¿Cuál es la realidad de las finanzas de la salud del país?

El proyecto de ley sobre la reforma a la salud que avanza en el Congreso de la República, donde se ha aprobado la mitad del articulado, continúa generando incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

Gremios como Acemi y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Achc, advierten sobre una crisis del sector en un futuro cercano, mientras el Gobierno ha dicho que no solo se encuentran asegurados los recursos para este año sino que además ha hecho un aumento sustancial en el presupuesto asignado a salud.

En declaraciones recientes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, (lo que paga el Gobierno por cada afiliado) se reajustó 16,23% este año, lo que implica un incremento importante, toda vez que el aumento de la inflación en salud calculado por el Dane fue del 12%.

“No solamente se corrigió el alza que pudo haber por inflación, sino que además hay 4,23% adicional para entregarle recursos de UPC”, afirmó el funcionario.

Dijo también que el presupuesto en salud, en estos últimos tres años, pasó de un alza de 13,1%, en el 2020, a 25,4%, en el 2023.

“Este es un esfuerzo muy grande del Gobierno, pasar de $40 billones a $51 billones, los cuales se transfieren a la Adres, y esta a su vez a las EPS. Además, el presupuesto está asegurado en doceavas partes, por eso nadie puede decir que se le va a acabar la plata, porque aquí están los recursos. Cada mes, anticipadamente, se les paga a las EPS lo que les corresponde para que atiendan a los colombianos”, reiteró Minsalud.

¿Cuáles son las cifras reales?

Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, indicó que el sistema de salud colombiano está pasando por una situación financiera crítica, la cual se acentuó en los dos últimos años.

Según afirmó, se ha visto un empeoramiento, al igual que las EPS, de sus resultados financieros, lo que obedecería a 3 causas: La primera, es que la prima o UPC que reciben las aseguradoras por parte del Estado no está alcanzando para pagar los servicios de salud.

“Por cada 100 pesos que reciben las EPS, están teniendo que pagar 102 pesos en el costo de los servicios. Es decir, las EPS deben poner de su patrimonio y también cumplir con unas reglas financieras que se llaman de solvencia con sus propios recursos. Esto ha llevado a que los resultados consolidados de las EPS tengan en su agregado un patrimonio de -2.7 billones de pesos, esa es la realidad financiera hoy en día”. Manifestó Cruz.

Un segundo aspecto son los presupuestos máximos que corresponden a los recursos que les da el Estado a las EPS para cubrir todo lo que está por fuera del Plan de Beneficios en Salud (PBS), en los que no solo ha habido una insuficiencia de los recursos, sino también demoras en los pagos por parte de la Nación.

“Para el presente año aún están adeudando a buena parte de las EPS, los recursos de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre”.

El tercer punto son las deudas anteriores al 2020 que no se han conciliado con el Gobierno.

Es así como en el tema de recobros hay cerca de $3 billones que se van a vencer en diciembre sino se concilian. “La insuficiencia de la UPC, la falta de suficiencia de los presupuestos máximos y las deudas reconciliadas tienen al sector en una crisis muy grave”, aseveró Cruz.

Entre tanto, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, aseguró que hay que revisar dos temas.

Por un lado, la sostenibilidad del sistema que invierte casi el 8% de su PIB anual en salud, es decir, alrededor de $83 billones para atender las obligaciones y necesidades del país.

Y el otro es la UPC, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social.

“La sostenibilidad debe pasar por lo que se tiene que hacer con la UPC, es decir, esta unidad debe ser suficiente para sufragar los gastos del Plan de Beneficios en Salud, PBS, sin olvidar el tema de los recobros, que ahora se conocen como presupuestos máximos. Creemos que la discusión debe centrarse en robustecer más el PBS, incluyendo más eventos del no POS, con dineros de la UPC”, subrayó Giraldo.

A lo anterior se suma el creciente aumento de la cartera hospitalaria por prestación de servicios que les deben muchas entidades.

