Sociedad Portuaria de Buenaventura naufraga en un mar de escándalos

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sprbun, administradora de la terminal marítima más importante del país, naufraga en un mar de escándalos de corrupción y malos manejos que la han conducido a la peor crisis económica de su historia.

Según el balance conocido recientemente, el otrora puerto más rentable de Colombia pasó en solo cuatro años de generar jugosas utilidades a sus accionistas a arrastrar una deuda cercana a los $1,2 billones, que la tiene al borde de la quiebra.

Una crisis que ha intentado esconder la Junta Directiva, según denuncias presentadas ante la Fiscalía y que fueron conocidas por este medio, negándoles información a los accionistas o vendiendo activos de la empresa para entregarles dividendos a sus socios y no cerrar vigencias con números en rojo.

En medio de ese panorama se citó el pasado 28 de marzo a la Asamblea Ordinaria de Socios, la cual se canceló de manera abrupta tras un candente debate, en el que no hubo acuerdo ni para aprobar el orden del día, y en el que accionistas minoritarios acusaron a los miembros de la Junta Directiva, controlada por los socios mayoritarios, de “corrupta” y de estar “saqueando” la empresa.

“La crisis en la Sociedad Portuaria es dramática. Se origina en el sobreendeudamiento y algunos negociados en los que se robaron una plata, como lo denunciamos ante la Fiscalía hace tres años. Hay hechos de corrupción privada; corrupción en la administración y del grupo mayoritario liderado por el señor Manuel Parody, quien tiene el control de la empresa hace cuatro años”, señala Carlos Alonso Lucio, representante de varios socios minoritarios.

Con la atención centrada en los estados financieros que se les presentarían a los accionistas, se fijó como fecha para la Asamblea el pasado 6 de agosto y vino entonces una nueva sorpresa.

Aunque la atención de los medios se inclinó hacia el comentario que le costó la salida al gerente de la Sociedad Portuaria, Carlos Mira, quien dijo que “cuando voy a Cali mi mujer me dice que tengo que bañarme porque huelo a Buenaventura”, la noticia estaba en los balances.

Específicamente en un rubro denominado ‘Otros ingresos’, que históricamente ha estado por el orden de los $8000 millones, explica uno de los asistentes a esa reunión, “pero esta vez, al 30 de junio de 2019, y contra la expectativa negativa con la que llegamos muchos, aparecieron unos dividendos por $25.300 millones”.

La explicación fue sencilla. Adujeron que con corte del 30 de junio del 2019, dentro del rubro ‘Reclamaciones’, por concepto de reliquidación de contraprestación pagada al Invias y al Municipio de Buenaventura por los años 2017 y 2018”, se habrían pagado en exceso esos $30.520 millones y este año no se le girarán recursos a la Nación por concesión portuaria.

Una noticia que más que alegrar a los accionistas les causó una nueva preocupación porque se generaron dividendos en base a una fórmula que ni fue consultada con la Agencia Nacional de Infraestructura ni tiene la autorización del Estado.

De no ser por lo que algunos consideran una maroma contable, la Sociedad Portuaria hubiese generado un déficit de $8777 millones y habría entrado en causal de disolución, dicen accionistas.

Lo que hicieron desde la gerencia, según Carlos Alonso Lucio, es que “se inventaron un artilugio contable sobre un presupuesto inconsulto que podría traer consecuencias con la Superintendencia y con la justicia”.

“Dicen que prepagaron unos dineros de sus obligaciones con el Estado y por eso iban a destinar esos recursos, no al pago de la deuda, sino a repartir dividendos. Pero los dividendos también son para los mayoritarios, de modo que se autopagaron una plata que no correspondía porque la realidad es que la empresa no tiene excedentes”, dice Lucio.

La preocupación de la mayoría de los accionistas es que el Estado rechace la ecuación como la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria liquidó los valores y la empresa continúe camino al naufragio.

Esa zozobra la manifestó también el presidente de Ventura Group-OPP Graneles, Álvaro Rodríguez, que tiene un contrato de operación granelera. “Nos preocupa el futuro de la Sprbun porque, como resultado de una administración que no se está llevando en los mejores términos, y, a nuestro modo de ver, va a dar rápidamente al traste con el tema financiero”.

