Legalización de la marihuana, un debate que se mantiene en Colombia

En Colombia se encendió nuevamente el debate sobre la legalización de la marihuana luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara al Congreso celeridad en la legislación con el fin de, según él, acabar con la violencia que azota las zonas rurales donde se cultiva y procesa esta sustancia.

“Hoy existen carteles mucho más poderosos que en la época de Pablo Escobar. El empoderamiento de las organizaciones mafiosas muestra el fracaso de la prohibición y de la ausencia de medidas alternativas a la simple prohibición”, dijo el Mandatario a través de su cuenta oficial de X.

El Presidente añadió que mantendrá colaboración con los demás países en materia de incautación de drogas para evitar el envío de grandes cargamentos al exterior y puntualizó: “Le solicito al Congreso de Colombia legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia”.

Sin embargo este no es un debate nuevo, desde hace años diferentes gobiernos han intentado, sin éxito, formalizar esta sustancia. En 2016 se aprobó la 1718 conocida como Ley del Cannabis, la cual regula el uso de esta droga en la medicina y la ciencia, pero a pesar de esto, la industria en este aspecto tiene pocos avances bajo una regulación muy estricta.

Por otro lado, el uso recreativo de la marihuana, que es el que el Presidente busca reglamentar, ha tenido varios tropiezos en el Congreso, el más reciente fue en la pasada legislatura cuando la iniciativa del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada se hundió en el último debate.

El consultor en seguridad y paz, Felipe Fernández, indicó que el uso recreativo de esta droga sigue siendo penalizado, sin embargo, hay una despenalización del porte de la dosis mínima que facilita el consumo a las personas.

Lo anterior quiere decir que en Colombia los mayores de edad pueden portar una dosis máxima de 20 gramos de esta sustancia siempre y cuando sea para su consumo personal y no existan indicios de tráfico de sustancias de uso ilícito de acuerdo con el decreto 2114 de 2023. Sin embargo, en Cali no está permitido consumir sustancias psicoactivas en parques, lugares de interés cultural ni en inmediaciones de instituciones educativas.

Uno de los motivos por los que la regulación de esta sustancia en el país ha sido tan compleja es por la cultura conservadora, puesto que la mayoría de los colombianos cree que el cannabis es en extremo peligroso.

“La gente en Colombia es muy conservadora aunque el consumo está muy extendido, pero cuando se le pregunta a las personas si fuma o no fuma la mayoría de ellos son vergonzantes y dicen que no”, explicó el analista político Eduardo Llano.

¿La despenalización parará la violencia?

El presidente Gustavo Petro afirmó en su mensaje que legalizar el cannabis ayudará a terminar con los actos violentos que se viven en zonas rurales donde se cultiva y produce la marihuana, ya que este negocio está controlado por grupos armados al margen de la ley.

“La prohibición de la marihuana en Colombia solo trae violencia”, puntualizó al Mandatario.

De acuerdo con Eduardo Llano, las organizaciones delictivas que dominan la siembra, el tráfico y la distribución de esta sustancia podrían no conseguir la misma cantidad de beneficios económicos en el caso de que llegue a darse la despenalización, ya que el Estado sería quien pasaría a tomar estos espacios de control.

Asimismo, Felipe Fernández indicó que “la reglamentación de la producción del mercado, sin duda puede establecer un ecosistema legal de marihuana que permitiría, por ejemplo, la regulación del cultivo, la distribución y la venta de cannabis, lo que podría reducir sin duda el poder del narcotráfico, del crimen organizado y la violencia”.

Sin embargo, Iván Carvajal afirmó que la despenalización no significa necesariamente que los grupos armados van a parar de cometer actos que afecten a la población civil.

“Hay investigaciones académicas muy completas, por ejemplo, la del doctor Santiago Tobón en la Universidad Eafit en Medellín, en donde su conclusión es que no hay ninguna garantía de que la legalización de la marihuana lleve a reducir la violencia o a desvertebrar esa estructura criminal”, afirmó Carvajal.

