Éxitos y derrotas que tuvo Gustavo Petro en el primer año del Congreso

El 20 de julio de 2022 la instalación del actual Congreso de la República arrancó con una coalición que pocas veces se había visto, no por la cantidad de congresistas sino por la diversidad de su conformación, por cuanto a la misma llegaron tres de los cinco partidos tradicionales de la derecha para acompañar al primer gobierno declarado de izquierda en Colombia.

Con la llegada del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, la dinámica del legislativo era clara: empezar a tramitar y aprobar la avalancha de proyectos que empezó a llevar el nuevo gobierno. Esas primeras de cambio del Congreso no pudieron ser mejores. En lo económico Petro recibió el espaldarazo a la reforma tributaria que le garantizaba más de 20 billones de pesos y al presupuesto de las regalías.

En lo político Petro también recibió el aval a la base jurídico-política que tiene para la paz total, la prórroga de ley 418 o de orden público que permite hacer los diálogos con los ilegales y en donde entre otras se incorporó las figuras de los diálogos regionales, la posibilidad de hablar no sólo con guerrilla sino también con los grupos de narcotraficantes.

Diciembre además le dejó un resultado transitorio bueno a Petro en cuanto a las reformas constitucionales. La principal que radicó, la política, tuvo sus primeros cuatro debates, aunque empezó a tener complicaciones por asuntos como la posibilidad que los congresistas fueran ministros o las listas cerradas.

Avanzaron igualmente el acto legislativo que otorgaba un tratamiento especial a los campesinos en la Constitución, como también la enmienda que crea una sala jurisdiccional para los asuntos agrarios rurales, es decir para solucionar los procesos judiciales de tierras.

En marzo con el despegue de las sesiones muy rápido se hundió la reforma política, la misma terminó con igual o más micos que las reformas presentadas en otros gobiernos y que eran criticadas por la entonces oposición de la izquierda que hoy es gobierno.

Los otros dos actos legislativos, campesinos y la sala para asuntos agrarios, al cierre de las sesiones ordinarias se convirtieron en realidad, lo cual le permite a Petro seguir cumpliendo los acuerdos de paz con las Farc, a la vez que sacar adelante dos banderas de campaña. Aunque no fue parte de la agenda de proyectos del gobierno, se le apostó al acto legislativo de permitir la venta abierta del cannabis. El proyecto está en su último debate, el octavo, en la plenaria del Senado, pero será sólo hasta el mismo 20 de junio para saber si se hunde o se salva.

Esta segunda parte de la legislatura no hay duda de que el gobierno se la jugó por tramitar las grandes reformas sociales, salud, pensional y laboral, que se tomaron varios meses en discusión por fuera del Congreso y solo hasta mayo entraron a las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que fue en donde se discutieron.

Con mucho esfuerzo y gran controversia, el gobierno logró que las reformas tuvieran su primer estudio formal. La de salud se quedó estancada en la plenaria de la Cámara en su segundo debate; la pensional tuvo su aval en la Séptima del Senado, mientras que la laboral está pendiente hasta último momento, el martes 20 de junio, para saber si es aprobada en el primero de sus cuatro debates.

Las reformas sociales, además, dejaron a Petro consecuencias políticas, el rompimiento de la coalición con la salida de los partidos Conservador y de la U, que se declararon ahora en condición de independientes y ya no de gobierno como lo estaban desde agosto pasado. El único de los tradicionales que se mantiene, por el momento, es el Partido Liberal, el cual apoya al gobierno pero se aparta del trámite de la reforma a la salud, tal vez la joya de la corona para el gobierno. En el cierre de la legislatura también el gobierno logró que se le aprobara la adición presupuestal por casi 17 billones de pesos.

Hundidos quedaron dos proyectos de ley que tramitó el gobierno con especial interés. Uno fue el de humanización carcelaria, con el cual el gobierno le apostaba a la excarcelación de miles de condenados con el objetivo de lograr su resocialización, como también la modificación penal de muchos delitos para bajarles la pena.

El otro proyecto fue la ley sometimiento, la base jurídica que quiso tramitar el gobierno para dar las condiciones con las cuales se buscaría que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o de los mismos narcotraficantes se entregarán.

Lo cierto es que fue un año atípico en el Congreso para el gobierno, con unos resultados que no se esperaba que fueran tan pobres aunque desde la visión oficial lo logrado no es tan malo como se analiza.