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JEP archivó persecución penal contra 36 militares acusados de falsos positivos por su contribución a la verdad y derechos de las víctimas
Los comparecientes pertenecían a la Brigada Móvil No. 15 y al Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” del Ejército.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del Ejército Nacional involucrados en los mal llamados “falsos positivos”, ocurridos en el departamento de Norte de Santander, al concederles perdón judicial por sus aportes a la verdad.
A través de dos resoluciones emitidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, tras reconocer que estos comparecientes colaboraron con la verdad plena y contribuyeron a garantizar los derechos de las víctimas.
Los beneficiarios incluyen 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, y personal de menor rango, quienes enfrentaban procesos por homicidios y desapariciones forzadas en el contexto del patrón de ‘falsos positivos’.
Los 36 comparecientes pertenecían a la Brigada Móvil No. 15 y al Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” del Ejército, quienes participaron en hechos violentos, entre ellos la ejecución de civiles presentados falsamente como bajas en combate.
El trabajo de la JEP permitió reconstruir, con un alto nivel de detalle, crímenes ocurridos en municipios de Norte de Santander, como San Calixto, Hacarí, Ocaña y Bucarasica, donde ocho civiles fueron asesinados y, en algunos casos, desaparecidos.
La verdad detallada aportada por los comparecientes supera lo logrado por la justicia ordinaria, que no avanzó más allá de la etapa de investigación en muchos de estos casos.
El beneficio de renuncia a la persecución penal implica la extinción de la responsabilidad y sanción penal, además de la eliminación de los antecedentes judiciales, en cumplimiento con la Constitución y el Acuerdo Final de Paz de 2016. Este mecanismo se concede a aquellos que no tienen la mayor responsabilidad en los crímenes cometidos y les ofrece la oportunidad de rehacer su vida en sociedad.
Los comparecientes también deberán cumplir con un régimen de condicionalidad, que incluye medidas restaurativas y de reparación a las víctimas, además de garantías de no repetición.
En el proceso judicial, se llevaron a cabo audiencias en las que los comparecientes respondieron a las demandas de verdad de las víctimas. Estas acciones incluyeron actividades restaurativas y simbólicas, como el reconocimiento de la memoria de Julián Oviedo Monroy, uno de los jóvenes del caso de Soacha que fue presentado como baja en combate en Ocaña en 2008.
Estas resoluciones se inscriben en la Ruta No Sancionatoria de la JEP, que busca saldar cuentas de verdad y reparación con las víctimas. Actualmente, la JEP tiene en estudio otros casos relacionados con agentes del Estado y se espera resolver la situación jurídica de 58 comparecientes antes de finalizar el año.
*Con información de Colprensa
