LO ÚLTIMO | Bloqueo en el Palacio de Justicia en Bogotá, Corte Constitucional se pronuncia

Ante el bloqueo en el Palacio de Justicia, la Corte Constitucional hizo un llamado a “la sensatez y a la calma”. En la tarde de este jueves, 8 de febrero, un grupo de manifestantes bloqueó todas las salidas del edificio Alfonso Reyes Echandía, dejando sitiados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por un lado, la Corte Constitucional reconoció la “legitimidad de la libre movilización ciudadana, como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones, de respetarla y garantizarla”.

Sin embargo, hizo énfasis en el respeto por los tiempos y procesos de las Instituciones de Justicia en el país, por lo que pidió que “no se bloquee, presione o amedrente” a las Cortes. “Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios”, se lee en el comunicado del alto tribunal.

En su pronunciamiento, la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, exigió respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia ante la polémica suscitada por la falta de acuerdo en la elección de la nueva fiscal que sucederá a Francisco Barbosa, quien sale del cargo la próxima semana.

La Corte también pidió que se respete la “integridad” de los magistrados de la Corte y rechazó “los ataques, la violencia y los insultos, que solo retardan las decisiones”. En medio de la tensión en el edificio del Palacio de Justicia, el Tribunal envió un mensaje de “respaldo, aliento y apoyo irrestricto” a los magistrados, su independencia y sus decisiones.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, rechazó el “asedio” de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital colombiana. “La situación, además de afectar el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, expresó el magistrado.

Aunque remarcó que la Corte respeta la protesta pacífica y la divergencia de posturas, condenó el bloqueo violento e ilegal al que fue sometido el Palacio de Justicia. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, agregó el Presidente del alto tribunal.

El magistrado Gerson Chaverra también exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro brindar las garantías necesarias para que la Corte Suprema de Justicia pueda cumplir sus funciones “sin presiones, hostigamientos o amenazas”.

Durante más de tres horas, ningún funcionario de las altas cortes ha podido dejar las instalaciones. Algunos reportes preliminares indican que quienes han intentado salir han sido agredidos por manifestantes.

Las versiones de acometidas varían según los medios de prensa o las fuentes. Aseguran que la afectada fue una funcionaría de la Procuraduría General de la Nación, pudo ser un magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia o el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, quién, según lo que desde la seguridad del Palacio le contaron a Colprensa, fue reingresado al edificio de forma intempestiva después de “coscorrones’.

Lo cierto es que ha habido un panorama violento. Por ello, el general William Salamanca, el director de la Policía Nacional, acudió al lugar para conocer de primera mano qué ocurre. El general adelanta una reunión con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, para conocer de la seguridad de la magistratura y del resto de empleados del Tribunal, quienes, al igual que periodistas, no han podido salir del edificio.

Si hay una situación “desmedida” de inseguridad, dijo Salamanca, “tenemos que actuar”. De acuerdo con lo que indicó, fue la Policía la que dispuso la seguridad del entorno, incluyendo a los agentes antidisturbios que podrían intervenir en caso de cualquier alteración del orden público en la que los comités de diálogo no puedan intervenir de forma adecuada.