Corrupción y especulación, los otros males endémicos de Colombia

Aunque el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno tiene como fin la lucha contra el Covid-19, los entes de control libran su propia batalla contra dos males endémicos que no entraron en cuarentena: la especulación y la corrupción.

Varios elementos esenciales para evitar la propagación del virus como guantes, tapabocas o antibacteriales escasean en almacenes y elevaron su precio sin razón alguna.

El ejemplo más sencillo de estos actos que denunció el propio Gobierno Nacional es lo que ocurre con la venta de uno de los insumos insigne de esta pandemia: el tapabocas.

En los primeros meses del año, cuando el Covid-19 era apenas una noticia que llegaba de China y no se registraban casos en esta lado del planeta, un tapabocas desechable costaba entre $100 y $150. Pero en las últimas semanas su valor supera los $2000.

Lo inexplicable, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, es que en la primera semana de marzo había en el país una existencia de tapabocas desechables de 9.392.435 unidades.

Aunque los estimativos señalan que aún queda parte de ese inventario en el mercado nacional, su valor se sigue incrementando al ritmo que los especuladores han querido.

Lo propio ocurre con los demás productos como el guante de látex. Una caja cuyo precio era de $8.500 más IVA, ahora no se consigue por menos de $19.000. 

Carlos Medina*, uno de los importadores registrados para comercializar insumos médicos asegura que “es cierto que la demanda ha incrementado los precios en China, pero ni eso justifica los precios en Colombia”.

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“Lo que más ha incrementado es el transporte. Nosotros estamos costeando la importación de un producto desde la China y el transporte que el año pasado costaba US$14.000 la tonelada, lo hemos pagado a US$28.000, puesto en el aeropuerto El Dorado y ahí debemos hacer la nacionalización que no impacta mucho el valor del producto”, explica el empresario.

Sin embargo, “te puedo decir que están especulando con el precio porque la gente tiene aquí su mercancía y como saben que en China está costoso, han equiparando el precio al actual así tengan stock de varios meses atrás”.

Pero no son solo insumos para la prevención del contagio con los que están haciendo su agosto. Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que ocurre igual en el precio de gases medicinales indispensables para terapias respiratorias y reanimación de pacientes, en los que han detectado alzas de entre 5% y 25%.

Incluso, un producto de primera necesidad para atender a las personas contagiadas como es el oxígeno, han disparado también su costo ante esta necesidad hasta un 15%.

Bajo reserva de identidad, uno de los principales distribuidores de insumos médicos en el Valle responsabiliza de lo que ocurre a los mandatarios que han optado por comprar insumos a intermediarios y no a importadores o fabricantes locales.

“El alto costo en productos esenciales para contrarrestar el Covid-19 es en buena medida el reflejo de la manera como están actuando los ordenadores del gasto en varios municipios y departamentos; porque por alguna razón han privilegiado la compra de insumos a segundos y terceros intermediarios y eso motiva la especulación y facilita la corrupción”, indica la fuente.

La otra pandemia

Si alguna enseñanza dejó la urgencia manifiesta decretada en el 2010 y 2011 a raíz de la ola invernal fue la facilidad con la que alcaldes, contratistas e interventores hicieron equipo para sacar provecho económico de la crisis.

Una década después, el mal endémico de la corrupción se mantiene incólume. Tanto que el presidente Iván Duque dijo esta semana que “el que se robe una ayuda para atender una pandemia, solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea”.

Y es que hasta ayer los alcaldes y gobernadores del país habían firmado 28.379 contratos por más de $3,3 billones para atender la pandemia y la diferencia de precios entre los mismos productos es abismal.

Mientras la Gobernación de Cundinamarca compró el galón de gel antibacterial por $75.982, el municipio de Ocaña (Nte. de Santander) lo pagó a $170.658; el Inpec compró a $2.575 los tapabocas desechables que pagó Medellín a $1.645, mientras Cali compró a $25.706 las mascarillas que consiguió Popayán a $18.000.

El presidente del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, Jesús Marino Ospina, advierte que la urgencia manifiesta se declaró por un tema eminentemente sanitario y los contratos deben tener relación directa con la pandemia.

“Si hay entidades contratando demarcación de vías, gasolina o prestación de servicios a través de urgencia manifiesta, para mí hay una indebida celebración de contratos”, dijo Ospina.

Aclaró además que no se pueden “satanizar” algunos municipios por sobrecostos porque no es lo mismo comprar un producto en una ciudad capital que en una localidad apartada de la geografía nacional. “Antes es necesario revisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Esas inconsistencias en contratación fueron las que motivaron a los entes de control a conformar un equipo interinstitucional para investigar cientos de denuncias que han realizado veedores y sectores sociales.

Hasta la fecha se adelantan, con base en la información recibida en esta plataforma, diez investigaciones disciplinarias en ocho departamentos del país y se revisan más de 2000 contratos firmados en esta emergencia.

Por su parte la Contraloría analiza contratos por más de $800.000 millones y que arrojan hasta ahora presuntos sobrecostos por cerca de $80.000 millones.

Encontramos además un mal precedente, indicó el concejal Roberto Ortiz, porque es obligación que todos los contratos que realicen las administraciones y dependencias deben estar en línea en el Secop II, el portal de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y muchos no lo han hecho; ese incumplimiento también obliga a que los entes de control actúen.

“El presidente Duque los llamó ‘ratas de alcantarilla’, yo agregaría que son unos miserables indolentes quienes se roban los dineros para atender una emergencia; ojalá les caiga todo el peso de la ley como a quienes durante años se robaron la salud en Colombia y siguen impunes”, indicó Ortiz.

¿Y los documentos?

La poca claridad en la información es otra de las talanqueras que han encontrado los entes de control y los veedores para hacer seguimiento a los recursos invertidos.

Ciudades principales como Barranquilla, Bucaramanga y Cali solo han subido a la plataforma del Secop (portal de contratación del Estado) los contratos sin ningún otro documento que especifique la justificación, las ofertas y los costos detallados por producto.

“Todo acto de corrupción es abominable, pero un acto de corrupción que se desarrolle en este momento es prácticamente un delito de lesa humanidad porque se están lucrando con el dinero de una urgencia y eso no tiene perdón de Dios”, indicó el concejal de Cali Fernando Tamayo.

“No se trata solo de ser transparente sino de demostrarlo. Hoy la sociedad necesita señales claras de que las cosas se están haciendo bien; porque todos los contratos que se firmen durante la urgencia deben ser subidos a la página para que cualquier ciudadano los revise. Cuando volvamos a sesiones ordinarias vamos a hacer un control político severo a la contratación en Cali y espero que podamos decir que las cosas se hicieron bien”, agregó Tamayo.

El balón, según el catedrático Diego Luis Sánchez, está en la cancha de las ‘ías’ “y ojalá estas investigaciones por corrupción arrojen resultados pronto porque si pasan dos o tres años y no ha pasado nada, los únicos que saldrán fortalecidos de esta emergencia serán los gobiernos corruptos”.