Cadenas invisibles, un testimonio de cómo opera la trata de personas

Por David Matos, periodista de El País.

María del Mar* fue víctima de trata de personas. Así lo asegura ella, cuando migró desde Venezuela hacia Ecuador y Colombia, en 2015 y 2017 respectivamente, para labrarse un futuro próspero, pese a no tener red familiar y social en los lugares de destino que pudiesen orientar y acompañar.

Nacida en el municipio Trujillo del estado con el mismo nombre en Venezuela, esta mujer migrante tomó la decisión de salir de su país por recomendaciones familiares, debido a amenazas continuas que recibió por parte grupos adeptos al gobierno nacional venezolano, luego de ser una líder social en su comunidad y a la par, pertenecer al partido político Voluntad Popular.

En 2015 migró hacia Quito, Ecuador, donde un amigo la invitó a trabajar. Durante un mes, María del Mar trabajó como cocinera en un restaurante. La situación parecía normal, ella comenzaba a relacionarse con sus compañeras, aprendía del negocio y esperaba la fecha de pago para enviar a sus familiares en Venezuela y garantizar su sustento propio. Lamentablemente, este amigo que la invitó en un principio a la ciudad, le exigió que debía darle parte del pago que había recibido como agradecimiento.

“Yo me fui. No me pareció justo que tuviese la obligación de entregarle un pago que iba a recibir por mi esfuerzo y dedicación”, recordó.

Esta experiencia la llevó a buscar empleo, rápidamente, en un bar de la capital ecuatoriana, donde el dueño del lugar que iba a contratarla, para cantar y servir mesas, aseguró que debía retener sus documentos, como pasaporte y cédula de identidad venezolana, para garantizar su contratación.

“Tuve la sensación de que esto no iba para nada bueno. Sentí miedo de que esta persona se quedara con los únicos documentos que me identificaban como migrante venezolana”, aseveró la mujer de 35 años, quien volvió a casa de su amigo, recogió sus pertenencias y regresó a Venezuela.

La retención de documentos personales es una de las formas en que los victimarios ejercen control sobre las víctimas de trata de personas.

María del Mar regresó a Venezuela durante un año. Su familia insistió en que debía migrar nuevamente y así fue como a finales de 2016 viajó hacia Colombia, donde conoció a la encargada de un supermercado, ubicado en el Poblado Campestre, en Candelaria Valle del Cauca.

La jornada laboral de esta mujer migrante era de 15 horas, entre las 7:00 a.m y las 10:00 p.m. Solo tenía una hora para almorzar y dormía en una pieza y una cobija que usaba como colchón y sábana al mismo tiempo. “Una cliente del supermercado supo las condiciones en las que vivía, me dijo que esta señora tenía fama de emplear a jovencitos y pagarles poco o nada por tenerlos trabajando para ella”, recordó.

A los 15 días de trabajar en el supermercado, María del Mar solicitó su pago.

“Agradezca que estos días le he dado comida”, esa fue la respuesta de la empleadora, cuyo nombre no quiso mencionar María del Mar.

“De haber conocido mis derechos y lo que significa el delito de la trata de personas, así como sus riesgos, hubiese sido más cuidadosa antes de aceptar trabajar con personas que, en principio, parecían honradas”, reflexionó.

María del Mar continúa viviendo en el suroccidente colombiano, donde desarrolló un emprendimiento, especializado en la comercialización de ropa talla plus para mujeres, que le permitió estabilizarse económicamente, además integrarse a la fuerza productiva de la región. En paralelo, hace parte del voluntariado de una fundación social sin ánimos de lucro con la que pudo capacitarse en la prevención de la Trata de Personas y las Violencias Basadas en Género (VBG) y apoya a mujeres que son víctimas de este delito.

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que puede tener muchas variantes. Esta no siempre involucra la captura ni el movimiento por medio de la amenaza y la fuerza, y entre sus modalidades se puede mencionar la explotación sexual, a través de la prostitución ajena y otros tipos; los trabajos y servicios forzados, la esclavitud, servidumbre, explotación infantil, matrimonio forzado, mendicidad forzada y tráfico de órganos.

Desde el próximo 30 de julio, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali desarrollará, en alianza con el proyecto Integra de USAID y El País de Cali, una serie de acciones incluida una campaña de comunicaciones con el objetivo de sensibilizar a las personas para prevenir que sean víctimas de este flagelo, tipificado en el artículo 188 A del Código Penal Colombiano, también se busca que conozcan las rutas de atención y orientación si llegan a ser víctimas, o conocen a alguien que lo sea o esté en riesgo de serlo.

A la ruta de atención tienen acceso personas colombianas y migrantes, independientemente de su situación migratoria, en la que pueden hacer denuncias y recibir acompañamiento legal, jurídico y psicosocial a víctimas y posibles víctimas de este delito.

*El nombre de María del Mar fue cambiado para garantizar su integridad.