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Nación
Defensoría del Pueblo alerta que paro armado del ELN en Chocó está provocando confinamiento y crisis humanitaria a 5.600 personas
La entidad asegura que no hay tránsito fluvial ni terrestre hacia el casco urbano en Nóvita, Chocó.
La Defensoría del Pueblo emitió un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que tomen acciones inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5000 residentes del área urbana de Nóvita, Chocó, y aproximadamente 600 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales debido a los enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo.
La medida de confinamiento es consecuencia del paro armado declarado por el ELN en Nóvita y sus alrededores el pasado 27 de mayo, lo cual ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y aquellos que se encuentran refugiados en la zona urbana, donde las familias locales les han ofrecido alojamiento temporal a aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares.
“Es necesario que las entidades actúen de manera rápida y coordinada en beneficio de las aproximadamente 5600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita. No hay transporte fluvial ni terrestre. La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que se protejan y garanticen los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que se encuentran en condiciones cada vez más precarias”, afirmó la entidad mediante un comunicado.
Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo está colaborando con otras entidades en acciones conjuntas para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. “Es imprescindible contar con ese paso, la población civil no puede seguir sufriendo las consecuencias indiscriminadas de los grupos armados ilegales”, agregó.
La situación se complica aún más debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró hace más de 20 días. La estructura permanece en estado de colapso y hasta ahora no se han iniciado las reparaciones, sin que hasta el momento haya una respuesta por parte de las entidades competentes, advirtió la Defensoría.
La entidad también solicitó la protección de las viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonarlo todo para salvaguardar su integridad y vida ante los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Además, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.
Por último, la Defensoría del Pueblo recordó que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento “van en contra del Derecho Internacional Humanitario y no contribuyen a la construcción de la paz en el país. La entidad insta al ELN a poner fin al paro que fue decretado hace unos días y a avanzar en la búsqueda de la paz mediante acciones que no pongan en riesgo a la población civil”.
Preocupantes cifras de desplazamiento forzado
En un informe revelado por la Defensoría del Pueblo se dieron a conocer cifras alarmantes sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el país durante los primeros cinco meses del presente año. Según el reporte, se contabilizaron 43 desplazamientos entre enero y mayo, afectando a un total de 6.081 familias, lo que representa aproximadamente 15.437 personas.
El informe resaltó que los departamentos del Pacífico son los más afectados por los eventos masivos de desplazamiento en el territorio nacional. Encabezando la lista se encuentra Nariño con 17 desplazamientos, seguido de Valle del Cauca con diez, Chocó con cuatro y Cauca con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registraron cada uno un evento de desplazamiento.
Según el informe de la entidad, los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa de los desplazamientos, representando 25 de los 43 eventos registrados. Le siguen las amenazas con ocho casos, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, cada uno con cuatro eventos.
“Cuando se produce un desplazamiento forzado, no solo genera temor y angustia en las comunidades, sino que también afecta los derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda digna, el trabajo y la educación, dejando en una situación de vulnerabilidad a las comunidades afectadas”, afirmó el defensor Camargo.
Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, de cara a las próximas elecciones regionales en octubre, para que incluyan en sus programas de gobierno partidas presupuestarias destinadas a brindar una atención digna e inmediata a las personas y familias víctimas del desplazamiento forzado.
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