"El gusto de Ospina por los contratos directos nos debe tener muy alertas": Diana Rojas

En medio de un Concejo que en su gran mayoría apoya al Alcalde, Diana Rojas se convirtió en una de las pocas voces discrepantes del hemiciclo. Sostuvo debates de gran calado como el de la falta de claridad frente a cómo se invertirán los recursos del empréstito de $650.000 millones que solicitó la Alcaldía; asimismo, cuestionó lo que, a su parecer, es un exceso de contratación pública del Municipio a través de los convenios interadministrativos.

La concejala, además, tiene un manejo magnético de las redes sociales, donde hace pedagogía sobre los temas de ciudad y hábilmente ha logrado manejar la narrativa de algunas de las discusiones más álgidas del Municipio.

¿Durante su primer año como concejala, qué batallas ganó y cuáles perdió?

Aquí no denunciamos por deporte, las alertas que pusimos a sonar son porque algo no está funcionando, y si hay muchas denuncias es porque muchas cosas no están bien y eso hace parte del control político. Ojalá no hubiera nada para alertar, pero todos los días pasan cosas que hay que visibilizar, y si esperan que me quede callada, pues se quedarán esperando porque yo llegué al Concejo a debatir y apoyaré lo que crea conveniente. Hemos ganado varias batallas, las primeras fueron: el Plan de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y el mantenimiento de las instituciones educativas, que desde el día uno vimos cómo esta Administración hizo un uso bastante desproporcionado a la contratación directa, que no es ilegal, pero es que contratar a dedo deja muchísimas dudas. Tanto así que el Secretario de Educación de ese momento no alcanzó a estar en el cargo dos meses porque no pudo explicar porqué se fraccionaron los procesos de contratación. La compra de los tapabocas N95 por parte de la Secretaría de Salud es otra batalla ganada; aquí no es normal que compre el Estado cosas más costosas de lo que se puede comprar en el mercado; nos dimos cuenta que la Secretaría de Salud había comprado 10.000 tapabocas N95, aproximadamente de $30.000 cada uno, y cuando revisamos cómo se estaba comprando, nos dimos cuenta de un sobrecosto exagerado y decidimos poner esta alarma, obteniendo que esta compra finalmente no se realizará porque el Ministerio de Salud le entregó a la Alcaldía unos tapabocas de la misma referencia y el contrato se canceló. Otro punto a favor fue la limitación de facultades solicitadas por el Alcalde en el Plan de Desarrollo. Descubrimos que en la última parte del Plan de Desarrollo había una cantidad de atribuciones que pedía el Alcalde y que iban desde declarar una utilidad pública de bienes e inmuebles hasta refinanciar la deuda pública sin pasar por el Concejo. En esencia, era transferirle competencias del Concejo al Alcalde, y no había términos, ni tiempo, ni alcance. Eso era un cheque en blanco y la trascendencia de cada una de estas autorizaciones era tal, que debía ser discutida por aparte, como efectivamente se logró. Otro aspecto para mí que ha sido muy positivo fue la inclusión del listado de proyectos del acuerdo del empréstito, que hoy es la hora en que aún sigo sin entender cuál era el problema de poner el listado de los proyectos a financiar con la nueva deuda.

¿Y cuáles fueron las derrotas?

Aunque todo lo que pasa por el Concejo se aprueba, creo que ha sido valioso el debate que se ha dado y que la opinión pública pueda reconocer qué es lo que se está aprobando.

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La más reciente denuncia que usted ha hecho es sobre la contratación en los últimos días del 2020, a través de la figura de convenios interadministrativos. Explíquenos detalladamente esa denuncia.

Los convenios interadministrativos son una figura legal, pero el punto es que esta figura no debería ser la forma general en la que se contrata. Entonces, se termina el año y el factor común de esta Alcaldía fue ejecutar con contratos interadministrativos de forma directa, esto no le hace bien a la ciudad por varias razones: la primera es que se deben tener procesos licitatorios abiertos públicos, donde se pueda reconocer cuáles son las personas que están en las empresas o quienes quieren ejecutar la contratación de la ciudad. Lo que se hace aquí en el convenio es que se subcontrata y solamente se tiene que entregar tres cotizaciones y de las tres cotizaciones eligen con quién ejecutarlo; entonces, yo creo que hoy tenemos un marco normativo desde la contratación en el que la ciudad pierde desde la transparencia. Por ejemplo, en el Concejo se aprobaron las vigencias futuras y la Alcaldía podrá contratar unos estudios para los proyectos del bulevar de San Antonio y el del edificio de Cali inteligente, pero, de nuevo, lo harán mediante una contratación directa, es decir, omiten las licitaciones y los procesos competitivos que van a garantizar más oferentes, de esta forma se pretenden ejecutar $4800 millones. Ese gusto del alcalde por los contratos directos hace que la gente entienda que hay que mantener las alertas encendidas y acentúa la desconfianza de los ciudadanos, que ojalá las cosas llegaran a ejecutarse, pero es incomprensible dejar tantas dudas.

