Comunicadores recibieron formación sobre migración y salud

Por David Matos, periodista de El País.

Periodistas y representantes de organizaciones sociales recibieron una capacitación para reforzar sus conocimientos en torno al derecho a la salud de las personas migrantes y los colombianos retornados, con el fin de promover narrativas con enfoque de género e inclusión social.

Al menos 281 millones de personas vivieron en un país distinto de su país natal para el año 2020. Esta cifra que, destacó la Organización Internacional para las Migraciones, mejor conocida como OIM; precisó que al menos 3,6% de la población mundial son personas migrantes internacionales.

La movilización humana se encuentra motivada por diversos factores que convergen en la necesidad y la meta de las personas en tener oportunidades que mejoren sus condiciones de vida. La migración, considerada un Derecho Humano en la Declaración Universal de 1948, compromete a los Estados en garantizar la protección y el bienestar de las personas migrantes independientemente de su nacionalidad, posición política, creencias religiosas, orientación sexual, identidad de género, entre otros.

La salud hace parte del bienestar de todas las personas, y precisamente esta se encuentra consagrada como un derecho en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1.991 en la que destaca que el Sistema General de Salud y sus prestadores garantizarán el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud de todos sus habitantes.

En este sentido, resulta fundamental que personas encargadas de construir narrativas en torno a la migración, puedan hacerlo con sensibilidad y conocimiento de las normas en Salud y términos correctos para referirse a las personas migrantes con una perspectiva de género que no promueva acciones con daño desde los medios de comunicación social tradicionales y alternativas.

Nuevas narrativas

El Programa Comunidades Saludables de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) impulsó el curso ‘Formación en narrativas periodísticas inclusivas sobre migración y salud’ con el que los comunicadores aprendieron durante dos días conceptos claves y normativa nacional e internacional en torno a la atención en Salud que los Estados tienen la obligación de prestar a las personas migrantes, entre ellas personas procedentes de Venezuela, y ciudadanos que retornaron a Colombia.

El evento contó con la participación de Fabián Colonia García, Enlace Regional para el Valle del Cauca del Programa Comunidades Saludables de USAID; Paola Gómez, periodista y columnista de opinión y experta en temas de género, y Laura Tatiana Osorio, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Entre los conocimientos adquiridos destacó la interseccionalidad, definido por Gómez como las diversas características que complementan a un individuo y permiten comprender la complejidad de las relaciones humanas. “Debemos romper los estereotipos y promover referentes representativos, con el fin de visibilizar otras voces que puedan aportar en la construcción del presente social que tenemos cómo referencia”, dijo la experta con estudios en violencia de género y agente de igualdad.

Asimismo, destacó los principios de Dignidad, Igualdad, No discriminación, Libertad y Autonomía de las personas para mitigar expresiones de xenofobia y promoción del odio hacia las personas que vienen de otros territorios: “97% de los municipios de Colombia cuenta con presencia de personas migrantes de Venezuela que tienen vocación de permanencia”.

La segunda parte del taller destacó por la intervención de Laura Tatiana Osorio, profesional en Trabajo Social, quien presentó una secuencia de los marcos normativos internacionales que tuvieron inicio con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, pasando por el Protocolo contra Tráficos de Migrantes por Tierra, Mar y Aire en el año 2000, y finalizando por el Pacto Global para la Migración en 2018.

Osorio mencionó el artículo 13 de la Constitución de 1991 en el que se estipula que las personas migrantes no podrán recibir un trato discriminatorio debido a su origen nacional. De la misma manera, expuso el desarrollo normativo originado en el contexto de la migración en el que destacaron el Decreto 866 de 2017, que garantiza la atención por urgencias vitales a las personas migrantes, y sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Colombia relacionadas con la atención a salud de personas migrantes, específicamente niños, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Representantes de organizaciones sociales como Fundación Alianzas Solidarias y defensores de Derechos Humanos enfatizaron la importancia de que los funcionarios públicos, las empresas prestadoras de Salud, el personal médico y los funcionarios de seguridad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) conozcan las normas establecidas en la Constitución y leyes ordinarias, con el fin de que se garantice la atención de las personas migrantes sin condiciones que vulneren el derecho establecido.

La sesión se extendió un segundo día en el que los participantes presentaron propuestas innovadoras para fomentar narrativas en torno al derecho de grupos poblaciones vulnerables, como personas migrantes y colombianos retornados.