A 268 ascienden las excarcelaciones, mientras Procuraduría pide vigilar a liberados

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señaló que hasta la fecha 268 personas privadas de la libertad han sido beneficiadas con la detención domiciliaria, esto, en el marco de lo ordenado por el Gobierno Nacional para mitigar el Covid-19, en las cárceles del país.

El instituto reseñó que hasta la fecha han radicado 1454 libertades, de las cuales 198 han sido negadas por las autoridades judiciales.

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En cuanto a los 268, al menos 18 son mayores de 60 años, tres hombres tienen enfermedades peligrosas, a cinco les fue otorgado el beneficio por tener en su prontuario delitos culposos, 111 son por condenas menores de cinco años, y 87 por el 40 % de la pena cumplida.

“El Inpec reitera que a las personas privadas de la libertad que han recibido la medida domiciliaria transitoria, se les ha realizado un examen médico de salida, como medida de prevención”, reseñan en el documento.

De igual manera, estimaron que deben cumplir con el aislamiento social y familiar por 14 días en sus domicilios, con el fin de evitar la propagación del virus.

Pese a lo que menciona el Inpec, la Procuraduría solicitó a los ministros de Justicia y de Salud la adopción de un protocolo que incluya medidas de vigilancia y control para las personas privadas de la libertad que se les conceda la detención domiciliaria.

En una comunicación dirigida a los titulares de esas carteras, Margarita Cabello y Fernando Ruiz, el Ministerio Público advirtió que “la situación de salud de la población privada de la libertad, no debe entenderse como un asunto de política criminal, sino como un tema de salud pública, que de no controlarse adecuadamente puede representar efectos negativos considerables para el sistema de salud del país”.

El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, precisó que teniendo en cuenta que seis establecimientos de la red penitenciaria presentan casos confirmados de coronovirus, se requiere, como parte del protocolo, identificar el estado de salud de las personas que serán objeto de la medida de excarcelación, especialmente si son positivos para el virus y garantizar un seguimiento médico sanitario periódico del mismo.

Así mismo, solicitó que se definan previamente los lugares donde cumplirán el aislamiento obligatorio, sin importar si son o no positivos, y que los mecanismos de seguimiento y monitoreo se cumpla estrictamente en tiempos, uso de elementos de protección personal y aislamiento social.

Finalmente, el órgano de control exhortó a que se contemplen medidas ante eventuales incumplimientos de las medidas de aislamientos, teniendo en cuenta el riesgo que representa para la salud pública, la salida de una persona positiva para COVID-19 y el eventual contacto que esta pueda generar, en el nuevo ámbito social al que se vaya a integrar.