“El estudio de cartera con corte a junio de 2023, para un conjunto de 207 instituciones reportantes, muestra un incremento del 14,7% de la deuda frente a diciembre 2022. Pasamos de $14 billones a más de $16 billones en seis meses, con 52% de morosidad, es decir, cartera que está por encima de los 60 días”, expresó Giraldo.

Las deudas son del Estado, las EPS del Régimen Subsidiado y las EPS del contributivo.

Pero, el tema es mucho más grave, si se extrapola a toda la red, no solo hospitales y clínicas. “Estamos hablando de casi 11 mil IPS en el país, entonces ya no serían $16 billones, sino cifras mucho más grandes, incluso podríamos estar hablando de más del doble de este valor”, anotó Giraldo.

Colombia sí invierte en salud

Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, destacó que Colombia es uno de los países de la región de las Américas que más invierte en salud.

“Está haciendo crisis por la forma como está operando el sistema. Hace 30 años teníamos 150 EPS, ahora hay unas 30, debido a la misma organización del sistema, donde hay unos prestadores, especialmente del nivel 3, que ejercen una gran presión cobrando múltiples servicios, a unas tarifas que son insostenibles para el sistema en su conjunto”, enfatizó.

Agregó que a lo anterior hay que sumar hechos de corrupción, pues se ha conocido de EPS que han desviado recursos, mientras otras solo llegaron con el interés de captar recursos por un tiempo para luego desaparecer.

Entre tanto, Rolando Enrique Peñaloza, profesor titular del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, opinó que frente a la incertidumbre que ha generado la reforma, sobre cuál va a ser el modelo o si van a desaparecer las EPS, se ha producido un incremento de la demanda de servicios, generando una gran presión en términos de gasto, que podría llevar a una mayor siniestralidad a las aseguradoras.

Respecto a las deudas del sector hospitalario, sostuvo que hay mucha tela de donde cortar porque en muchos casos se presenta una deuda sobre servicios que no han sido auditados.

Peñaloza propuso que se sienten a dialogar los tomadores de decisión: Gobierno, Ministerios de Salud y Hacienda con los distintos actores para realmente identificar cómo están las cifras y también el cálculo de la UPC.

Para Norman Danilo Maldonado, director de Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud del Icesi), la realidad de la financiación de la salud es que lo que se paga por el seguro público de salud (conocido como Unidad de Pago por Capitación) es bajo, frente a los costos observados, y ha estado así por varios años. “Es decir, si hay un problema de financiación, pero eso no justifica destruir el sistema de salud y todas las bondades que tiene, como lo está proponiendo la reforma presentada por el Gobierno”.

En su análisis, hay tres cosas preocupantes: En primer lugar, la incertidumbre que ha traído la discusión de la reforma al tratar de implementar políticas que no están basadas en evidencia, y las intervenciones explicitas e implícitas que han hecho otras entidades como la Adres y la Supersalud “con una justificación técnica pobre, nula o equivoca y que están ahogando financieramente a todo el sistema de salud; esto lleva a decisiones de desinvertir en el sector, que no son reversibles en el corto o mediano plazo”.

Lo segundo, aseguró Maldonado, es que no se están haciendo los ajustes que se deben hacer en el sistema para que continúe funcionando y mejorando, incluyendo la financiación, la gobernanza, los incentivos para corregir ineficiencias, las políticas poblacionales sobre determinantes de la salud, entre otras cosas

Y en tercer lugar, dijo que los ajustes implícitos y explícitos, con un pobre soporte técnico tiene efectos observables sobre los pacientes, incluyendo las restricciones al acceso de medicamentos, la reducción de oportunidad en la prestación de servicios, el colapso de los flujos financieros que acompañen la prestación de servicios a los pacientes. “Estos efectos van a ser mucho más grandes en uno o dos años y van a ser irreversibles”.

Una de las salidas que plantea el experto es que se retire la reforma a la salud para devolver la confianza al sector y tener diálogos legítimos con los actores del sistema que lleguen a acuerdos, en el corto plazo, ajustar la UPC para abordar el problema de sostenibilidad, hacer los giros financieros que corresponden para garantizar el funcionamiento del sistema, en el corto plazo, entre otros.