El experto explicó que a pesar de que eventualmente la despenalización puede ser un camino que lleve a la reducción a la violencia no hay ninguna seguridad de que esa sea la fórmula para llegar a la paz en municipios como Toribío, Corinto, Tacueyó o Miranda, donde hay grandes extensiones de cultivos.

De la misma manera, el coronel (r ) Carlos Soler, abogado asesor en seguridad y defensa nacional, manifestó que la premisa del primer Mandatario de que la reglamentación ayudará a que cesen las agresiones de organizaciones al margen de la ley no es del todo precisa. “Es una falacia argumentativa del Presidente porque lo que estaría legalizando es que se pueda cultivar libremente, entonces van a llegar más grupos ilegales al Cauca, a Tumaco y al Catatumbo a pelear por esa renta”.

El coronel (r) aseguró que los cultivos de esta sustancia no son de los campesinos sino de los actores delincuenciales quienes no van a entregar las armas debido a la reglamentación. Por otra parte, además de la marihuana “también está el negocio de la coca, el oro, el coltán y los minerales preciosos”.

Los alcances de una posible legalización

Los expertos concordaron en que la legalización de la marihuana no es una realidad cercana por diversos motivos, entre ellos la resistencia de los beneficiados por esta actividad económica ilegal.

“Las organizaciones armadas no están interesadas porque bajarían los precios, también hay que decir que dentro de las organizaciones indígenas tampoco están dispuestos a la formalización porque el cannabis que se cultiva en sus territorios ya no sería igual de rentable”, señaló Eduardo Llano, añadiendo que el estigma al consumo es otro gran reto.

Sin embargo, en caso de que la reglamentación ocurriera en este momento habría problemas ya que no hay una legislación fuerte en el tema de control de adicciones, salud pública o salud mental enfocada en el consumo de la marihuana.

“La adicción a lo que sea la precede un trauma, por eso lo que realmente habría que trabajar es la salud mental. Si Colombia y sus gobernantes decidieran despenalizar la marihuana debería hacerse un acuerdo nacional por la salud mental y nos ahorraríamos muchos problemas como un pico en el consumo”, indicó Eduardo Llano.

Por su parte, Carlos Soler sostuvo que formalizarla traería dificultades porque “Colombia todavía no tiene los controles ni la madurez para permitir el uso recreativo del cannabis. Se debe permitir el uso industrial de manera controlada porque trae grandes rentas económicas, pero legalizar la marihuana es el pie para despenalizar la cocaína, por ejemplo, y sería similar a permitir que se realicen actos criminales”.

El coronel (r) añadió que al no contar con la capacidad de control ni con la infraestructura necesaria en Colombia, en este momento legitimar esta droga sería como “dejársela a nuestros niños y normalizar que desde pequeños estén viendo comerciales donde se muestre que consumir marihuana es lo máximo”.

Por otro lado, Felipe Fernández consideró que en caso de que esta sustancia se llegara a legalizar estaría sujeta a controles de calidad y estándares de seguridad, “lo que reduciría riesgos asociados con productos adulterados o contaminados. Es un poco lo que en la política de drogas se denomina reducción de riesgos y daños también asociado a políticas de salud pública”.

De la misma manera el cambio en el enfoque de la justicia penal llevaría a un cambio en las políticas de criminalización, especialmente en lo que respecta al consumo personal, por lo que se podría reducir la sobrecarga del sistema judicial y penitenciario, ya que se disminuirían las capturas asociadas al porte y comercialización de marihuana.

“Frente al tema económico generaría ingresos fiscales, este sería uno de los principales efectos económicos en los que el Gobierno podría fiscalizar esta actividad con el desarrollo de la industria que incluso viene emergiendo en el sector agrícola e industrial con creación de empleos, oportunidades y fortalecimiento de la cadena de valor de producción de la marihuana y reducción de costos asociados a la lucha contra las drogas”, puntualizó Fernández.

Sin embargo, Carvajal concluyó que para que esto suceda primero deben eliminarse los grupos ilegales de los territorios de siembra y producción.