Las luchas de la comunidad negra del corregimiento La Toma, en el norte del Cauca

Las amenazas no detuvieron la lucha de los pobladores del corregimiento La Toma, en el Cauca, que trabajan para salvaguardar el agua y la tierra de multinacionales y la minería ilegal. 

Esta población en el municipio de Suárez (Cauca), bien podría ser catalogada como la ‘capital mundial de las paradojas’.

Bañada por siete ríos, no tiene agua potable. Sus tierras albergan una hidroeléctrica, pero pagan la energía más costosa del país. Jamás se sintieron tan inseguros como cuando instalaron una base militar en su territorio. Y nunca fueron tan pobres como el día que el mundo supo que estaban parados sobre el oro.

Cada paradoja resume una etapa de la lucha que lleva librando esta comunidad desde hace tres décadas en el suroccidente colombiano, a la que decenas de años atrás le dieron por nombre ‘La Toma’, como si su bautizo fuera una premonición.

Desde 1851, cuando se abolió la esclavitud en Colombia, muchos de esos negros se asentaron en ese corregimiento de Suárez porque sus montañas, engalanadas de múltiples verdes, les garantizaban tierras fértiles, los ríos Cauca y Ovejas les proveía el agua y la pesca, y permanecían lejos de los ojos de quienes creían que su libertad era demasiado regalo.

Pero estas 1300 familias habrían preferido continuar en el anonimato. Porque cuando se ocuparon de ellos -a mediados de los años 2000- fue porque quedaron como un obstáculo en el mapa de megaproyectos de extracción de oro del Estado.

El primer gran reto como comunidad lo tuvieron a mediados del 2004, cuando el gobierno le otorgó a la Sociedad Kedahda S.A. un título minero de 50.000 hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires para la explotación de oro. El tamaño del área era tan grande, que no se salvaba ni el cementerio.

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La Sociedad Kedahda se había registrado en Colombia un año antes y para 2007 había recibido 2 licencias de explotación y 49 contratos de concesión, según la Agencia Nacional de Minería, para explorar en 11 millones de hectáreas en todo el país.

Esta empresa inscrita en las Islas Vírgenes adoptó en octubre de 2007 el nombre de su subsidiaria, la multinacional surafricana AngloGold Ashanti.

Isidoro Lucumí fue uno de los primeros empleados de la multinacional en La Toma. “Llegaron con el nombre de Kedahda y como no encontraron cabida, aparecieron como AngloGold Ashanti y empezaron a medio invertir en una carreterita. Un día le dije al jefe, ¿por qué invertimos tanto tiempo en esta zona? Me respondió que ‘La Toma está sentada sobre el oro; por eso es tan codiciada’”.

La comunidad recuerda el exceso de bondad. Les dieron herramientas a los agricultores; en el inicio de clases donaban libros a los niños; a quienes les gustaba el fútbol les daban balones y uniformes, y a los grupos musicales les donaban instrumentos.

“Algunos dijeron, ‘esta gente como que sí quiere el progreso’, pero otros pensamos que ‘de eso tan bueno no dan tanto’; alguna intención tienen. Ya se hablaba de un proyecto minero, escuchamos a nuestros mayores y le dijimos ‘no’ a la AngloGold”, señala Francia Márquez, quien dedicó su vida a la minería ancestral y lideró la lucha contra la minería ilegal en La Toma, labor que le mereció en el 2018 el Premio Goldman Ambiental, considerado el Nobel verde.

Las relaciones con AngloGold Ashanti, la tercera productora de oro en el mundo, quedaron en los peores términos. En medio de esa lucha por el territorio, dicen miembros del consejo comunitario, llegaron los primeros panfletos amenazantes.

Las amenazas provenían de supuestos grupos paramilitares. Para entonces sembraba el terror en la región el Bloque Calima de las AUC que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cometió 119 masacres entre 1999 y el 2004. El temor era latente.

Días en los que esta comunidad, cuya cultura se expresa al ritmo de chirimías, torbellinos y fugas, y el sonido envolvente de violines y tambores, se encerró en silencio. El propósito era que en cada casa hubiera un teléfono con al menos un minuto para advertir algún movimiento extraño.

Jairo Chará, coordinador del comité de minería y quien sobrevivió a un atentado en su vivienda el 6 de diciembre del 2006, en medio de la disputa territorial con la AngloGold, recuerda que la comunidad se organizó para autoprotegerse.

