Así serán los diálogos entre Colombia y Nicaragua para cumplir la sentencia y definir los límites marítimos de San Andrés

El gobierno colombiano solicitó a Nicaragua una reunión urgente para cumplir con las recientes sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la región de San Andrés y sus zonas marítimas.

De esta manera, en una reunión con Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, ministro asesor del presidente de Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales, durante la XI Conferencia Italia, América Latina y Caribe, el canciller Álvaro Leyva Durán manifestó esta postura y pidió darle la mayor celeridad posible.

Después de la reunión se informó que el presidente Daniel Ortega nombró a Carlos Argüello Gómez, un reconocido abogado y ex decano del cuerpo diplomático ante el Reino de los Países Bajos y agente nicaragüense ante la CIJ, para llevar a cabo un trabajo constructivo entre Colombia y Nicaragua en relación a este tema.

“El canciller Leyva sostuvo una conversación telefónica con el señor Argüello y acordaron iniciar próximamente estas conversaciones en el lugar que convengan llegada la fecha”, expresaron desde la Cancillería.

Equipo que representará a Colombia

Se informó que el gobierno nacional, liderado por la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor Jay, convocará a las organizaciones raizales y a la Armada Nacional para informarles sobre el proceso que se llevará a cabo entre Colombia y Nicaragua para el cumplimiento de las sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia.

“Entre las organizaciones que serán invitadas a este diálogo previo están el Raizal Council, Raizal Youth Organization, One Raizal Corporation, miembros del Raizal Team, así como otros delegados de las organizaciones de base raizal”, recalcaron.

Disputa histórica con Nicaragua

La disputa territorial se remonta a 1913, momento en el que Nicaragua intentó reivindicar los derechos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como otras islas e islotes. Sin embargo, en 1928 se logró resolver la discusión mediante el acuerdo entre los ministros Manuel Esguerra de Colombia y José Bárcenas de Nicaragua, quienes firmaron el Acta de Canje de Instrumentos de Ratificación de 1930.

A medida que pasaba el tiempo, el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002), concluyó que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 no tenía legitimidad legal, ya que en ese año la democracia del país centroamericano fue “golpeada por un golpe de Estado”, lo que impedía que cualquier acción, tratado o decisión tuviera la legitimidad y validez necesarias.

Es importante destacar que, a pesar de estar más cerca de Nicaragua que de Colombia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siempre ha sido considerado como parte del país suramericano.

Los señalamientos entre los países se intensificaron con el tiempo, hasta que en 2012 La Haya falló a favor de Colombia en cuanto a la permanencia de las islas y los cayos. Sin embargo, Nicaragua extendió su plataforma en relación con las aguas de Quitasueño y Serrana, cayos que estaban en disputa.

Durante este lapso, la discusión se centró en aspectos lógicos, ya que Nicaragua argumentó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina formaba parte de su territorio debido a su cercanía. Por otro lado, Colombia argumentó que la alteración de la frontera marítima amenazaba la economía de las comunidades indígenas.

Es importante destacar que durante el mandato del presidente Duque, hubo una intensa rivalidad entre él y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Incluso se llegó a suponer que habría un enfrentamiento armado.

La Corte Internacional de Justicia solicitó a ambos países que resuelvan el conflicto de manera amistosa y mediante el diálogo, lo que significa establecer un tratado delimitador entre ellos, sin tener en cuenta la victoria o derrota.

Por ahora, lo cierto es que las delegaciones de Colombia y Nicaragua comenzaran una serie de reuniones que puedan facilitar el acatamiento de los fallos y poder resolver esta diferencia sin tener que afectar la vida y la economía de las personas que viven en la región mencionada.

*Con información de Colprensa