¿Por qué cree que el Alcalde insistió en hacer, a como diera lugar, la Feria de Cali y el alumbrado?

Para esta Administración decir las cosas con claridad se ha convertido en un problema, porque esta es la hora en la que no sabemos aún porqué la Feria de Cali y el alumbrado costaron $11.000 millones o si Emcali podía ser la entidad para ejecutarlo. La Administración y el Alcalde se empeñan en hacer una feria virtual y nos expone a todos los caleños que se debe apoyar e impulsar el sector cultural. Ese no es el debate. Aquí ningún ciudadano está en desacuerdo en que se debe apoyar el sector cultural y más cuando fue el primer sector que paró cuando arrancamos con pandemia y, seguramente, será el último que se va a poder reactivar económicamente. Dudo porque la Administración dice que tenemos que hacer una Feria para reactivar el sector cultural, pero le disminuyó los recursos a la Secretaría de Cultura por la mitad frente a los recursos que venían en el 2019. Creo que esta Administración tiene un gran afán porque le vaya bien desde la popularidad, y creo que en ese mismo sentido ha empujado para que la feria y el alumbrado se puedan hacer.
¿Ya despejó dudas respecto al contrato de las cámaras de vigilancia?
Lo primero que encontramos fue que el 70 % de las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio porque la Secretaría de Seguridad no priorizó su mantenimiento durante el año, a pesar de que tener $5700 millones presupuestados para hacerlo. Nos dijeron que fue por pandemia, pero nos quedó el sinsabor de una Administración en el que el tema de seguridad no es una prioridad. Seguimos haciendo el debate de control político y nos enteramos que se empezó la reparación de 613 cámaras, que se unen a las 600 que estaban funcionando, y quedaron por mantenimiento casi 600 más. Es importante contrastar esto con el 2019, donde el 93 % de las cámaras quedaron funcionando y terminamos este año con el 70 % de operatividad. Lo curioso es que de los $5700 millones aforados se gastaron parte en material de oficina, mantenimiento de aires acondicionados y nos quedamos esperando la explicación de la Administración.

¿Cuáles son sus denuncias frente a la reparación que se está haciendo en la plazoleta Jairo Varela?

La lupa que pusimos de nuevo desde el tema de contratación, desde la forma en la que se adjudican los concursos porque se define hacer un contrato para hacerle mantenimiento y adecuaciones y encontramos que quienes se postulan para este proyecto son dos empresas de las cuales una queda por fuera, es decir, no cumple con todos los requisitos, y resulta que quien se gana el proyecto es el representante legal de una empresa que aportó —dineros— a la campaña del alcalde Ospina.

¿Cuál fue el gran acierto y desacierto del alcalde en este año?

Algo positivo de la Administración fue la gestión que hizo con el Gobierno Nacional y la Sociedad de Activos Especiales para que tuviéramos lotes de utilidad pública en el que se desarrollarán parques y espacios públicos para la ciudadanía y, por otro lado, también creo que el trabajo que hizo articulado con el bloque parlamentario, para seguir avanzando con el búnker de la Fiscalía, fue un acierto. Y el mayor desacierto de la Administración, me iría con la seguridad; se le disminuyó el 20 % al presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Otro de los puntos en desacuerdo es el tono para debatir ante los cuestionamientos que se le hacen al Alcalde y el manejo de la contratación pública.

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Para usted, ¿cuáles fueron los 3 mejores y los 3 peores secretarios en este año y por qué?

Creo que el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, por los esfuerzos desde los pactos de la reactivación económica. La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, con su equipo por el manejo de la pandemia. Danis Rentería, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, ha tratado con pocos recursos de seguir conciliando en los territorios a esta ciudad. Y los peores… Creo que la Secretaría de Seguridad, ya que Cali sigue siendo una de las ciudades más inseguras de Colombia y otra que no es visible, pero debería estar con los ojos bien puesto, es la Dirección de Contratación, que es la encargada de garantizar en esta ciudad que la contratación se haga con transparencia.