Pero en La Toma no lograban contener aún los intereses de la minera de oro cuando debió abrir otro frente de lucha. Esta vez eran las pretensiones de la Empresa de Energía del Pacífico de ampliar otro megaproyecto que ellos también han visto históricamente como un riesgo: desviar el río Ovejas hacia la represa de Salvajina para aumentar en un 20% la capacidad de producción de energía.

“La gente dijo ‘el río Ovejas para nosotros es la vida, es la dignidad y eso no tiene valor. Ni por todo el dinero del mundo vamos a permitir que ese río se desvíe’. Así que la gente se organizó para pelear también por su río”, explica Francia Márquez.

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Asegura la comunidad que bajo esa mole de hierro y concreto, bajo 849 millones de metros cúbicos de agua quedaron sumergidas tierras, cultivos y las mejores minas. Que para la época les prometieron que la represa les traería turismo, vías, colegios, salud y calidad de vida. Pero nada llegó.

El Grupo Celsia, propietario actual de la represa y perteneciente al Grupo Argos, aseguró que: “En el momento de la construcción (de Salvajina) los compromisos se dieron entre la comunidad y el Gobierno Nacional. Los compromisos que como compañía nos corresponden hoy, son los que se definieron a partir del proceso de tutela y sentencia fallada por la Corte Constitucional a favor de los resguardos indígenas de Cerro Tijeras (Suárez) y Honduras (Morales) en el año 2014, en el que EPSA es responsable de un componente de movilidad, en articulación con las alcaldías municipales, Gobierno departamental y Nacional”.

Pero resistir con dignidad, impedir que se partiera la montaña para desviar el río Ovejas y detener la llegada de la AngloGold Ashanti no cesó el interés de foráneos en sus tierras.

Vino entonces el ataque de la minería ilegal sobre el río Ovejas, el asedio de foráneos llegados del Oriente antioqueño y chocoano
Entonces el temor desde el 2009 por las amenazas de Las Águilas Negras y Los Rastrojos se convirtió en pánico cuando en abril de 2010 hombres armados asesinaron a ocho mineros a orillas del río Ovejas.

Una veintena de retroexcavadoras escoltadas por hombres armados que no permitían a los líderes de la comunidad acercarse, declaró como objetivo a varios líderes por oponerse supuestamente al desarrollo.
Del desespero y la impotencia de la comunidad surgió la célebre Marcha de los Turbantes, en noviembre del 2014, en la que 30 mujeres caminaron desde La Toma hasta Bogotá para pedirle al Gobierno Nacional que detuviera la destrucción del río.

Un mes después, la Fuerza Pública destruyó las retroexcavadoras, pero ya la embestida feroz de las máquinas había desbaratado en varios tramos el lecho del río y contaminado el ambiente por piscinas de cianuro.

“La fiebre del oro trajo gente de muchas partes del país, en su mayoría personas malas y resultó que muchas mujeres fueron violadas y a la hora de demandar, no sabíamos a quién porque no conocíamos esa gente. Hay muchas mamás en nuestro territorio que tienen hijos y que no conocen el papá”, dice Aníbal Vega, fiscal del consejo comunitario de La Toma.

Los líos en La Toma empezaron cuando el Gobierno Nacional los desconoció como comunidad y empezó a entregar sus tierras a particulares para la extracción de oro. Pero también a empresas como la AngloGold Ashanti y la canadiense Cosigo Resources.

Pero los mayores desvelos los ocasionó el título otorgado por el antiguo Ingeominas a Héctor Jesús Sarria para extraer oro en una extensión de 99 hectáreas en el sector de La Carolina.

El Gobierno, en un informe de comisión y verificación del 12 de junio del 2009 expidió un certificado para avalar ese proyecto indicando que no existía población negra en 18 kilómetros a la redonda y que Sarria no debía hacer consulta previa.

Cuando en La Toma negaron su ingreso, solicitó un amparo administrativo que le fue concedido en abril del 2009 y en marzo del 2010 el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Popayán ordenó el desalojo de las comunidades afro.

Entonces Francia Márquez decidió estudiar derecho para entender lo que estaba pasando y en segundo semestre supo que los derechos fundamentales se pueden tutelar y que la consulta previa es uno de ellos.

La tutela fue negada en primera instancia porque La Toma supuestamente no era una comunidad negra con un título colectivo y así lo ratificó en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia, pero ellos solicitaron revisión de la Corte Constitucional, que el 14 de diciembre del 2010 tuteló sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y suspendió todos los títulos.

