Gobierno Nacional responde a denuncias por pagos irregulares en el programa Jóvenes en Paz

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) aclaró que los jóvenes que superen los 28 años pueden continuar recibiendo los pagos del programa Jóvenes en Paz, después de que la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, denunció la entrega de más de $700 millones a beneficiarios de 29 y 30 años, lo que, según su criterio, estaría violando el Decreto 1649 de 2023.

Sin embargo, la entidad señaló que el decreto establece que la edad límite se aplica únicamente al momento de la inscripción al programa, pero no como criterio de permanencia.

Por lo tanto, aquellos jóvenes que ingresaron con menos de 29 años pueden seguir recibiendo las transferencias hasta por un máximo de 18 meses, sin importar que superen el límite de edad durante su permanencia.

Prosperidad Social destacó que el artículo 18 del Decreto 1649 establece que la edad es un requisito para ingresar al programa, pero no una causa de exclusión una vez se ha iniciado la vinculación. Además, el artículo 42 define las causales de suspensión de los pagos, pero no incluye la edad como factor.

En este sentido, la entidad aseguró que los pagos realizados a beneficiarios del programa Jóvenes en Paz que superan los 28 años no constituyen un incumplimiento de la normativa.

La entidad también explicó que Jóvenes en Paz no se limita solo a los pagos monetarios, sino que busca ofrecer una ruta de atención integral con componentes educativos, formativos y de acompañamiento psicosocial, cuyo propósito es apoyar el desarrollo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por lo tanto, excluir a los beneficiarios por razones de edad afectaría el acceso a estos recursos y estaría en contradicción con los objetivos del programa.

La denuncia de Arbeláez también mencionó la inclusión de 149 extranjeros en el programa, quienes habrían recibido transferencias por $167 millones de pesos. La representante cuestionó la legalidad de estas asignaciones, alegando que algunos de los beneficiarios podrían estar en prisión.

Ante esto, Arbeláez, miembro del Partido Cambio Radical, opositor al Gobierno, solicitó una auditoría y pidió explicaciones al Gobierno, además de anunciar que llevará el caso ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para esclarecer el manejo de los recursos.

Por su parte, Prosperidad Social señaló que mantendrá su compromiso con la implementación de programas de inclusión social y aseguró que continuará con el desarrollo de Jóvenes en Paz, orientado a la construcción de paz y el bienestar de la juventud colombiana.

Con información de Colprensa y El País.