“Esta situación se presenta desde el año 2015 o 2016 como producto de la compra de Tecsa (Ver nota anexa) y el autoendeudamiento que tuvo que hacer la Sociedad para una compra hecha entre los mismos miembros de la Junta, sin supervisión ni autorización de la Asamblea de Accionistas. Eso ha llevado a una situación de dificultad extrema a la sociedad en la administración que encabeza el grupo de Junta Directiva del señor Manuel Parody”, agrega Rodríguez.

Ante la realidad de la empresa, varios de los consultados coinciden en que lo mejor que puede pasar es que el Estado intervenga la Sprbun antes de que sea demasiado tarde.

Las dudas frente a los estados financieros es solo uno de los muchos señalamientos que hay contra la Junta Directiva de la empresa. También el 21 de diciembre del 2016, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura habría decidido ‘matar la gallina de los huevos de oro’.
Aunque el Artículo 39 de los estatutos de la Sprbun establece que es la Asamblea de Accionistas a la que le corresponde ordenar la enajenación parcial o total de los activos de la empresa, la Junta Directiva decidió vender, sin ninguna autorización, las acciones que tenía la Sociedad Portuaria en Puerto Caldera, Costa Rica.

Lo grave es que la Sprbun es una empresa mixta, con acciones públicas y privadas, y la Junta Directiva habría generado un detrimento patrimonial al vender activos de la Nación porque el 2 % de las acciones era del Estado y otro 15 % es de propiedad del Distrito Especial de Buenaventura.

El argumento para la venta, indicaron algunas fuentes, era que Puerto Caldera no era un activo sustancial, que la Sociedad Portuaria se iba a centrar en operaciones en Suramérica y buscaban solucionar el lío del sobreendeudamiento.

El comprador fue la multinacional chilena Saam, que pagó US$48,5 millones por el 51 % de las acciones que tenía la Sociedad Portuaria en el segundo terminal más importante de ese país centroamericano.

Esa transacción, para Carlos Alonso Lucio, fue “monstruosa” porque sobre el argumento del sobreendeudamiento vendieron Puerto Calderas sin explicar por qué, sin decírselo a Asamblea y en una transacción en la que uno de los miembros de la Junta Directiva, del lado del grupo Parody, fue el intermediario.

“Rudolf Hommes debió declararse impedido por ser miembro de la Junta Directiva. Existen pruebas de que recibió más de medio millón de dólares en comisiones por haber vendido Puerto Caldera, que además se hizo en un 40 % menos de lo que valía. Y para ponerle la cereza al pastel, no se fue ni un peso a disminuir el endeudamiento y se repartió el dinero entre accionistas”, denuncia Lucio.

Pero no sería ese el único conflicto de intereses que se presentó en este caso. Otro de los miembros de la Junta Directiva que vendió las acciones de Puerto Caldera en Costa Rica fue el representante de Equimac, una empresa en la que tiene participación Saam, la firma chilena que terminó favoreciéndose con ese negocio.

La Sociedad Portuaria de Calderas, de acuerdo con algunos accionistas, era un activo valioso para la empresa porque generaba dividendos anuales del orden de los US$10 millones.

Ante los señalamientos en contra de algunos de los miembros de la Junta de la Sociedad Portuaria, El País intentó comunicarse con ellos para conocer sus versiones, pero no fue posible.

Según explicó el gerente financiero, Carlos Gorricho, la empresa tiene una política de comunicarse con medios de comunicación solo a través de los canales establecidos y de comunicados emitidos por la Oficina de Prensa.

No obstante, en pronunciamientos anteriores los directivos de la Sprbun han justificado la mala situación económica en tres factores. Una de ellas, en que el Gobierno cambió la contraprestación y pasó de pagar US$5 millones a US$17 millones.

Las otras razones son la supuesta falta de competitividad porque es el único puerto de la región que no tiene los 15 metros de profundidad que requieren algunas navieras y que se habrían movido al puerto de Guayaquil (Ecuador), y una mayor competencia en el mercado.

Una competencia que se intensificó porque pasaron de tener el monopolio en el principal puerto del país a competir con otras sociedades como el Terminal de Contenedores TCBuen y el Puerto Industrial de Aguadulce.

