No hay plata en Cali para atender la salud de los migrantes venezolanos

Muy preocupadas están las autoridades de salud de Cali y del Valle del Cauca con la atención médica a la población venezolana en la ciudad. Una facturación que asciende a $1500 millones mensuales en el Hospital Universitario del Valle (HUV) y a $500 millones en el Hospital San Juan de Dios, son solo dos razones suficientes para preocuparse.

“Es una situación muy compleja, es una bola de nieve y no tenemos cómo responder a esto. Vemos la situación de los venezolanos, estamos supremamente preocupados porque hay personas enfermas a las que no podemos garantizarles los tratamientos con la integralidad que requieren”, advierte la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

La sentencia de la Corte Constitucional que recordó la norma de que todo hijo de inmigrantes nacido en Colombia debe ser afiliado a un régimen de salud, le eleva la presión a los funcionarios de los entes territoriales sobre cómo conseguir los recursos para asumir esa afiliación.

“Nos preocupa la afiliación de estos niños, porque quién va a pagar la UPC –Unidad de Pago por Capitación, valor anual que se reconoce por afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir el Plan Obligatorio de Salud (POS)–; a las familias y a nosotros nos genera intranquilidad, porque esos son recursos que tienen que salir de la Nación”, apuntó la señora Lesmes.

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La funcionaria no cree que el sistema de salud vaya a colapsar, como advierte el superintendente Fabio Aristizábal, pero sí cree que “la atención para estas personas no será la esperada”.

Cifras de dicha Secretaría dicen que en el departamento del Valle la población de inmigrantes venezolanos ya asciende a 58.000 personas. De ellos, 20.000 están regularizados e inscritos en el sistema de seguridad social, 16.000 en el régimen contributivo y el resto en el régimen subsidiado. Pero, ¿y los otros 38.000?

Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali, confirma que la atención brindada a los venezolanos en 2017 facturó 700 millones de pesos; en 2018, ascendió a 2900 millones de pesos, y solo en los primeros cinco meses de 2019, la cuenta ya va en 1328 millones de pesos.

Empezaron atendiendo 1192 venezolanos en 2017, con cinco instituciones de la red de salud de empresas sociales del Estado (ESE). Pero el número aumenta progresivamente: en 2018 pasó a 13.000 personas atendidas; en 2019 ya van 8500 y la proyección para el final de año es que 20.000 pasarán por las cinco ESE y los hospitales HUV, Isaías Duarte Cancino y Mario Correa Rengifo, de la red de atención primaria.
“La cuestión son los recursos, pues a pesar de los esfuerzos, no va a ser sufi- ciente con lo de las entidades cooperantes como Migración Colombia, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y oenegés, que nos han dado su apoyo. Esto genera impactos importantes en las ESE”, puntualiza Sinisterra.

El funcionario enfatiza que desde 2017, la Secretaría de Salud de Cali ha tenido una directriz clara de la administración del alcalde Maurice Armitage, de prestarles atención humanitaria a los inmigrantes venezolanos, que han recibido 30.000 servicios de atención primaria (consulta, medicamentos, exámenes de laboratorio, vacunación, radiografías, odontología y control a madres gestantes con ecografías y monitorías), entre otros.

Hasta marzo de 2019, 1100 embarazadas recibieron control prenatal, por lo que es previsible que se ha atendido un número cercano de estos nacimientos.

“El Municipio de Cali ha asumido la atención primaria de quienes no están afiliados, pero los casos de mediana y alta complejidad de los mismos están a cargo de la Gobernación”, declara Sinisterra.

La señora Lesmes admite que “hay un número importante de enfermos en Cali, que vinieron, precisamente, buscando nuestro sistema de salud. El costo por consulta médica de venezolanos entre 2018 y lo que va de 2019 en el Valle totaliza casi los 5000 millones de pesos”.

Christian Krüger, director de Migración Colombia, confirmó a El País que de los 44.940 venezolanos que están en Cali, solo 24.491 cuentan con el permiso especial de permanencia (PEP). Es decir, que unos 20.000 están en situación irregular, lo que dificulta que reciban atención médica, en este caso.

“El primer reto que tenemos es la atención en salud, porque en 2015 se atendieron en Colombia 1450 venezolanos por urgencias y el 2018 lo cerramos con más de 132.000 atenciones de urgencias y en lo que va de 2019, ya superamos los 90.000, como lo establece nuestra Constitución”, dijo Krüger.

Felipe Muñoz, gerente de frontera con Venezuela, opina que la sentencia de la Corte Constitucional no afecta la atención en salud, porque se refería a un caso particular de Aguachica (Cesar), donde le negaron a un niño de padres venezolanos, un derecho que el Gobierno colombiano ya le había otorgado a la población migrante desde 2016.

“La sentencia no genera nuevos gastos, sino que protege un derecho que ya existía. No digo que la atención en salud no cueste, pero en Colombia el Ministerio de Salud reglamentó en 2016 con un decreto la prestación del servicio de salud a los hijos de extranjeros que nazcan en el país y exige que sean registrados a una EPS”, dijo Muñoz.

“Esto cuesta, pero es parte de la decisión del Gobierno de atender a los migrantes. Se está prestando atención básica, los partos y la vacunación para quienes están irregulares, y para los regulares la opción de afiliarse al régimen de salud, contributivo o subsidiado”, explicó.

Según Muñoz, de 1.200.000 venezolanos que hay en el país, 600.000 están regularizados con PEP, 200.000 con cédula de extranjería o visa y unos 400.000 estarían en condición de irregulares.