“Los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fueron un regalo; les costó a nuestros mayores años de trabajo y sufrimiento en las minas esclavistas”, reitera Márquez.
Entre tanto Jairo Chará, quien además toca la guitarra en el grupo Cañabrava, sentencia que, “el tomeño va a esgrimir hasta la última gota de su sangre por defender el territorio”.

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Tierra de Resistentes es el resultado de un proyecto de periodismo colaborativo que investigó los fenómenos de violencia a los que se exponen a diario quienes consagran su vida a la defensa del ambiente en América Latina.

De esa realidad casi invisible, causante del asesinato de más de 300 personas en el continente en la última década, nació este proyecto especial de Open Data III, una iniciativa de Consejo de Redacción (CdR), apoyada por la Deutsche Welle Akademie y la Agencia de Cooperación Alemana.

Periodistas de 7 países y 16 historias que narran la devastación de los recursos naturales, el avance de grandes proyectos extractivos, el interés de grupos criminales y la ineficacia de organismos estatales han convertido a América Latina en un escenario hostil para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus territorios.

Para darle rostro a este fenómeno, se reunió un equipo de periodistas, diseñadores, fotógrafos y videógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

Ocho de los reportajes investigan violencia contra líderes en la Amazonia, que se han enfrentado a intereses de minería, puertos, explotación petrolera, carreteras, hidroeléctricas, narcotráfico y comercio ilegal de madera. Nueve de ellos documentan ataques contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales, y uno más recuenta esfuerzos similares por parte de pueblos afrodescendientes.

Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger los ecosistemas estratégicos dentro de sus territorios.

Cinco meses de trabajo
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La reportería se realizó tanto en los lugares donde ocurrieron los hechos principales de cada historia o, en algunos casos donde mediaban condiciones difíciles de seguridad, donde están asentadas las comunidades afectadas. Los testimonios en audio, video y fotografías permitieron darle al especial un contenido multimedia que invita al lector a una experiencia más cercana y humana a la gran cantidad de datos.

Todos los reportajes pasaron al menos tres veces por los ojos de dos editores, Hugo Mario Cárdenas López en Colombia y el editor general, Andrés Bermúdez Liévano.

Los siete reportajes realizados en Colombia cuentan con un proceso adicional de fact checking y revisión legal de un abogado.

Al mismo tiempo, las bases de datos contaron con un equipo de periodistas y desarrolladores dedicados exclusivamente a su gestión: desde la recolección y la limpieza hasta la verificación de las fuentes de información y la visualización de resultados.

En Rondonia los indígenas se encuentran cercados. No se trata de una metáfora. Abra un mapa y busque ubicar el estado brasileño al noreste de Bolivia: décadas de deforestación convirtieron a las tierras indígenas en las últimas manchas verdes en el territorio.

En ellas nacen los ríos que recorren todo el estado. Allí están los bosques que sirven de morada para varias etnias reducidas a un centenar de sobrevivientes.

Actualmente, estas tierras son codiciadas por su madera, su minería, su “valor de mercado”. En este cerco no solo la naturaleza es amedrentada, las comunidades indígenas están acorraladas.

La apropiación de tierras a través de documentos falsos (conocida en Brasil como grilagem) y el robo de madera son los crímenes que sirven para dividir las tierras indígenas. En los territorios de los indígenas uru-eu-wau-wau existen ataques desde varios frentes.

Como si viéramos un documental sobre hordas de bárbaros asaltando Roma, en un viaje a Rondonia fuimos testigos de invasiones constantes y de amenazas a indígenas.

Imagine el juego: el tablero se llama Rondonia y el objetivo es colocar las piezas dentro de las últimas islas verdes y bosques. Las piezas son los invasores de tierras, los madereros. Ellos avanzan. Tienen el apoyo de los políticos locales, de muchos en la Cámara y el Senado. Los funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil intentan impedir las invasiones, pero también se encuentran amenazados.

Los Karipuna y Uru-eu- wau-wau aún así luchan. Hace décadas resisten pero ahora es diferente. Con el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, la guerra contra los territorios indígenas ya fue declarada.

Comunidades desubicadas
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En septiembre del año pasado, André desapareció. Salía a cazar en la selva cuando decidió constatar la presencia de invasores en la tierra Karipuna. Pero no regresó.

Con la entrada de madereros al territorio indígena, pensaron lo peor: el cacique se había encontrado con invasores, pero al tercer día fue encontrado.

Lo que había pasado fue un caso de desorientación. El paisaje de árboles caídos confundió al cacique, que no pudo hallar el camino de regreso. 

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