Sobre el tema del calado del canal de acceso, aseguraron algunos accionistas bajo reserva de identidad, que el Gobierno aún está dudando si el dragado se hace o no.

“La Ministra les dijo que el Estado no tiene con qué pagar el dragado para Buenaventura y les ofreció las contraprestaciones que pagan, pero después de mucho tiempo fueron con una propuesta en la que el Estado debía poner US$30 millones y salieron regañados”, dijo la fuente.

Ante esta situación, de acuerdo con el presidente de Ventura Group-OPP Graneles, Álvaro Rodríguez, hay una preocupación grande. “La Sociedad Portuaria es una empresa muy grande de la región, que genera más de 1000 empleos, y por eso la responsabilidad social y empresarial que tenemos con Buenaventura” .

El contrato de concesión 009 de 1994 era claro: la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura iba a administrar, mas no adelantar labores de operación portuaria.

Sin embargo, decidieron ir contra la corriente y, según varios accionistas, empezaron en 2014 a realizar actividades como carga y descarga de graneles a través de Zelsa S.A.

Varios operadores se quejaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio y mientras iniciaban las investigaciones, la Junta Directiva de la Sprbun solicitó en abril de 2016 modificar la concesión para poder realizar operación portuaria.

Pese a que la solicitud fue rechazada, continuaron operando y el 30 de julio del 2017 vino el desastre.

En la madrugada de ese domingo, mientras descargaban sal, se desprendió el cono de una tolva doble en el muelle 8 y mató a Gabriel Taborda y dejó cinco heridos más.

Por este hecho la Superintendencia de Puertos y Transporte inició en abril de 2018 investigación administrativa.

Medidas cautelares

El 23 de diciembre del 2017 apareció en el diario La República un aviso anunciando por segunda vez una solicitud de modificación contractual.

Dos semanas después la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó medias cautelares a OPP Graneles y ordenó a la Sprbun “abstenerse de ofertar y prestar el servicio de carga a granel en el puerto” hasta que la ANI aceptara modificar la concesión.

Esas medidas restrictivas fueron ratificadas luego por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, pero siguieron la operación.

De acuerdo con Álvaro Rodríguez, presidente de Ventura Group, les inquieta que la situación contractual con OPP Graneles y con todos los operadores de la Sprbun no se respete.

“Tenemos un contrato muy importante con la Sociedad Portuaria; les generamos recursos anuales en el orden de los $11.000 millones y es importante para el puerto que se respete a los operadores; que además generamos, en el caso de graneles y fertilizantes, mucho empleo y podemos mejorar las operaciones”, explica Rodríguez.

Ya los accionistas minoritarios hablaban del conflicto de intereses que existía para que el Gobierno modificara el contrato de concesión portuaria.

De un lado porque la pareja de Manuel Parody era Enrique Riveira, secretario de Presidencia en el Gobierno Santos, y de otro porque la ANI depende del Ministerio de Transporte y la ministra, Cecilia Álvarez, era la pareja de Ginna Parody, hermana de Manuel.

Apareció entonces un cruce de correos en los que funcionarios de la Sprbun y otros de la ANI preparaban conjuntamente el otrosí modificatorio.

Un concepto del abogado Abelardo de la Espriella, solicitado por OPP Graneles luego de conocidos esos correos, indicaba que Fernando Hoyos, Víctor J. González, Manuel Parody y Enrique Ferrer y Andrés Quintero estaban inmersos en los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la firma de contratos.

Luego de revelada esta situación, la Junta Directiva de la Sprbun le anunció a la ANI en marzo pasado que desisten de la solicitud de modificación de la concesión y le pidieron archivar los trámites adelantados.

Contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se adelanta también una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el presunto delito de competencia desleal.

Para la gran mayoría de los accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura es indudable que la crisis que viene arrastrando la empresa empezó el miércoles 19 de noviembre del 2014.

Ese día, y pese a que la Sociedad Portuaria tenía ya el 52 % de la participación accionaria de la sociedad Terminal Especializado de Contenedores, Tecsa, se decidió en una reunión de la Junta Directiva adquirir otro 23,98 % de acciones, las cuales, según se denunció ante la Fiscalía, se pagaron a un precio inflado.