La cuestión, admitió, es que es muy bajo el porcentaje de regulares que no están asegurados, porque no han hecho el trámite de ir al Sisbén y “todavía se tienen gastos que se pagan por urgencias”.

Añadió que generan costos las enfermedades transmisibles, por las vacunas y los centros epidemiológicos donde se aplican; la atención a maternas, que a veces vienen en condiciones críticas y son atendidas por urgencias. Y la atención a enfermedades de alto costo y por las que aún no hay mecanismo de financiación para la población migrante no asegurada.

Muñoz afirma que “el país reconoce que hay una deuda con los hospitales públicos y el Gobierno Nacional quiere sanearla y por eso se han girado más de 100.000 millones de pesos a centros de salud en lo que va de este Gobierno” . Y se entregaron 60.000 millones de pesos adicionales a los hospitales, en especial a los de frontera que han invertido recursos en atención a la población venezolana.

Sobre las deudas del HUV y del Hospital San Juan de Dios –en este último no les pagan a los médicos hace seis meses– por atención a venezolanos, informó que al Valle le giraron 919 millones de pesos, con resolución 1175 de mayo 22 de 2019. “Seguramente la deuda es mayor, pero estamos buscando los recursos para solventarla”, dijo Muñoz.

El funcionario destacó que “el sistema de salud en Colombia ha sido absolutamente resiliente y ha hecho muy bien la atención a los migrantes; obviamente, hay deudas, hay que buscar recursos para pagar, pero no podemos hablar de crisis porque no es real. Y la secretaria María Cristina Lesmes, es de un compromiso impresionante, así como la Gobernación y la Alcaldía con el señor Armitage y su equipo, han hecho un esquema y un proceso de atención muy positivo que estamos tratando de copiar en otros departamentos”, comentó.

El secretario de Salud de Cali, Nelson Sinisterra, enfatiza que desde que (los venezolanos) empezaron a llegar, se les han brindado jornadas de salud, vacunación y enfermería; “por esa razón no hemos tenido dificultades de salud, pero sí requerimos del apoyo nacional dado el volumen de personas y para hacer sostenible su atención en el tiempo”.

“El país tiene que hacer un esfuerzo, porque es una situación para la que no estábamos preparados. El Estado debe tomar medidas y buscar otras fuentes de financiación, porque no tenemos los recursos suficientes. Cali no ha recibido nada de la Nación y todo se ha hecho desde las ESE”, reclamó el Secretario.

Además de las patologías comunes, los venezolanos consultan por VIH, madres gestantes, pacientes de cáncer y por enfermedades de alto costo. Por norma, solo se les puede atender la urgencia, pero se busca que les den medicamentos para VIH y cáncer, pero “es muy complejo para nosotros asumir un tratamiento de alto costo, cuando, desafortunadamente, no tenemos quién nos dé esos recursos”, puntualiza María Cristina Lesmes.

“Reitero” nuestra preocupación, entendemos la calamidad de estas personas, su altísima vulnerabilidad y esperamos que el Estado colombiano encuentre una respuesta para su inclusión en la economía y la formalización de su seguridad social”, concluyó la señora Lesmes.

Fabio Aristizábal, superintendente nacional de salud, insistió en que “el Ministerio de Salud y Migración tendrán que estudiar la situación a fondo, pero se percibe con los diferentes actores del sistema que los servicios de primer y segundo nivel que se les está prestando a la población venezolana están colapsando la red de atención".

"Este tipo de decisiones generan un deterioro financiero para el sector y en especial para la red pública del país. Por ejemplo, en promedio el 60 % de la facturación de un hospital público, corresponde a servicios prestados a migrantes venezolanos y no solo ocurre en municipios fronterizos; de seguir así, la proyección es que esto podría costarle al país, cerca de 1 billón de pesos adicionales al año, lo que generará un hueco financiero al país”.

Designó un equipo interdisciplinario para que realice un análisis de comportamiento de cartera del Hospital San Juan de Dios y revise la depuración contable, uno de los temas más preocupantes.

“La responsabilidad es de dos vías: de un lado, el cumplimiento y reconocimiento de las deudas de las entidades responsables de pago, en donde el hospital debe hacer el proceso de depuración de cuentas; y del otro, la Secretaría de Salud debe hacer inspección y ordenar un plan de acción inmediato que permitan la recuperación y estabilización de la operación.

El mayor número de pacientes venezolanos atendidos en Cali son niños menores de 5 años, con 2156 en 2019; en 2018 fueron 3123 y en 2017, solo 410, según la Secretaría de Salud de Cali.

3571 venezolanos entre los 15 y los 34 años han sido atendidos en lo que va de 2019; de ellos, 2001 están entre 15 y 24 años y 1570 entre 25 y 34 años. El total de pacientes fueron 7846.

La mesa situacional tiene un plan para garantizar la continuidad en la atención a gestantes en alto riesgo para prevenir la mortalidad materna y neonatal; dar atención a pacientes de VIH; en salud mental y en nutrición mediante el programa de seguridad alimentaria y nutricional con una ruta de recuperación especial para los niños venezolanos.

Los colombianos repatriados de Venezuela, solo deben ir a la sede del antiguo DAS (Avenida. 3A Norte No. 50 N-20) para certificar su condición de repatriados y llevarlo a la Secretaría de Salud para ser afiliado al sistema de salud como población especial, sin hacer encuesta de Sisben.

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