Fiscalía acusó nuevamente a la exsecretaria de Educación de Medellín, por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación presentó una nueva acusación contra Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, por un valor superior a los 1400 millones de pesos.

En la misma audiencia y por el mismo delito también fueron imputados Lina María Gil Zapata, exdirectora del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y Henry Paulisson Gómez Montoya, exrepresentante legal de la Corporación Colombia Avanza

Así lo confirmó el ente investigador por medio de un comunicado en el que se asegura que se tienen suficientes pruebas como para realizar esta nueva imputación.

“La Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, determinó que entre marzo y agosto de 2020 la servidora pública se habrían apropiado en favor de terceros de la suma de $ 1.423 millones de pesos” se lee en la misiva.

La Fiscalía dice que el actuar delictivo de Alexandra Ruiz Agudelo y los otros dos funcionarios imputados era atribuir contratos por trabajos que no eran necesarios y no se ejecutaban. De esta manera se habrían desviado los recursos destinados a 520 salarios de contratos realizados por la corporación Colombia Avanza.

“Se habrían contratado más personal del que se necesitaban para atender a la población infantil. También se habría pagado a otras 51 personas cuyos servicios nunca fueron prestados”, dice el comunicado.

Con este modus operandi, afirmaban que contrataban a docentes, sicólogos y nutricionistas con salarios que oscilaban entre $ 1.850.000 y $ 5.300.000 mensuales, lo cual no era cierto. Los contratos tenían como objetivo brindar educación a los niños y niñas.

Según la Fiscalía, el contrato fue otorgado directamente a la Corporación Colombia Avanza debido a la supuesta experiencia del contratista.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el ente acusador manifiesta que los pagos se habrían realizado pese a que la firma interventora alertó sobre posibles incumplimientos.