de diseños”, aseguró mediante un oficio Roberto de Jesús Núñez, abogado del consorcio.

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Agrega que algunas de las obras no se habían podido realizar porque la Uspec no tramitó los permisos o porque no habían podido disponer de los espacios para la realización porque siguen a disposición del Inpec.

Andrés Díaz, director actual de la Uspec, no está de acuerdo obviamente con las inquietudes del contratista y asegura que cuando llegó al cargo, en el 2020, supo que la construcción del pabellón había sido suspendida desde el 2019 y se encontraba en un proceso de controversia judicial. 

“Desde ese momento la obra está en el mismo estado. El consorcio presentó una controversia contractual contra la entidad y la entidad la respondió presentando una contrademanda contra el contratista y también inició un proceso de incumplimiento contra la interventoría porque desde el punto de vista nuestro, ninguno de los dos cumplió con las acciones necesarias para poder realizar la obra”, señala Díaz.

Los documentos de interventoría sugieren, no obstante, en varios de los informes que se impongan las multas establecidas al contratista por los incumplimientos “que se deben principalmente a la falta de personal operativo y necesario para implementar en los distintos frentes de trabajo”.

“La falta de personal suficiente para atender de forma oportuna las actividades de ejecución de obra han ocasionado porcentajes muy bajos en la facturación mensual”, dicen informes de agosto de 2017 y junio del 2018.

Las condiciones cambiaron

El paso de los años no solo afectó la estructura del inmueble sino las condiciones técnicas de un contrato que hoy riñe con las normas cambiantes en procesos constructivos.

De acuerdo con Elkin Cárdenas, vocero de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), han realizado varias denuncias sobre los incumplimientos y las irregularidades con este pabellón, pero hace tiempo nos negaron el acceso para pasar revista”.

“Vamos para nueve años y la obra la tienen con vigilancia privada; la Uspec no ha querido referirse a ese elefante blanco porque entendemos que hay demasiadas fallas y por eso no lo han podido poner en funcionamiento”, dice el vocero sindical.

Y las inquietudes de los guardianes del Inpec no son infundadas. Tras lo ocurrido en la cárcel de Tuluá, donde murieron a mediados de este año 54 internos, es difícil concebir la construcción de un centro carcelario sin sistemas contraincendios, como no se tuvo en cuenta en el pabellón 5.

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Una visita técnica realizada por la Uspec en julio del 2019 asegura que el pabellón 5 de Buga va en un 85% de ejecución y en un 90% de avance financiero

Solo se proyectó un sistema de extinción para luego de que haya una conflagración. Tampoco cumple hoy con las normas el sistema de cableado basado en una norma del 2008, porque hoy no se permiten los cables con halógenos como los que instalaron en Buga, ni se ajusta a las normas vigentes el sistema eléctrico que se instaló, por lo que habría que cambiar interruptores y tableros generales.

Desde el 2020 venimos solicitando a los despachos judiciales, dice el Director de la Uspec, “el levantamiento de una medida cautelar que le permita a la entidad tomar el control y poder terminar la obra y no ha sido posible”.

“El último recurso lo presentamos ante el Consejo de Estado para que nos permita terminar esa obra que se necesita y mientras tanto continúe su curso la controversia contractual contra el consorcio y la interventoría, que en algún momento se resolverá”.

El 9 de mayo del 2017, el Consorcio Servicios Penitenciarios reveló, al modificar el acuerdo consorcial, que “LAB construcciones SAS está presentando una grave situación económica que la está padeciendo Construcciones Rubau a causa de deudas civiles y tributarias, situación que está afectando directa y negativamente la ejecución del contrato 219 de 2013 con la Uspec”.

Por tal razón, dice el documento firmado por Julio Pérez Redondo, representante legal de Rubau, y Luis Alejandro Barbosa, delegado por LAB Construcciones, que “para evitar la afectación a las obras que adelanta el consorcio” le cede todos los derechos económicos a Construcciones Rubau y se compromete a “colaborar para recuperar el dinero embargado por la Dian al Consorcio” y le entrega el 25% de sus acciones a la firma española.