Cuatro grandes operadores portuarios tenían participación accionaria en la sociedad Tecsa: Maritrans S.A., Gran Portuaria Buenaventura Ltda., Elequip S.A. y Nautiservicios S.A., cada una con una participación cercana al 11 %, mientras la Sociedad Portuaria tenía cerca de 52 % de la sociedad.

Además de que la Sprbun ya era el socio mayoritario y no necesitaba la inversión, salieron a pagar US$27,56 por acción, cuando un año atrás el valor era de US$15,46. En total, se pagaron US$29.734.759 y cómo no tenían dinero, hicieron un crédito por US$25 millones.

La sorpresa fue que entre los nueve miembros de Junta que avalaron esa transacción apareció de nuevo Manuel Parody, quien era accionista de Tecsa y nunca se declaró impedido por un conflicto de intereses. Es decir, se vendió sus propias acciones, violando el código de ética y buen gobierno.

Un exfuncionario de la Sprbun consultado sobre el tema aseguró que “ni siquiera la acción de la Sociedad Portuaria ha llegado a un precio como el que compraron Tecsa. Es claro que esos valores fueron inflados para favorecer a alguien no una, sino dos veces”.

La segunda vez fue el 26 de enero del 2015, cuando para sorpresa de los demás accionistas, la Junta Directiva votó nuevamente en favor de adquirir el restante 23,98 % de las acciones de Tecsa por el mismo valor y canceladas en su totalidad vía créditos bancarios por $78.000 millones, como lo reconoció el entonces gerente Víctor Julio González en junio del 2015.

Esta situación fue denunciada penalmente por el capitán Pedro Gutiérrez Hello (q.e.p.d) y Alonso Lucio Escobar en contra de nueve integrantes de la Junta Directiva, entre quienes estaban Rudolf Hommes, Manuel Parody, Víctor Julio González, Fernando Urdaneta y el detenido exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia Ramos.

Apenas ahora, asegura Lucio, comienzan las Superintendencias a mirar el tema, “pero lo cierto es que ha habido a lo largo del proceso, desde que llegó el predominio del grupo Parody a la empresa, una absoluta irresponsabilidad y omisión por parte del Estado colombiano”.

“Yo me pregunto, ¿qué pasa con la Fiscalía de Buenaventura que tiene los hechos conocidos de las sanciones anteriores de la Superintendencia que nos dio la razón. Entonces, por qué la Fiscalía no actúa? Estamos hablando de un problema penal”, agrega Lucio, quien también es accionista minoritario.

Las sanciones a las que hace referencia Lucio por la compra de las acciones de Tecsa por parte de la Sociedad Portuaria se originaron en las investigaciones que adelantó la hoy Superintendencia de Transporte y que derivó en septiembre del 2017 en sanciones contra Manuel Parody.

En su caso, por violar el Código del Comercio y no “abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas”.

La sanción por no declarar el conflicto de intereses correspondió solo a una multa por $36,8 millones. Entre tanto, al entonces gerente de la Sociedad Portuaria, Víctor Julio González, se le impuso una multa de $18 millones por no informar a la Junta lo sucedido.

Esteban Barboza, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Transporte y la Logística, expresa también la preocupación que existe entre los trabajadores de la Sociedad Portuaria por la situación. “Nosotros venimos dando una lucha y nos preocupa que se venden activos de la empresa como el de Puerto Caldera y eso no mejora en nada la situación económica de la Sprbun”.

En eso se basan quienes aseguran que por el ocultamiento de información durante la Asamblea de Accionistas lo procedente es que se declare la nulidad de todo lo actuado. En abril de 2016, Tecsa se fusionó a la Sprbun.

Se compran sus propias acciones con sobreprecio, dice Lucio, “compraron por $40 millones de euros unas grúas pórtico que no se usan; si usted suma todo eso, se da cuenta de que la Sprbun no tendría esa deuda que la tiene hoy contra la pared”.

“Pero aquí también ha habido despilfarro; había gente con salarios de $50 millones y $60 millones a la que les pagaban viáticos y hotel porque venían desde Bogotá. Si usted le suma al endeudamiento basado en la corrupción el manirrotismo con el que están manejando la empresa, eso es inviable y es en el fondo la realidad de lo que está ocurriendo”, dice.