Luego de un año, persisten las dudas por operación que dejó 11 muertos en Putumayo

Un año ha pasado desde que once personas fueron asesinadas en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguizamo, Putumayo, en una operación que el entonces Gobierno del presidente Iván Duque, calificó como legítima, pero que comunidad y organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que en realidad fue un ‘falso positivo’ del Estado.

Al reportar la operación militar, el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se trató de una operación planeada por más de 15 días, dentro del respeto a todos los protocolos del uso de fuerza, y que además tenía un blanco identificado, que eran los líderes de la estructura 48 de la ‘Segunda Marquetalia’ alias ‘Bruno’ y ‘Managua’.

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Incluso, Zapateiro seguró en ese momento que el lugar donde se adelantó la operación era un centro de acopio, en donde se estaba negociando base de coca, y las once personas muertas, incluido un menor de 16 años de edad, eran miembros del grupo ilegal. Además, reportaron cuatro capturas.

Sin embargo, la comunidad y organizaciones de Derechos Humanos desmienten esta versión, al asegurar que allí se estaba llevando a cabo un bazar o un festival, en el que, se calcula, había más de un centenar de personas y que los fallecidos en realidad pertenecían a la comunidad.

Es decir, se trataba de un joven de 16 años estudiante de colegio; el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y su esposa, una mujer integrante de una iglesia pentecostal, y un firmante de paz, entre otros.

La versión de la comunidad sostiene, según  un habitante de ese sector, que pidió no ser identificado, que allí había personas que viven en dos veredas cercanas, una de ellas convertida en un cabildo indígena, que se llaman Alto y Bajo Remanso.

Este testimonio agrega que las personas que cometieron este ataque eran hombres vestidos de negro, que ellos supusieron eran guerrilleros. Para su sorpresa, cuando llegaron las tropas en las lanchas artilladas, se dieron cuenta de que estaban operando conjuntamente con ellos.

“Me dijeron que saliera al patio y me tirara al suelo, yo pensé que era la guerrilla y me iban a matar, por lo que me quedé pasmado (…) entonces les pregunté si me iban a matar, a lo que ellos me respondieron: 'los que íbamos a matar ya los matamos', entonces me tiré al suelo y cerré los ojos”, dijo un habitante de la zona que no pidió ser identificado.

En este sentido, una investigación hecha por periodistas de El Espectador, La Vorágine y la revista Cambio, indican que los cuerpos de las once personas muertas pudieron haber sido manipulados.

Aseguran que el cuerpo del menor de edad fue movido por lo menos en dos ocasiones, pues en una fotografía aparece sobre la tierra, boca arriba y vestido de jean, camiseta negra y en medias, con tres armas largas a su lado, mientras que en otra se le ve dentro de un bote, sin armas, y con un fusil sobre su cuerpo.

Un año después de los hechos se conoció el testimonio de uno de los familiares de las víctimas de este hecho, quien pidió mantener su nombre en reserva, y contó que desde que sucedieron los hechos se han visto estigmatizados.

“Lo señalan a uno igual que lo señalaban a él y el trabajo se pone duro, escaso. Queda como marcado”, contó.

En este sentido, explicó que los familiares tienen planeado construir un mural en honor a sus familiares, pero que hasta el momento el proyecto no se ha podido llevar a cabo por falta de recursos.

Días después de ocurridos los hechos, la Fiscalía por medio de un comunicado dijo no conocer sobre ninguna de las cuatro capturas anunciadas por el Ejército tras el operativo.

“Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, fue la explicación que dio el ente acusador.

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La Fiscalía manifestó  que desde el momento en que se conocieron los hechos se destinó un equipo especial de fiscales e investigadores forenses, tanto de la delegada para la Seguridad Territorial como de la Seccional Putumayo y la Unidad Especial de Investigación, quienes han trabajado de manera articulada con coordinación de la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, y el doctor Hernando Toro, director de la Unidad de Investigación.

Este trabajo articulado ha dado buenos resultados y la entidad espera que en los próximos dos meses ya se tenga un esclarecimiento integral de lo ocurrido.

Por su parte, la Procuraduría anunció que investiga a seis generales de la República que pueden estar comprometidos en los hechos que pusieron en duda el actuar de la Fuerza Pública.

“Estos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público ejerciera poder preferente para conocer la indagación disciplinaria adelantada por el Batallón contra el Narcotráfico No. 3 el pasado 18 de abril de 2022 y solicitara la práctica de nuevas pruebas. Posteriormente, y luego del análisis de dichas pruebas, el 21 de abril de 2022, la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos ordenó vincular a la indagación previa, varios miembros del Ejército que participaron en la mencionada operación”, reportó el Ministerio Público.